17 de mayo 2023
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Habitantes de la comunidad de Musawás, en el territorio Mayangna Sauni As, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), realizaron una pequeña manifestación para exigir el saneamiento de sus territorios ancestrales y demandar que se investiguen los asesinatos de decenas de indígenas a manos de colonos invasores.
La protesta tuvo lugar el 15 de mayo pasado, pero debido a la lejanía de esta comunidad —enclavada en el corazón de la reserva de biósfera de Bosawas— la información trascendió hasta este miércoles.
Imágenes compartidas por el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi) muestran a decenas de niños, jóvenes y adultos con pancartas en mano exigiendo el cese del “etnocidio” y recordando al Gobierno de Nicaragua su obligación constitucional e internacional de protección a las comunidades indígenas.
“No queremos plan de masacre en la comunidad Mayangna Sauni As. No queremos más invasión al territorio”, dice un cartel dirigido al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a las autoridades regionales y municipales.
Los comunitarios también demandan que se condene a los traficantes de tierra “con carácter urgente y sin mediación”. Señalan que la ley debe ser aplicada para todos, tanto para mayangnas como para los colonos, y piden que se desarticule a “grupos armados paramilitares que atacan a las comunidades indígenas”.
Un estimado de 70 indígenas miskitos y mayangnas de la Costa Caribe de Nicaragua ha sido asesinado por colonos invasores en los últimos diez años. Mientras, otro centenar ha sido víctimas de secuestros, violaciones sexuales, desplazamientos forzados, traumas psicológicos y heridas, que los han dejado con amputaciones o en estado cuadripléjico, en el peor de los casos.
La violencia a estas comunidades también ha empujado a miles de indígenas a abandonar sus territorios, cambiar sus hábitos de alimentación y sobrevivencia, de creencias y cultura, señalan ambos defensores de derechos indígenas.
Este panorama hostil ha llevado al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, formado por la Comisión y la Corte, a emitir medidas de protección a 15 comunidades indígenas miskitas y mayangnas. Sin embargo, el Estado continúa minimizando los hechos y dejando todos estos crímenes en la impunidad.
Muestra de esa impunidad es que luego del último ataque registrado contra los indígenas mayangnas, ocurrió el 11 de marzo de 2023 y en el que fueron asesinados cinco indígenas de la comunidad Wilú, se desconoce si las autoridades del Estado investigaron el caso o si procesaron judicialmente a una persona que fue capturada por la Policía.
En esa misma línea, los comunitarios que participaron en la manifestación recordaron que en enero pasado entregaron a las autoridades nacionales a 24 colonos que estaban invadiendo sus territorios, estos fueron trasladados a Managua, pero desde entonces no hay ninguna información oficial sobre qué ha pasado con ellos.
El 26 de abril la CIDH solicitó ampliar medidas provisionales en el asunto "Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región de la Costa Caribe Norte respecto de Nicaragua" a fin de incluir a pobladores de Musawás y Wilú en dichas medidas.
