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El nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas para Nicaragua (GHREN) sobre la represión transnacional, documenta 452 casos de nicaragüenses despojados oficialmente de su nacionalidad. Pero a mucho más, les han impuesto una “apatridia de facto”, tras impedirles el retorno al país, o negarles en el exterior, el derecho de renovación de documentos de identidad.
Esa medidas de “venganza”, buscan “hacerle la vida imposible” a la voces que han sido críticas al régimen, valora en entrevista con CONFIDENCIAL el miembro del Grupo de Expertos, Reed Brody. “Es mucho más difícil para las personas que quedan apátridas de facto, porque no pueden mostrar que no tienen ciudadanía”, asegura.
Brody, advierte que no hay país en el mundo que promueva la apatridia como lo hace el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, lo que supone una violación a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de Naciones Unidas. “Estamos provocando discusiones entre Estados para que entre ellos, encuentren una solución. Una decisión de la Corte Internacional de Justicia que condene a Nicaragua por la privación de nacionalidad, tendría un efecto, muy importante”, valora.
Reed Brody también se refiere a ocho formas en la que el régimen de Daniel Ortega continúa violentando los derechos humanos de los nicaragüenses más allá de las fronteras, gracias a una “amplia y compleja red de vigilancia e inteligencia”, entre ellas, la privación arbitraria de la nacionalidad, prohibición de entrada al país, denegación de pasaportes y eliminación de documentos de identidad, confiscación de bienes y otros activos, vigilancia, amenazas y acoso, violencia física, uso indebido de las alertas rojas de Interpol, y represalias contra familiares en el país.
Brody es conocido como el “cazador de dictadores”, inició su carrera internacional como defensor de derechos humanos en Nicaragua en 1984, participó en la investigación del genocidio en Ruanda, y llevó ante la justicia internacional al dictador de Chad, Hissène Habré. Además, participó en la investigación y documentación de crímenes cometidos por los dictadores Augusto Pinochet, en Chile, y Jean-Claude Duvalier, en Haití.
Durante 20 años fue consejero jurídico y portavoz de Human Rights Watch. Ha encabezado misiones de la ONU en la República Democrática del Congo y El Salvador. Representó a mujeres exiliadas del Tibet en la conferencia de la ONU en Pekín, y desde hace algunos años anda detrás del exdictador de Gambia, Yahya Jammeh, que está exiliado en Guinea Ecuatorial.
En el nuevo informe describen una cuarta fase de la represión contra los nicaragüenses. ¿En qué consiste y cuáles son los principales hallazgos?
Se centra sobre la represión transnacional, que ejerce el gobierno de Nicaragua fuera de sus fronteras contra las personas percibidas como opositores. Pero todo eso en el marco de la misma campaña, cada vez más intensa, para silenciar a los críticos, tanto en Nicaragua como en el exilio. 452 nicaragüenses han sido oficialmente despojados de la nacionalidad nicaragüense, pero también hay muchas otras medidas. Por ejemplo, la prohibición a nicaragüenses de entrar, o de volver a Nicaragua.
Hemos documentado 318 casos de personas que fueron rechazados en su vuelta a Nicaragua. Pero seguramente hay mucho más, porque la gente, justamente por la represión que existe, no quiere denunciarlo. También, la denegación de pasaportes. Personas que acuden a los consulados en Estados Unidos, España o en otro país. Esas personas quedan desnacionalizadas de facto. No tienen un papel que muestra que han sido despojados de su nacionalidad. Y eso para mí muestra un poco la crueldad, la táctica como venganza.
A todas las personas en esas listas negras están siendo sistemáticamente confiscados. Una parte muy importante del informe es sobre la vigilancia digital. La vigilancia que se hace hasta fuera del país para los nicaragüenses que han sido identificados a través de su participación en las redes sociales o con grupos opositores. Son muchos los teléfonos intervenidos, las plataformas vigiladas para identificar, no solamente en Nicaragua, pero sobre todo en la diáspora.
¿Quienes conforman esa estructura de vigilancia y bajo qué método opera?
La vigilancia transnacional se organiza a través de una arquitectura de inteligencia de múltiples capas en la que participan el Ejército, la Policía, el servicio exterior, agentes no estatales. Pero en el núcleo se encuentra una red coordinada por la Dirección de Información para la Defensa del Ejército, el famoso DID, que es la Agencia de Inteligencia Militar.
