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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desplegado “una estrategia sistemática de represión contra toda forma de oposición, que actualmente se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua”, advierte el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). Esta persecución estatal, sistemática y transfronteriza se refleja en “actos u omisiones” que trastocan la “identidad, derechos, recursos y vínculos sociales”, de los nicaragüenses en el exilio.
Las violaciones transnacionales de los derechos humanos “forman parte esencial del plan gubernamental para eliminar cualquier forma de oposición o disidencia, garantizar la impunidad por las graves violaciones y crímenes cometidos, y consolidar su dominio perdurable sobre Nicaragua. Representan una extensión directa de las tácticas de violación de derechos en el ámbito interno”, señala el Grupo de Expertos en su informe Nicaragua: Persecución Más Allá de las Fronteras Exilio y Violaciones Transnacionales de los Derechos Humanos.
Estas son ocho violaciones transnacionales a los derechos humanos de los nicaragüenses exiliados, identificadas por el Grupo de Expertos:
Privación arbitraria de la nacionalidad
El Grupo de Expertos ha documentado la privación arbitraria de la nacionalidad de 452 personas nicaragüenses declaradas “traidoras a la patria”, mediante resoluciones judiciales dictadas a partir de 2023. También, han registrado casos de nicaragüenses residentes en el extranjero que fueron privados de su nacionalidad sin haber sido notificados de proceso judicial alguno. La mayoría de ellos quedaron en situación de apatridia.
Los casos documentados por el Grupo Expertos muestran un patrón sistemático de violación del derecho a una nacionalidad, la personalidad jurídica, un juicio justo, la participación política, la libertad de circulación, y a un recurso efectivo, como parte de un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos con impacto transnacional, incluidas restricciones a la libertad de circulación y de residencia.
Prohibición de entrada en su propio país
El Grupo de Expertos también ha documentado 318 casos de nicaragüenses a quienes se les negó la entrada a su país entre junio de 2018 y agosto de 2025. Las víctimas fueron informadas por aerolíneas o empresas de transporte terrestre de que tenían prohibida la entrada y de que debían contactar a las autoridades migratorias para obtener explicaciones. Algunas víctimas —inclusive— tuvieron que redactar una “carta de arrepentimiento” dirigida a la Presidencia o pagar sumas de dinero, de hasta miles de dólares, a las autoridades fronterizas para ser autorizadas a ingresar a Nicaragua.
Los nicaragüenses a quienes se prohíbe el ingreso a su país y que carecen de otra nacionalidad o residencia se ven súbitamente forzados a una situación de extrema vulnerabilidad. El Grupo de Expertos considera que se constituyen apátridas de facto, al encontrarse fuera de Nicaragua sin la protección efectiva de su Estado de nacionalidad. Las prohibiciones de entrada de nacionales a su país vulneran el derecho a la libertad de circulación y de residencia y menoscaban el disfrute de otros derechos humanos.
Denegación de pasaportes y eliminación de documentos
El régimen de Nicaragua también ha obstaculizado gravemente —o negado— el acceso de personas en el exilio y de sus familiares a documentos oficiales, incluidos pasaportes, partidas de nacimiento, actas de matrimonio y expedientes académicos, con el fin de “desarraigarlos aún más y cortar sus vínculos con su país de origen”, señala el Grupo de Expertos.
Muchas víctimas descubrieron que su documentación había sido eliminada del registro civil cuando familiares, amistades o representantes legales en Nicaragua solicitaron copias de sus partidas de nacimiento. Otras se enteraron de la eliminación de su documentación al intentar acceder a sistemas administrativos oficiales o sistemas bancarios. En los casos de personas privadas formalmente de su nacionalidad, el Consejo Supremo Electoral eliminó sus nombres del padrón electoral y se aseguró de que toda la información relativa a ellas fuera suprimida del registro civil.
Privar a las personas de su identidad jurídica vulnera el derecho al reconocimiento como persona ante la ley y el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada y familiar.
Confiscación de bienes y otros activos (incluso pensiones)
El Grupo de Expertos también identificó que desde 2018, y particularmente a partir de 2023, las autoridades nicaragüenses intensificaron la confiscación de los bienes de personas en el exilio y sus familiares, incluyendo sus viviendas, edificios, vehículos, terrenos, cuentas bancarias, empresas y acciones, pensiones, cotizaciones previsionales y otros activos. Señalan que todos los casos documentados fueron arbitrarios, ejecutados ya sea como resultado de juicios injustos o sin ninguna base legal.
