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“Costa Rica puede hacer mucho más” en la crisis de Nicaragua, y “proteger a los refugiados”

Expresidente Luis Guillermo Solís sugiere “revisar” a los diplomáticos que implantó Valdrack Jaentschke en la embajada nicaragüense en San José

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chavesm camina junto a simpatizantes luego de comparecer ante una comisión de la Asamblea Legislativa, en San José, el 23 de septiembre de 2025. | Foto: EFE/Alexander Otarola

Carlos F. Chamorro

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Siete expresidentes y una expresidenta de Costa Rica respaldaron un informe que presentó el Grupo de Expertos ante la Asamblea General de la ONU el 30 de octubre de 2025 sobre los crímenes de lesa humanidad la dictadura de Nicaragua, y demandaron a la comunidad internacional y, en particular, al Gobierno del presidente Rodrigo Chaves en Costa Rica, respaldar las recomendaciones del informe del GHREN para llevar al régimen de Managua ante la justicia internacional.

El pronunciamiento suscrito por Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís, y Carlos Alvarado, exhorta al Gobierno de Costa Rica a “implementar medidas integrales para la protección de las personas nicaragüenses en condición de exilio y refugio en nuestro país”, después de la conmoción que provocó el asesinato en San José del refugiado y opositor nicaragüense Roberto Samcam el 19 de junio de 2025.

En una entrevista en el programa Esta Semana que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva en Nicaragua, el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís remarcó que “si hay voluntad política, Costa Rica puede hacer mucho más” en la crisis de la dictadura de Nicaragua, manteniendo una posición de principios, aunque esto tenga algunos costos, y además debe y puede “proteger a los refugiados” que están amenazados por la represión transnacional.

Entre otras medidas, Solís sugirió reforzar el trabajo preventivo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica, recurrir al apoyo internacional de Agencias de Seguridad, amigas del Gobierno de Costa Rica, y revisar los currículum de los funcionarios diplomáticos que fueron implantados en la embajada nicaragüense en Costa Rica, durante la gestión de Valdrack Jaentschke, experto en temas de “inteligencia y seguridad del Estado”, ahora cocanciller de Nicaragua.

¿Cuál es la relevancia de que este informe sobre crímenes de lesa humanidad que el Grupo de Expertos en derechos humanos (GHREN) le atribuye a la dictadura Ortega Murillo se presente en la Asamblea General de la ONU y ya no en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, del cual Nicaragua se había retirado?

Es un informe trágico que causa consternación. Por un lado, ratifica lo que otros informes ya habían demostrado y es las violaciones permanentes a los derechos humanos por la dictadura en Nicaragua y también los crímenes de lesa humanidad que esas violaciones conllevan. Pero, por otro lado, revela una nueva estrategia que, si bien es cierto, ha estado presente en las acciones de la dictadura fuera de Nicaragua, ahora se ha agravado y es esta deliberada acción de persecución al exilio y a las personas en condición de refugio que son opositoras al régimen y que se encuentran fuera de Nicaragua y que ha conllevado todo tipo de acciones de intimidación e incluso el asesinato de algunos de estos opositores, como fue el caso aquí en Costa Rica, trágicamente, de Roberto Samcam. El informe es muy sólido, es un informe creíble, con una enorme legitimidad y espero que tenga consecuencias como pareciera indicarlo el debate que se produjo en la Asamblea General.

El presidente del GHREN, Jan-Michael Simon, en su primera comparecencia ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, el 30 de octubre de 2025. | Foto: Captura de video

Una decena de representantes de Gobiernos democráticos de América Latina y Europa se pronunciaron demandando una rendición de cuentas del Estado de Nicaragua y respaldando el informe del GHREN y sus recomendaciones. Y por el otro lado, vimos también otra decena de países que respaldaron a la dictadura Ortega Murillo.