Y los diferentes agentes tienen la tarea de identificar y monitorear las amenazas que sean internas o externas, y los blancos son identificados mediante el monitoreo de sus redes sociales, actividades públicas, asociación con grupos opositores, y una vez perfilados, son objeto de vigilancia hasta física por funcionarios encubiertos, informantes y mediante el pirateo de cuentas (de redes sociales), programas espía e intercepción de comunicaciones.
El grupo ha tomado entrevistas con personas que nos informaron haber sido fotografiados, seguidos, hostigados, abordados por personas desconocidas en el extranjero, en Costa Rica, sobre todo, Honduras, Bélgica, Guatemala, España, Estados Unidos. Entonces hay una vasta red de inteligencia y vigilancia.
¿Quiénes son los objetivos de persecución de esta vigilancia? ¿A quiénes vigila el régimen en el exilio, a quienes perfilan?
Evidentemente las personas más expuestas, las voces más críticas. Tenemos información que sugiere que son sobre todo, los exsandinistas, excontras. Pero cualquier persona que está en contacto con personas de interés, o que han participado en grupos opositores, o hecho declaraciones en las redes sociales que no son del gusto del gobierno.
El informe menciona violencia física, asesinatos y atentados contra exiliados como el crimen contra el mayor en retiro, Roberto Samcam y el opositor sobreviviente, Joao Maldonado. ¿En qué medida estos crímenes forman parte de un patrón vinculados a la represión ordenada desde Managua?
El asesinato de Roberto Samcam nos ha impactado, y ha impactado al exilio enormemente. Hasta ahora no podemos concluir nada, sobre los motivos. La Fiscalía recientemente ha señalado que considera seriamente la posibilidad de un ataque con motivación política. Lo cierto es que su muerte subrayó una realidad escalofriante que incluso más allá de las fronteras, los opositores al gobierno no se sienten seguros.
Yo estuve en Costa Rica justo antes, y ya había un sentimiento de temor de que nos están vigilando. Y Roberto Samcam, que era evidentemente una persona muy pública, sobre todo en sus críticas, también una persona muy prudente, y le encontraron en un momento de de desprotección. Eso ha sembrado terror. Y tal vez eso podría ser el motivo. Podría ser destinado a pasar un mensaje a los nicaragüenses en el exterior, que la misma vigilancia, el mismo control del gobierno que ejerce dentro de las fronteras, también lo ejerce fuera de Nicaragua.
En Costa Rica avanza la investigación del asesinato de Samcam, que apunta hacia la posible participación y autoría del Ejército de Nicaragua en este crimen. Pero el Poder Ejecutivo de Costa Rica guarda silencio sobre el asesinato, y ha descartado en otros momentos que existan células orteguistas operando en el país. ¿Qué dice el informe y la información del Grupo de Expertos sobre la represión transnacional, específicamente en Costa Rica?
Muchas personas han denunciado esa vigilancia. Como grupo estamos monitoreando, por ejemplo, a quienes, el gobierno de Nicaragua manda para sus puestos diplomáticos, sea consulado o embajadas. Y la presencia muy significativa entre las personas, en las representaciones nicaragüenses, que tienen un pasado en la Inteligencia militar o ahora muchos en la Juventud Sandinista.
La semana pasada, en este programa entrevistamos a la madre de un preso político que denunció amenazas a su familia por parte de la Policía, por denunciar públicamente la detención arbitraria de su hijo. ¿Qué tipo de represalias contra las familias de los perseguidos políticos que están en el exilio documentan en este informe?
Eso proyecta y multiplica el abuso que las familias, sobre todo de las personas desaparecidas, tienen miedo. Porque la represión es tan sistemática, y el sistema judicial tan yo diría predatorio, que la gente tiene miedo de denunciar.
En el informe también se señala el uso indebido de mecanismos internacionales de cooperación y control, como las alertas rojas de Interpol. ¿Qué tipo de acciones esperan ustedes de la comunidad internacional frente a estas prácticas abusivas?
Comprensión de la situación nicaragüense. Esos mecanismos han sido diseñados para la protección. Yo trabajo en mi día a día sobre crímenes internacionales donde buscamos a sospechosos que huyen de un país a otro y las alertas rojas de Interpol son muy importante para que esas personas se localicen y se capturan.
El problema es que Nicaragua los abusa, manda y pide el arresto de personas que han sido condenados en Nicaragua, pero en en juicios fabricados, en juicios contra los derechos humanos, sin el debido proceso. Entonces estamos tratando de sensibilizar a la comunidad internacional, Interpol, pero también los otros países que una alerta roja de Nicaragua no es lo mismo que un emitido por México o Brasil o Suecia. Y lo mismo con el mecanismo para pasaportes robados.
