16 de julio 2019
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Autoridades indígenas del colectivo Yulutingni, propietarios de 5000 hectáreas de tierras ubicadas en Layasiksa II, Cerro Winku Prukan, Wissinting y Wil Wi, situadas en el municipio de Prinzapolka, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, denunciaron que un grupo de 19 “mestizos” invadieron el territorio desde febrero de 2017 y que, pese a las múltiples denuncias interpuestas en el Instituto Nacional Forestal (Inafor) y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), las autoridades no se han interesado en brindar respuesta alguna a esta situación.
Hilario Thompson, presidente y apoderado del colectivo Yulutingni, dijo a CONFIDENCIAL que las tierras pertenecen a estas comunidades y que cuentan con una certificación otorgada por el concejal Erick Alvarado Archibold Labonie, primer secretario de la junta directiva del Consejo Regional Autónomo Norte.
“Todas estas personas se han asentado ilegalmente dentro del territorio del colectivo y lo han hecho con violencia, intimidando con pistolas, escopetas y machetes. La junta directiva ha pedido pacíficamente a estos ciudadanos que desalojen las tierras, pero a cambio solo hemos recibido amenazas”, afirmó Thompson.
Los invasores han saqueado los bosques. Los comunitarios denunciaron que al menos 1 000 metros cúbicos de madera han salido de la zona. Foto: Cortesía
Los invasores, de acuerdo a la denuncia de Thompson, están deforestando sin control los bosques, asimismo, han extraído ilegalmente más de 1 000 metros cúbicos de madera de dos planes de manejo forestal cuyo dueño es el mismo colectivo.
“Por tal razón la junta directiva tomó la decisión de interponer formal acusación particular ante el Juzgado Uno de Prinzapolka, en contra de al menos 19 personas que tienen tomado el territorio indígena. Los acusados han contratado una empresa que está facilitando la deforestación dentro de la zona”, indicó Thompson.
El colectivo, en su denuncia, solicita a las autoridades que actúen y retenga de forma inmediata los más de mil metros cúbicos de madera extraída del territorio y que se niegue cualquier permiso a los “mestizos” que pretenden continuar con la explotación ilegal de las zonas de manejo forestal propiedad del colectivo.
La denuncia fue recepcionada por Inafor el 9 de mayo de 2019, sin embargo, hasta la fecha las autoridades locales no han brindado alguna respuesta. Thompson teme que la situación se convierte en un conflicto mucho peor, similar al que ocurre en Bosawás, en donde los indígenas han sido desplazados violentamente de sus territorios.
Compra y venta ilegal en reserva Indio Maíz
En la imagen se aprecia la escritura ilegal elaborada por el abogado y notario Alexis Cano García. Asimismo el punto dentro del mapa de Indio Maíz donde está ubicada la finca de 176 manzanas. También el documento que entregaron al señor Juan Dumas. Foto: Cortesía
Fundación del Río, el mismo organismo que alertó en abril el incendio forestal de la reserva, y que siete meses después fue despojado de su personería jurídica por la Asamblea Nacional, en una represalia del orteguismo ejecutada por su aplanadora en la Asamblea Nacional, denunció ante los medios de comunicación un nuevo caso de invasión en la Reserva Biológica Indio Maíz.
De acuerdo a la documentación suministradas por los guardaparques de esta organización, el señor Juan Antonio Dumas presentó una escritura, hecha a mano, que lo acredita como el dueño de al menos 176 manzanas de tierras ubicadas en la zona núcleo del área protegida.
El documento, que no tiene ninguna validez, otorga el derecho de posesión del área que anteriormente estaba a nombre de la señora Sonia López. La venta fue registrada el tres de febrero del año 2015, y el abogado y notario que realizó el documento responde al nombre de Alexis José Cano García, originario del Municipio del Tortuguero, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
“El licenciado Cano García ha violado la ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los pueblos indígenas. Según esta ordenanza el único documento que legaliza la permanencia de un tercero en un territorio indígena, es que posea un título de Reforma Agraria, entregado antes de 1987. De no tenerlo, cualquier documento que se presente es nulo. No se puede titular a privados en territorios indígenas”, explicaron los miembros de Fundación del Río.
En su denuncia Fundación del Río exigió la suspensión de Cano García como notario público, pues actuó contra “lo dispuesto en el Código Civil y la Ley de Identidad Ciudadana, así como las leyes que protegen las áreas protegidas del sureste de Nicaragua.
En enero de este año el Ministerio de Energía y Minas (MEN) impulsó un proyecto para beneficiar con paneles solares a los colonos que se encuentran en la zona núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz, a través de una iniciativa que forma parte del “proyecto de desarrollo de energías renovables en las zonas rurales”, ejecutado con fondos de Corea del Sur. La denuncia también fue hecha por Fundación del Río.
