10 de diciembre 2017
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Las sanciones individuales contra el magistrado electoral Roberto Rivas y Francisco "Chico" López, que congresistas y senadores estadounidenses están solicitando al presidente Donald Trump a través de la Ley Magnitsky, son resultado de la pérdida de fuerza que la NicaAct tiene en Washington para su aprobación, según las dos cámaras empresariales más importantes de Nicaragua.
La semana pasada los legisladores norteamericanos solicitaron al magnate presidente sancionar a Rivas y al vicepresidente de Albanisa por presuntos abusos contra los derechos humanos, corrupción y actividades ilícitas en apoyo del presidente Daniel Ortega.
“Es una ley alternativa, digamos, en vista que creemos que el NicaAct no se va aprobar”, aseguró Álvaro Rodríguez, Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham). Este organismo contrató a la firma Carmen Group para hacer lobby en Washington contra la NicaAct, una normativa que de ser aprobada afectaría al país en general con el bloqueo de préstamos para obras desarrollo.
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“Estas sanciones anunciadas pueden ser una manera que el gobierno de Trump utilice, en vista que la NicaAct no tendrá la fuerza que tenía. Son sanciones que podrían ser aplicadas para personas que el gobierno de Estados Unidos considere que no están actuando bien”, agregó Rodríguez.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), dijo que los congresistas y senadores que promueven las sanciones buscan otra salida ante “la falta de certeza” de que la NicaAct sea aprobada por la Cámara Alta estadounidense.
“Son medidas dirigidas (Ley Magnitsky). Pero lo bueno que al no existir una posición en común (en Washington), no hay en el corto plazo una posibilidad de que tengamos esa amenaza (NicaAct)…que se aprueba una ley perjudicial para toda Nicaragua”, ponderó Aguerri.
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El presidente del COSEP cree que la aplicación de la Ley Magnitsky “es parte de la política interna” de Estados Unidos. De acuerdo a Aguerri, conviene diferenciar entre lo que busca la NicaAct y estas sanciones individuales que la Casa Blanca ya ha impuesto a funcionarios rusos y venezolanos.
La Ley Magnitsky
La Ley Magnitsky, fue aprobada en 2012, como resultado de las investigaciones realizadas contra funcionarios del gobierno de Vladimir Putin, que se vieron involucrados en el crimen del abogado Sergei Magnitsky, quien denunció actos de corrupción en Rusia, y afectaba únicamente a ciudadanos de ese país. Sin embargo, en 2016 fue reformada para que su espectro de acción afectara a otros extranjeros implicados en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
“La NicaAct afectaría los esfuerzos que se han venido haciendo en el tema productivo, en el tema de darle respuesta al llevar agua a las poblaciones, (en) salud. Este tipo de planteamientos que se hacen son dirigidos a personas que, según ellos, no cumplen con lo que debe ser el manejo de un funcionario público”, comparó Aguerri.
Sanciones contra "Chico" López y sus implicaciones
Las sanciones anunciadas contra Francisco "Chico" López pusieron en alerta a la embajada de Estados Unidos en Managua. En septiembre pasado, el consejero económico de la embajada norteamericana, William Muntean, advirtió a las empresas estadounidenses en Nicaragua revisar sus acuerdos comerciales con Albanisa para no incurrir en violaciones de las sanciones impuestas a la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, un flanco actual en la Casa Blanca.
“Ellos mencionan que Albanisa tienen un componente de dueño importante que es PDVSA, y ellos están sancionando a PDVSA. Obviamente, ese el riesgo de hacer negocios con Albanisa”, dijo el presidente de Amcham.
Mientras que Aguerri manifestó que la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP), asociado al COSEP, sigue de cerca los listados de sancionados que publica La Oficina de Control de Activos Estadounidense, por sus siglas en inglés OFAC, y las disposiciones del Departamento del Tesoro norteamericano.
“Lo que uno no puede hacer es trabajar sobre especulaciones. Tenemos comunicación permanente con las autoridades americanas. Hay un seguimiento diario a la OFAC para ver si hay publicaciones de listados nuevos, para poder responder lo que planteen. Hay una tensión obviamente de parte del sistema y por eso hay ese control diario, y de que esto no vaya afectar nuestro sistema y sus corresponsalías con sistema financiero americano”, explicó Aguerri.
Rodríguez por su parte dice que desde Amcham “les alegra” que la NicaAct “ha bajado”. “Esto vendría a afectar directamente al pueblo de Nicaragua. Pero el gobierno de Estados Unidos tiene el derecho de aplicar (Ley Magnitsky) a personas que considere pertinentes. No te puedo decir quiénes son las personas que podrían estar en esa lista, lo que han hecho y sus interioridades, pero es un derecho de Estados Unidos”, remarcó.