Las confiscaciones de bienes y otros activos de personas en el exilio, incluidas las pensiones, constituyen un patrón de violaciones del derecho de propiedad y de la prohibición de privación arbitraria de la propiedad. Esta situación, advierten los expertos, ha llevado a numerosas víctimas a la pobreza. Muchas se han visto obligadas a depender de la solidaridad de otras personas y de asociaciones, así como del apoyo de organizaciones e instituciones de servicios sociales en sus países de acogida.
Vigilancia, amenazas y acoso
El régimen también ha utilizado “una amplia y compleja red de vigilancia e inteligencia”, para monitorear las actividades de los nicaragüenses, inclusive, “más allá de las fronteras” del país. Dicha red le ha permitido “hostigar, desacreditar y amenazar” a nicaragüenses en el exilio, concluyó el Grupo de Expertos.
La “vigilancia transnacional” se organiza a través de “una arquitectura de inteligencia de múltiples capas” en la que participan el Ejército, la Policía, el servicio exterior y agentes no estatales. “En su núcleo se encuentra una red coordinada por la Dirección de Información para la Defensa del Ejército, la agencia de inteligencia militar”, subraya.
Los operadores del régimen tienen la tarea de “identificar y monitorear ‘amenazas’ internas y externas”, advierte el informe. “Funcionarios encubiertos e informantes realizan vigilancia física y digital de las personas objeto de interés, informan sobre sus movimientos y asociaciones y, en algunos casos, las hostigan y amenazan directamente”, remarca.
Violencia física
La violencia física contra nicaragüenses en el exilio se ha convertido en “una preocupación creciente en los últimos años”, particularmente en Costa Rica y Honduras. Países donde se han registrado asesinatos e intentos de asesinato de nicaragüenses exiliados, siendo el más reciente el asesinato del mayor retirado del Ejército, Roberto Samcam.
El Grupo de Expertos también registró otros nicaragüenses exiliados víctimas de ataques como: Joao Maldonado, que sobrevivió a dos atentados en 2021 y 2024 en Costa Rica, y Rodolfo Rojas Cordero, que fue hallado muerto en 2022 en Honduras. Enfatizan que, tanto las víctimas sobrevivientes como las fallecidas habían sido objeto de hostigamiento y habían recibido amenazas de muerte y advertencias antes de los ataques.
Agregan que los asesinatos y otros incidentes de violencia física “ponen de relieve la urgente necesidad de fortalecer la cooperación internacional, reforzar los mecanismos de protección para las poblaciones exiliadas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre la dimensión transnacional de las amenazas que enfrentan”.
Uso indebido de mecanismos internacionales de control
En un intento adicional de restringir la libertad de movimiento de los exiliados, las autoridades nicaragüenses han reportado sus pasaportes como robados o revocados. En consecuencia, las víctimas han sido detenidas por las autoridades migratorias de terceros países al cruzar fronteras. Algunas de ellas pudieron continuar su viaje mostrando documentos alternativos. Otras fueron sometidas a interrogatorios y se les permitió proseguir únicamente gracias a la intervención de contactos de alto nivel o de organizaciones internacionales.
El régimen nicaragüense también ha abusado de las notificaciones rojas de INTERPOL para reportar de manera falsa a personas opositoras, acusándolas de delitos comunes. El Grupo de Expertos documentó varios casos de nicaragüenses exiliados que fueron detenidos en Costa Rica en ejecución de notificaciones rojas emitidas en su contra. En un caso, la persona fue extraditada a Nicaragua tras negársele el estatus de refugiado. Poco después, la propaganda oficial lo mostraron con manos y pies encadenados. En otro caso, se aprobó el estatus de refugiado y la persona fue liberada. En otro, la persona permanece detenida mientras se resuelve la solicitud de extradición.
Castigo a familiares y personas asociadas en el país
Familiares —incluidos hijas e hijos menores de edad, parejas, exparejas—, amigos y conocidos de personas exiliadas han sido objeto de vigilancia, hostigamiento, amenazas, detención arbitraria, confiscación de propiedades y otros bienes, así como prohibición de salir del país, por el mero hecho de estar asociados. Tales medidas comenzaron o se intensificaron tras declaraciones públicas de los exiliados o su participación en actividades públicas críticas del Gobierno.
El Grupo de Expertos documentó “un patrón de vigilancia policial y hostigamiento a familiares de opositores” que se intensificó desde 2021. Muchos de ellos fueron obligados a informar a la Policía de sus movimientos y contactos telefónicos o de redes sociales, a veces en tiempo real, incluyendo el envío de fotografías o geolocalización. Miembros de grupos armados progubernamentales también han hostigado a las víctimas en sus hogares, mientras que otros han recibido amenazas anónimas por teléfono u ofertas de dinero a cambio de la ubicación de sus familiares.