Sobre los que apoyan a la dictadura Ortega Murillo (Belarús, Irán, Corea del Norte, China, Cuba, Venezuela, y el Gobierno saliente de Bolivia) no me extraña nada. Son las otras dictaduras o Gobiernos autoritarios que le tienen miedo a la acción internacional concertada en materia de derecho humanitario, y a las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos porque los afectan directamente.

Pero en el ámbito de quienes se pronunciaron a favor de acoger las conclusiones y las recomendaciones del informe, me llamó mucho la atención la posición de México, por ejemplo, que siempre ha sido muy reticente a acercarse mucho a lo que ellos consideran una violación del derecho de autodeterminación de los pueblos, o del propio Brasil, que por razones de pragmatismo diplomático que se remontan a tiempos del marqués de Río Branco, generalmente no les gusta pronunciarse en esa materia. Ambos países, junto con otros diciendo que les parece muy importante, indispensable, la sugerencia que hicieron es que, transparentemente, Nicaragua rinda cuentas ante los foros internacionales, foros de los cuales Nicaragua se ha excluido donde le conviene, pero a los cuales concurre y cuyos principios invoca cuando considera que aquello le favorece.

Una de las recomendaciones que hace el Grupo de Expertos es que los Estados deberían recurrir ante la Corte Internacional de Justicia, que es uno de esos foros a los cuales Nicaragua ha recurrido con frecuencia. Pero en este caso, el GHREN propone que recurran para denunciar y acusar a Nicaragua por violaciones al Tratado de Prevención de la Tortura y al Tratado de Prevención de la Apatridia, que Nicaragua ha suscrito, pero los viola de manera de manera flagrantes. Este no es un planteamiento nuevo y sin embargo, hasta el día de hoy no se ha abierto ningún caso contra Nicaragua ante la CIJ.  ¿Es un asunto jurídico, o un problema de voluntad política?

Me parece que es un asunto de voluntad política. Jurídicamente, no hay ninguna duda respecto a las violaciones a los tratados que han sido suscritos por Nicaragua, ni más recientemente aquellas violaciones que han conllevado la comisión de actos de lesa humanidad. Hay que recurrir a todos los foros, a los jurídicos, a los políticos, a los diplomáticos. Hay que utilizar sanciones comerciales como las que los Estados Unidos han anunciado excluyendo a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio que pone muy nerviosos a los demás socios, pero que me parece es una de las medidas que más podrían afectar las condiciones del país, lamentablemente, causándole grave perjuicio a muchos trabajadores y trabajadoras de Nicaragua.

Pero hay que recurrir a todos ellos, estamos en un buen momento y el tema aquí es visibilizar en primera instancia. Después podemos discutir si esto va a tener efectos o no, y ahí se abre un capítulo complejo en donde hay que ponderar otros factores, incluida la política local al interior de los países que podrían eventualmente actuar colectivamente en esos foros legales multilaterales. La recomendación ha lugar y encuentro que existen condiciones un poco más positivas a las que existían en el pasado.

La otra ruta de la justicia que proponen es la de la justicia universal, como el juicio que se abrió en Argentina contra decenas de altos funcionarios del régimen. O por el otro lado, la posibilidad de recurrir ante la Corte Penal Internacional, aunque Nicaragua no es suscriptora del Estatuto de Roma. ¿Qué posibilidades existen para que avancen estos procesos en la justicia penal?

El espacio que ha abierto Argentina es eficaz, y por lo tanto creo que es un un mecanismo que puede tener un un impacto muy positivo. Lo de la Corte Penal Internacional tiene sus bemoles, y no solamente en el caso de Nicaragua. Este ha sido un dolor de cabeza para la Corte en la antigua Yugoslavia, en casos en África. Hay toda una complejidad en lo penal que puede tener derivas positivas en el caso de Nicaragua, pero que también tiene su propia dinámica que que habrá que analizar con mayor detenimiento.

Pero sin duda para quienes, creo que somos la inmensa mayoría, incluidas las organizaciones opositoras al Gobierno, creemos que la solución en Nicaragua tiene que ser pacífica, no de otra naturaleza, es el ámbito en donde tenemos que actuar y en el cual tenemos que recurrir a todas las las las opciones disponibles.

