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Al menos 28 personas, entre ellas cinco núcleos familiares, continúan detenidas en condición de “desaparición forzada” desde la última redada represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ocurrida entre el 12 y 18 de agosto de 2025, según el Monitoreo Azul y Blanco.
Las capturas se concentraron en Carazo, aunque también ocurrieron en Masaya, Granada y Managua, a través de operativos policiales coordinados en el suroriente de Nicaragua, según describió la directora de la Asociación Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria y vocera del Monitoreo Azul y Blanco, Claudia Pineda, en entrevista con el programa Esta Semana, que se transmite a través del canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva impuesta por la dictadura.
Pineda señaló que, en esta última redada, es particularmente preocupante la práctica de detener núcleos familiares completos. “Al menos cinco núcleos familiares han sido arrestados, es decir, parientes ya sea pareja o ya sea padres e hijos, ya sea hermanos”, detalló.
Esa modalidad, denunció, deja a menores de edad en desamparo y destruye la estructura económica de las familias al capturar a ambos proveedores.
Perseguidos y encarcelados desde 2018
Pineda aseguró que la mayoría de los capturados son personas que participaron en las protestas de abril de 2018 y estuvieron vinculados a las actividades desarrolladas alrededor del Colegio San José, en Jinotepe, Carazo. Este fue un centro educativo de las hermanas josefinas, cerrado y confiscado el 12 de agosto de 2025 por órdenes de la dictadura, que una semana después lo reabrió rebautizado como “Colegio Bismarck Martínez”, por el simpatizante sandinista que la dictadura asegura que fue asesinado en 2018.
“Este Colegio sirvió de lugar de atención médica, de refugio. También estuvo cerca a un tranque, que se le conocía como el tranque San José”, explicó Pineda.
“Algunas de ellas, incluso, han estado en acusaciones anteriores por parte del Estado. Y, en general son personas que participaron activamente en las actividades y las protestas de 2018”, agregó.
Entre los recapturados está el coronel en retiro Carlos Brenes, originario de Masaya, quien fue arrestado —ahora junto a su esposa Salvadora Martínez— en su propiedad ubicada entre los municipios de Masatepe y Jinotepe. Brenes ya fue preso político de la dictadura entre agosto de 2018 y junio de 2019.
Desaparición forzada sistemática
La práctica de desaparición forzada es sistemática de parte de la dictadura y ocurre porque la dictadura oculta la ubicación y condiciones de los detenidos. Sobre esta redada, Pineda explicó que, aunque se conocen los nombres de los 28 detenidos, sus familias desconocen su paradero.
“No ha habido una confirmación del lugar donde fueron trasladados”, denunció. Las familias que buscan a sus familiares son enviadas de un centro de detención a otro en Managua sin obtener información certera sobre su ubicación.
“Realmente, las están boleando de un lado a otro. Es decir, que van a (la cárcel del) Distrito III, que van a La Modelo, que van a El Chipote, y hasta ahora no le han dado confirmación del sitio donde se encuentran”, detalló Pineda.
La Policía Nacional y la Fiscalía mantienen un silencio absoluto sobre las capturas, sin emitir comunicados ni proporcionar información en el sistema judicial. Algunos detenidos ya tienen más de 15 días en esa condición irregular.
Las redadas de agosto se suman a las 20 detenciones registradas en julio —vinculadas a la Iglesia evangélica—, elevando a 48 las capturas políticas en apenas dos meses. Previamente, en el último reporte del Monitoreo Azul y Blanco —publicado en julio de 2025— existían 54 presos políticos confirmados.
Aclaró que “eso no significa que estas sean las únicas personas presas políticas”, ya que hay familias que prefieren no denunciar. “El régimen suele liberar a algunas de estas personas. Entonces, nosotros no queremos dar cifras finales porque esperamos —y la esperanza de la familia es la esperanza de nosotros— que los liberen antes de que los acusen de algún tipo de delito”.
Redadas, purgas y miedo en el traspaso dinástico
Pineda atribuye esta escalada represiva a dos factores: el aparente deterioro de la salud de Ortega y la preparación para cualquier escenario de transición.
“Estamos viendo un deterioro bastante acelerado de la salud de Daniel Ortega y una limpieza entre las personas más allegadas a él”, explicó, diferenciando estas redadas contra ciudadanos y opositores de las purgas internas que han afectado a sandinistas históricos o antiguos colaboradores políticos.
Descartó, por ejemplo, que la detención de Brenes tenga alguna relación con la purga “porque el coronel estaba retirado desde hace muchísimos años”.
“Él no estaba vinculado a estructuras del partido, como sí lo estaban Bayardo Arce, Rodolfo Castillo y otros que han sido encarcelados, (como) Néstor Moncada Lau, que ellos sí estaban vinculados a la estructura aún recientemente”, comentó.
Arce, detenido a finales de julio, fue uno de los nueve comandantes de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, en los años ochenta, y con el regreso al poder de Ortega, en 2007, fue nombrado asesor presidencial en temas económicos. Moncada Lau, por su parte, es “asesor presidencial en temas de seguridad nacional”, aunque es su rol verdadero ha sido ser el “custodio de los secretos de El Carmen”, la residencia y despacho de Ortega y Murillo, y su enlace con entidades como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior (antes Ministerio de Gobernación).
Según Pineda, la estrategia buscaría “evitar que en cualquier tipo de transición entre un copresidente al otro, pues haya cero posibilidades de protesta”, según la activista de derechos humanos.
Arresto domiciliario: la represión invisible
Además de estas detenciones en el suroriente del país, decenas de nicaragüenses permanecen bajo arresto domiciliario de facto, algunos desde hace más de dos años. Esta modalidad represiva, según Pineda, se ha normalizado al punto que las víctimas han reducido sus denuncias por temor a empeorar su situación.
“Las personas que están en esa condición llegan a normalizar esa violación de derechos humanos y ya las denuncian menos”, advirtió. Muchas de ellas, agregó, deben presentarse de forma regular en la Policía o en la Fiscalía.
La Asociación Unidad de Defensa Jurídica ha denunciado estos casos ante organismos internacionales, solicitando audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e informando al Grupo de Expertos Independientes de Naciones Unidas para Nicaragua (GHREN).
“La condición de detención arbitraria, más desaparición forzada, es una condición extrema”, subrayó Pineda, quien calificó la situación como una violación sistemática de derechos humanos con repercusiones que trascienden a las víctimas directas para afectar a familias enteras.
Sostiene que las redadas de julio y agosto confirman que el régimen Ortega-Murillo mantiene su estrategia de terror estatal, con más desapariciones forzadas que buscan invisibilizar la represión ante la comunidad internacional.