El Gobierno de Nicaragua, y eso para mí muestra el afán vengativo, -hacer la vida difícil a esas personas-. Han habido casos en que nos llamaron desde un aeropuerto en tal lugar que: “no puedo entrar porque mi pasaporte nicaragüense ha sido denunciado por Nicaragua como falso y estoy aquí en inmigración y y no me dejan entrar”. Y hay casos extremos que nosotros u otro grupo internacional ha podido rescatar esa persona para que no fuera devuelta a Nicaragua.
El grupo también identifica al viceministro del Interior, Luis Cañas, como el responsable de decidir quién entra o no a su propio país. ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Cómo funciona esa maquinaria de destierro de facto?
No sé exactamente cuántos puntos tiene que tener uno para estar en la lista, pero es justamente el control absoluto de los medios, de las redes sociales. Hay esa vigilancia que existe en Nicaragua que desde la cúpula, pasando por el Ejército, la Policía, pero también las instancias del partido sandinista, los secretarios políticos, las unidades de victoria, y ahí se hacen listas. Hemos identificado en nuestro informe previo a las 54 personas involucradas en los distintos abusos, como Luis Cañas.
La idea es silenciar, y después las personas identificadas, hacerle la vida imposible. Es muy cruel porque afecta a la persona, afecta a su familia, sobre todo las personas que no tienen documentos, y que intentan rehacer su vida, validar sus títulos (universitarios), ya no pueden acceder, por ejemplo a sus a sus pensiones.
¿Qué pueden hacer los Estados democráticos y la comunidad internacional para ofrecer una solución a estos ciudadanos que no pueden volver a su propio país?
Los 452 personas que han sido oficialmente desnacionalizados quedaron apátridas en un primer momento. Hay países, sobre todo España, que ha demostrado una solidaridad con esas personas ofreciéndoles la nacionalidad. Es mucho más difícil las personas que quedan apátrida de facto porque no pueden mostrar que no tienen la ciudadanía, y nosotros estamos interviniendo directamente con varios Estados para sensibilizarlos a ese problema.
Y las recomendaciones que están en el informe de la ONU, van justamente en el sentido de que los Estados implementen medidas integrales para proteger a las personas. Que sea en la determinación del estatuto de refugio para facilitar las vías al exilio o refugio o naturalización.
¿Qué hace falta para que la comunidad internacional adopte medidas más contundentes y lleven, en este caso, a Nicaragua a un juicio ante la Corte Internacional de Justicia, de La Haya, por violar los convenios contra la apatridia?
Para mí eso es tal vez la recomendación más importante, la privación arbitraria de la nacionalidad por parte de Nicaragua. Como medida arbitraria individual no tiene igual en el mundo. Hay muchas apatridias en el mundo por cuestiones de guerra, de expulsiones masivas de etnias. Pero esa idea de que 452 personas han sido individualmente declarados traidores a la patria, no hay otro país, y es una clara violación del Convenio sobre la Reducción de Casos de Apatridia. Y estamos hablando con Estados, hay muchos Estados que les interesa, que les encanta la idea, pero que lo haga otro Estado.
¿No hay voluntad política?
Eso tiene un costo diplomático, económico, político. Primero, cuesta un millón, dos, tres, cinco millones más de dólares llevar un caso. Segundo, hay en el mundo, en cada año, dos o tres nuevos casos que van a la Corte Internacional.
Nicaragua ha ido más a la Corte Internacional de Justicia que ningún otro país en el mundo. Cuando publicamos el último informe al Consejo de Derechos Humanos, Nicaragua se fue del Consejo. Cuando la Organización Internacional de Trabajo hizo un informe sobre Nicaragua, Nicaragua se fue de OIT, se fue de UNESCO, se fue de Migraciones (OIM), se fue de refugiados (Acnur), pero la Corte Internacional de Justicia es como patrimonio de ese gobierno.
Las palabras Corte Internacional de Justicia se encuentran cinco veces en la nueva Constitución de Nicaragua. Una decisión de la Corte Internacional de Justicia que condene a Nicaragua por la privación de nacionalidad, tendría un efecto, yo creo muy importante. Estamos provocando discusiones entre Estados para que entre ellos encuentren una solución. Espero avances, pero no puedo decir nada por el momento.
