Carta abierta al jefe del Ejército, general Julio César Avilés

General de Ejército

Julio César Avilés

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua

Estimado General Avilés:

Un grupo de mujeres nicaragüenses nos dirigimos atentamente a Ud. para solicitarle que el Ejército Nacional proceda a desarmar a los grupos parapoliciales que usurpan sus funciones y el equipamiento de la institución que Ud. dirige, para realizar actos criminales en contra de la población civil.

Nos ha movido a enviar esta carta la certeza de que por principio constitucional el Ejército Nacional es  una institución “no deliberante y apartidista”, y además conociendo que:

1. La Constitución Política de Nicaragua establece en su Artículo 95, que “No pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional, ni rangos militares que los establecidos por la ley.”

2. En el Artículo 2, Ley 855, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar está consignado, que el Ejército debe “Disponer de sus fuerzas y medios para combatir las amenazas a la seguridad y defensa nacional, y cualquier actividad ilícita que pongan en peligro la existencia del Estado nicaragüense, sus instituciones y los principios fundamentales de la nación, …”

3. Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el cuatro de diciembre de 1989 la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. Esta Convención establece en sus Artículos 1b. y 1d., que son mercenarios quienes sin ser miembros de las fuerzas armadas de un Estado se involucran en un conflicto con el deseo de obtener provecho personal habiendo sido contratados por una de las partes en conflicto de la cual reciben una retribución material considerablemente superior a la que reciben los combatientes de grado y funciones similares en las fuerzas armadas.

Como madres, trabajadoras y profesionales estamos consternadas por el dolor de cientos de madres y hermanas quienes han perdido a sus hijos y/o los tienen desaparecidos o en prisión.  El conflicto –que estalló en abril del presente año—es consecuencia de una década de supresión de libertades.  Desgraciadamente el gobierno ha tratado de resolverlo con represión indiscriminada lo cual sólo ha agravado el problema.  Es mas, para poder profundizar la represión, el régimen, --violando nuestra constitución--, ha creado grupos irregulares mercenarios que usurpando las funciones del  Ejército Nacional asesinan, secuestran y torturan a civiles desarmados, utilizando  fusiles de guerra y armas pesadas que sólo deberían ser usadas por el Ejército.

La existencia de esos grupos para policiales constituye una amenaza para nuestra nación y para la existencia de nuestro Estado. La citada Convención de la ONU teniendo presente experiencias de otros conflictos en los que han sido utilizado terceros para policiales, señala, que las actividades de los grupos mercenarios cuando se han dado, “han contribuido a la desestabilización de los Estados afectados…”.

Para que Nicaragua logre salir adelante es indispensable que el Ejercito Nacional busque los mecanismos para preservar el orden constitucional y la paz, para lo cual es clave desarticular y desarmar estas fuerzas mercenarias que siembran el terror entre la población, librando una guerra ilegal contra el verdadero soberano de la nación, el pueblo nicaragüense.

Firman                                                                                                                         

Gioconda Belli

Vanessa Castro

Cristiana Chamorro

Ligia Elizondo

Lea Guido

Violeta Granera

María Hurtado

Malena Montis

Josefina Vanini

Mignone Vega

Monica   Zalaquett

Ana Eliza Martínez

Ximena Ramírez

Carmen Elizondo

Grace March

Rita Delia Casco

Francis Sarahí Zeledón

*Ver carta original aquí.