Del inmovilismo a la reconstrucción: Cuba necesita una apertura pactada

La realidad cubana actual no admite más dilaciones ni maquillajes retóricos. Nos encontramos ante una crisis sistémica que ha trascendido lo económico para instalarse en el corazón mismo de la arquitectura sociopolítica de la nación. El modelo actual no solo está agotado; es incapaz de garantizar la eficacia, el bienestar mínimo y, fundamentalmente, la propia viabilidad del Estado. Ante un escenario donde el colapso total no distinguirá ideologías, desde el Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho “Cuba Próxima”, presentamos una ruta estratégica para romper el enroque: La apertura acordada: Una hoja de ruta para la reconstrucción de Cuba.

Esta iniciativa no es un catálogo de deseos, sino una estrategia de transición institucional concertada, diseñada para facilitar una salida pacífica, soberana y por etapas. Inspirados en el realismo político, planteamos una solución que prioriza la supervivencia de la nación frente a la perpetuación de un conflicto estéril. La “apertura acordada” descansa sobre una convicción fundamental: la reconstrucción nacional no puede ser fruto de una imposición externa ni de un colapso caótico que derive en la anomia. Debe ser un proceso deliberado, pactado y con plenas garantías para todos los intervinientes.

No se trata de una concesión gratuita, sino de una ruta fundamentada en pasos recíprocos y verificables. La reconstrucción se articula en dos ejes simultáneos: un Diálogo Soberano Multiactor interno y una Normalización Estratégica con la comunidad internacional. Este segundo eje exige un rediseño pragmático de la relación con Estados Unidos, basado en una gradualidad condicionada donde el levantamiento de sanciones responda, simétricamente y bajo el principio de autodeterminación, a hitos verificables de democratización interna.

Entendemos que el miedo al cambio es el principal activo del autoritarismo. Por ello, nuestra propuesta aboga por una negociación de futuro que sustituya la incertidumbre por seguridad jurídica. Proponemos la creación de una Mesa de Negociación Política Nacional conformada por funcionarios del gobierno actual dispuestos a la reforma, representantes de la sociedad civil, la oposición y la diáspora —esta última como parte indisoluble del cuerpo político y motor del renacimiento nacional—.

El objetivo es establecer un Marco de Convivencia que proscriba la revancha, priorice la justicia transicional y brinde garantías de salida institucional. Este marco asegurará la integridad de todos los actores, incluidos funcionarios públicos y estamentos militares, sentando las bases de la transición.

Para generar confianza, la Mesa promoverá una distensión inmediata basada en dos pilares innegociables: la liberación de presos políticos y una Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso. Simultáneamente, se institucionalizará una Sala de Garantías Constitucionales independiente que proteja los derechos humanos y blinde al ciudadano frente a la arbitrariedad.

Una vez establecido el diálogo, la prioridad absoluta será el bienestar social. Esto se articulará a través de una reforma económica integral que libere la iniciativa privada, un Plan de Choque Humanitario despolitizado para la seguridad alimentaria y el suministro de medicamentos, así como un rescate energético de emergencia bajo supervisión técnica externa.

Asimismo, el proceso gestionará una Ley Electoral provisional que garantice comicios libres y competitivos en un contexto aún no democrático, asegurando la apertura de las instituciones a la pluralidad ciudadana. Con la mirada puesta en dichos comicios, Cuba Próxima impulsará una agenda de transición basada en los siguientes pilares:

1. Establecimiento de un marco constitucional democrático, provisional y de consenso, que funcione como un “escudo de garantías” para los derechos humanos. Esta estructura asegurará la separación de poderes y la estabilidad institucional necesaria para evitar vacíos de poder durante la transición.
2. Promoción de leyes de urgencia y rescate socioeconómico que prioricen el consumo familiar y el impulso a la inversión. Este marco legal establecerá un nexo indisoluble entre la protección de los derechos fundamentales y una reactivación económica tangible.
3. Consolidación de la seguridad jurídica para crear un ecosistema capaz de atraer de vuelta el talento y los capitales, transformando la confrontación política en un esfuerzo mancomunado hacia el desarrollo.
4. Promulgación de una Ley del Proceso Constituyente y convocatoria de una Asamblea Constituyente auditada por organismos internacionales, garantizando así la transparencia y el respeto absoluto a la voluntad soberana.
5. Aprobación del marco legal para la transición constitucional y convocatoria a elecciones generales, consolidando de este modo la devolución plena de la soberanía al pueblo cubano.

Este itinerario permite transformar la crisis en una oportunidad para la soberanía real. La seguridad de la nación ya no puede basarse en la exclusión, sino en la solidez de un pacto social inclusivo. La “apertura acordada” convoca a los sectores racionales del poder, a la oposición valiente y a una ciudadanía exhausta. Reconstruir el país es posible si tenemos la audacia de reconocer al adversario como interlocutor. Es el momento de pasar de una nación en vilo a una nación en marcha; la hoja de ruta está trazada y recorrerla es nuestra responsabilidad histórica.