Después de que se produjo este debate en la Asamblea General, ocho expresidentes de Costa Rica, entre ellos tu persona, se pronunciaron respaldando el informe del GHREN y demandando que el actual Gobierno de Costa Rica respalde este informe. ¿Qué papel puede jugar Costa Rica en esta crisis, incluso desde dimensiones regionales, que está provocando la dictadura de Nicaragua?

Si hay voluntad de parte del Gobierno de Rodrigo Chaves (puede jugar) un papel tan positivo como se ha jugado en otras oportunidades, Yo me siento muy orgulloso del Foro de expresidentes y la expresidenta, que ya es común que nos pronunciemos en favor de la democracia en Nicaragua y en otros lugares, porque estamos convencidos de que tal es el sino de Centroamérica. Nosotros no podemos ser una región en donde existan dictaduras o Gobiernos autocráticos que nos devuelvan en la historia. Tenemos que mirar hacia adelante y creo que el Foro de expresidentes y con la expresidenta ayuda a dar luz a esa perspectiva.

El Gobierno de Costa Rica puede hacer mucho. De hecho, ayer (el 30 de octubre de 2025) participó en un sentido crítico contra Nicaragua, cosa que es algo inusual. A veces ha sido muy tibio el Gobierno de Costa Rica frente a los acontecimientos en Nicaragua, invocando un cierto pragmatismo que en tema de principios y de derechos humanos, no ha lugar. La posición de Costa Rica en esto debe ser fuerte, firme, clara, y ello puede tener consecuencias en la relación bilateral, pero es que las ha tenido en el pasado y nunca hemos dudado en invocar los principios y los fundamentos del derecho internacional en nuestras relaciones con Nicaragua y con las dictaduras que a lo largo de los años ha sufrido.

Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica. | Foto: Archivo

Otra de los planteamientos que hacen los expresidentes al Gobierno de Costa Rica es que adopte medidas para proteger a los refugiados nicaragüenses y ofrecer una protección integral frente a las amenazas que enfrentamos de represión transnacional en Costa Rica, sobre todo después del asesinato de Roberto Samcam en San José. Hasta hoy, el Gobierno se ha mantenido en silencio en relación con este tema. Sí se han pronunciado las autoridades que realizan investigaciones como el OIJ y en algún momento la Cancillería. ¿Qué más puede hacer el Gobierno de Costa Rica en relación a esta crisis de inseguridad que enfrentan los refugiados?

Tiene que hacer muchas cosas más y puede hacerlas, la voluntad política aquí es lo esencial. Por ejemplo, el Gobierno de Costa Rica puede reforzar mucho el trabajo que hace la DIS, la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado en materia de protección y de análisis, de inteligencia de datos respecto de las personas refugiadas están en el país, hay que protegerlas especialmente, en este caso son exiliados y refugiados nicaragüenses, pero si fueran de cualquier otra nacionalidad o costarricenses que puedan estar amenazados por el crimen organizado, igual habría que protegerle, y hay condiciones para ello.

Hay estrechez financiera, y el Gobierno no quiere dar la impresión de que está gastando para que los números ante el Fondo Monetario y el Banco Mundial no se le descalabren, pero este es un tema de seguridad y hay que atenderlo.

Hay agencias de seguridad nacional a las que se puede recurrir de amigos en en el mundo para que nos ayuden con sus propias fuentes de inteligencia a saber cuándo es que estos actos pueden cometerse.

Y lo otro que voy a sugerir, pero eso habrá que verlo con calma, es como anda la representación diplomática de Nicaragua en San José. Yo no sé cuántos funcionarios hay allí y a qué se dedican. Sería bueno, después de haber tenido un embajador de Nicaragua, que era experto en temas de inteligencia y seguridad del Estado, saber a quiénes nos metieron en la embajada.

