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Resulta sorprendente que muchas personas esperaban un trato preferencial migratorio frente al nuevo Gobierno del presidente Trump, a pesar de sus promesas electorales.
Sin embargo, la suspensión del TPS (Estatus de Protección Temporal) a hondureños y nicaragüenses es consistente con la agenda del presidente Trump de eliminar en la medida de lo posible las estadías temporales de los extranjeros. De los cerca de 900 000 personas bajo el TPS, quedan pocos países protegidos bajo esa vía, de los cuales El Salvador es el principal.
Esta medida se suma a otras formas de control migratorio que incluyen la cancelación del alivio humanitario (Humanitarian Parole) que afecta a otro contingente de cerca de 900 000 personas, la mayoría —como en el TPS— provenientes de países en crisis política y que corren altos riesgos si son obligados a regresar a sus países de origen.
Además de estos dos programas suspendidos, hay otras medidas como los controles y reducción en las visas de estudios universitarios, y restricciones de visa de visita a varios países.
Esta medida va acompañada de una estrategia de deportación de personas extranjeras, apoyada en una hoja de ruta que inicia con deportaciones a personas con antecedentes criminales y que después de cumplir su pena, siguieron en el país. Después incluye la deportación de personas que ya poseen una orden de deportación.
Hay que tener presente que, de los más de 13 millones de migrantes en estatus irregular, 7.5 millones tienen casos de deportación pendientes en las cortes. De esos, ya hay 3.9 millones con ordenes de deportación.
Hasta la fecha, el número de deportados en 2025 asciende a menos de 120 000. Sin embargo, estas deportaciones ocurren sobre personas que llevan años de vivir en Estados Unidos, si no, décadas. Es decir, no son personas que fueron detenidas previo a su retención en la frontera y devueltas, sino que son deportaciones desde el territorio norteamericano.
El impacto sobre los nicas “TPSianos”
Aparte del impacto que el alivio humanitario tendrá sobre el potencial retorno de 60 000 nicaragüenses, la medida de remover el TPS afecta a 5000 nicaragüenses y 54 000 hondureños.
Los efectos representan una alteración radical de la vida de estas personas.
En ambos casos, estos ciudadanos han vivido bajo el TPS por más de 25 años (1100 nicaragüenses y 24 000 hondureños ajustaron su estatus como residentes permanentes), tienen una raíz ya en Estados Unidos, con obligaciones familiares que incluyen hijos en escuela o universidad, trabajos estables con contribución tributaria, hipotecas de casa, y otras inversiones en Estados Unidos. Muchas de estas personas estarán por cumplir sesenta años, ya en momentos cercanos a su jubilación.
El retorno a Nicaragua significa un trastorno sicosocial, así como un riesgo en sus vidas, ya que Nicaragua es un Estado policial en donde la democracia se criminalizó, negando derechos civiles y políticos a sus ciudadanos, la captura de Estado existe al beneficio de la familia del régimen de Ortega-Murillo, el uso de la violencia es una de las primeras opciones de la dictadura (incluso permitir ejecuciones extrajudiciales fuera del territorio), la censura y desinformación son imperantes y sus alianzas con estados forajidos son su prioridad.
Resulta inconsistente la medida, cuando el mismo secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que el régimen de Ortega-Murillo son enemigos de la humanidad, y la seguridad jurídica es inexistente: la concentración del poder político incluye el sistema jurídico del país en manos de los dictadores.
Desde una perspectiva estrictamente económica, estas personas retornan a sus países en una edad en la que para obtener empleo se enfrentan con limitaciones competitivas. Además, los salarios de Nicaragua son 15 veces menores a los de Estados Unidos y esto no les permitirían cumplir con sus obligaciones financieras. Sería ingenuo aconsejar a alguien que organice sus finanzas antes de irse en medio de esta realidad.
El riesgo de muchas de estas personas de ser sometidas a violaciones de derechos humanos es alto porque muchos son individuos en oposición a la dictadura prevaleciente en Nicaragua.
Lo que viene…
Esta no es la primer vez que esta situación ocurre. Pero ahora es más complicada y dolorosa porque va acompañada con una filosofía punitiva que genera miedo. La cancelación del TPS puede pasar por una demanda reclamando la inconsistencia entre las condiciones expuestas por el Gobierno y la realidad imperante en el país de destino. Sin embargo, frente a una Corte Suprema que ya validó la discrecionalidad del Ejecutivo frente al alivio humanitario, dependerá ver si los reclamos a la falta de seguimiento de procedimientos en relación con el TPS tengan asidero.
Es difícil predecir qué harán las personas bajo esta situación; sin embargo, basado en situaciones anteriores, muchos migrantes puedan optar por ajustar su estatus, de ser posible (a través de la regularización de hijos mayores de edad), otros están considerando asumir el riesgo a quedarse bajo la sombra y vivir en riesgo de deportación, cambiando su modus vivendi, buscando otro trabajo y pasando al bando de los ‘ilegales’, o ‘indocumentados’.
La realidad es más difícil, porque no es económica y humanamente posible irse a rehacer la vida con 60 días de notificación para personas que llevan más de dos décadas en Estados Unidos. Es un destierro y un problema de responsabilidad compartida de parte de un Estado (con líderes de ambos partidos) que permitieron extender la temporalidad por décadas, sin ofrecer una vía alternativa y abordar las causas de la migración como un problema de política exterior.
La opinión pública está entendiendo que las acciones del Ejecutivo pueden ser más flexibles, y el debate sobre la Ley Presupuestal en el Congreso mostró que el apoyo al Ejecutivo está cambiando. La misión fundamental es apoyarse en la filosofía de la compasión conservadora promovida por el expresidente George Bush, y mostrar que la comunidad del TPS, incluso muchos bajo el alivio humanitario, son un valor agregado y no una carga para el país.