Evidentemente, no son diplomáticos nicaragüenses los que jalan los gatillos pero operan como agentes espías y con puntos de contacto con sicarios que pueden ser nacionales. Valdría la pena una revisión de parte de la Cancillería que pueda hacerse de manera silenciosa, no tiene por qué hacerse en los medios de comunicación, porque todo esto hay que hacerlo con discreción. Pero la labor de contrainteligencia que haga, ya sea directamente la DIS, la Cancillería o la DIS y la Cancillería en asocio con agencias internacionales, es algo que está a la mano y debe ser implementada, creo que debe hacerse y con urgencia.

¿Te referías al exembajador de Nicaragua en Costa Rica, Valdrack Jaentschke, que ahora es el canciller de Nicaragua?

Sí señor, don Valdrack, a quien conocimos desde cuando ambos éramos asesores en tiempos de Esquipulas. Valdrack ha tenido una carrera muy larga y leal con Ortega y con la dictadura. Y teniendo ese altísimo perfil lo nombraron aquí encargado de negocios, ni siquiera embajador durante un tiempo prolongado. Y a mí me gustaría entender mejor qué fue lo que vino a hacer aquí, bueno, ahora lo entendemos, probablemente vino a montar parte de esos dispositivos de inteligencia que el Gobierno de Nicaragua tuvo. No lo tengo, por cierto, pero no me extrañaría para nada que eso haya ocurrido.

Entonces, darle una revisadita a los currículos del personal diplomático y consular acreditado por la Embajada de Nicaragua en Costa Rica, es algo que no lo considero ofensivo, lo mismo puede ocurrir con el nuestro allá, que son poquísimas personas. Y nos daría una perspectiva bastante más clara de qué es lo que están haciendo aquí y cuáles son las funciones que desempeñan.

La política exterior de Costa Rica y particularmente también hacia Nicaragua, ha sido siempre una política de Estado regida por algunos principios invariables, ahora pareciera que no hay una sintonía entre la actual política y la visión general que promueven y comparten ustedes, los ex presidentes. ¿Qué se espera a futuro, en Costa Rica habrá elecciones el 1 de febrero del próximo año, en materia de su política exterior?

Yo esperaría que esa política de Estado sea invariable en algunos temas que son medulares en nuestra historia diplomática. La lucha en favor de los derechos humanos, en contra de la militarización, en contra de la guerra, y esto nos pone en conflicto con potencias que hoy están en otras (guerras). Un nacionalismo exacerbado con un crecimiento desmedido e indecente del gasto militar en todo el mundo. Ya lo ha dicho muy bien don Oscar Arias en diferentes foros desde hace muchos años: es inadmisible la cantidad de plata que se está gastando en armas mientras hay tanta necesidad, tanta hambre, tanta enfermedad en el mundo.

Costa Rica no puede estar en otro lado, tiene que estar ahí. Hay amenazas permanentes en todas partes, incluso en nuestro hemisferio, de acciones militares unilaterales que no corresponden al momento en que vive la humanidad y que nos puede llevar a un holocausto atómico.

La nueva Administración, cualquiera que esta sea en Costa Rica, debe mantenerse defendiendo los principios, hacer eso tiene costos, los ha tenido en el pasado y los tendrá en el futuro, pero es parte de una lógica que nos ha hecho ser un pequeño país con una voz potente, en un universo donde las potencias terminan imponiéndose, y considero que es más urgente mantener esa posición, porque es cuando más se necesita oír voces discordantes en el mundo respecto de esas tendencias tan preocupantes que estamos viendo.

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Carlos F. Chamorro

Carlos F. Chamorro

Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Fundador y director de Confidencial y Esta Semana. Miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Ha sido Knight Fellow en la Universidad de Stanford (1997-1998) y profesor visitante en la Maestría de Periodismo de la Universidad de Berkeley, California (1998-1999). En mayo 2009, obtuvo el Premio a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, de Casa América Cataluña (España). En octubre de 2010 recibió el Premio Maria Moors Cabot de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2021 obtuvo el Premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística.

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