4 de enero 2017
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En medio de la maleza, abandonados sobre charcos de sangre y a veces en avanzado estado de descomposición han encontrado a la mayoría de los 36 indígenas asesinados durante el último año y medio por la invasión de colonos en propiedades comunales del Caribe Norte, por la que el gobierno de Daniel Ortega culpó el pasado 12 de diciembre al partido regional indígena Yatama y al Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).
Al líder miskito y presidente de Yatama, Brooklyn Rivera, le parece que con su acusación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el gobierno de Nicaragua intenta evadir su responsabilidad del conflicto, que asegura ha sembrado el terror entre cientos de familias que incluso han tenido que desplazarse a otras comunidades o refugiarse en Honduras, donde contabilizan a más de 1,300 indígenas nicaragüenses.
Según el diputado electo por el partido indígena Yatama, el gobierno calla sobre las verdaderas causas del enfrentamiento entre indígenas y colonos que se intentan apoderar de las tierras comunales. Rivera también sostiene que el gobierno trata de culpar a quienes en realidad han asistido a los comunitarios, en lugar de responder a la crisis, que Yatama califica como una masacre indígena.
En junio de 2016, Confidencial documentó el tráfico de tierras indígenas en una investigación publicada en cuatro entregas, que revela el involucramiento del gobernador regional Carlos Alemán, y los concejales Waldo Müller y Adrián Valle Collins, todos militantes del gobernante Frente Sandinista, y además describe cómo los miskitos sufren ante los colonos que avanzan amparados con la protección y complicidad del Gobierno Central.
La investigación también comprueba que el Procurador Hernán Estrada cedió una gran extensión de territorio comunal, pese a que esa cesión está prohibida por la Ley 445, que regula el Régimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.
"Según ese informe del gobierno resulta que son las palomas las que disparan a las escopetas", compara Rivera, destituido en septiembre de 2015 de su escaño en la Asamblea Nacional, cuando era aliado del gobernante Frente Sandinista, a la que ahora volverá el nueve de enero, electo por los votos de los simpatizantes de Yatama, que participaron solos en las pasadas votaciones de 2016.
Pero los miskitos no son la única etnia amenazada por la invasión de colonos. Diez días antes del informe del gobierno a la CIDH, en una comarca del municipio de Prinzapolka, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), fueron descubiertos los cadáveres de los mayagnas Francisco Bendles Flores, su pareja embarazada Benicia Dixon Peralta y un niño de once años de edad. La familia fue asesinada 48 horas antes de que sus familiares los hallaran y las autoridades se presentaron al lugar 24 horas después de la denuncia.
En el informe de 35 páginas, el gobierno de Ortega omite los asesinatos, secuestros y violaciones a indígenas y responsabiliza por la violencia en el lugar a “la venta ilegal de tierras comunales por parte de comunitarios, líderes y autoridades comunales a terceros. La invasión de terceros a las propiedades comunales. El llamamiento al denominado autosaneamiento hecho por Yatama y Cejudhcan al margen del proceso de saneamiento legalmente establecido, incidiendo en elevar la situación de riesgo y violencia en las comunidades referentes”.
Rivera lamenta que "en vez de asumir su responsabilidad, el gobierno se trata de lavar las manos sobre la violencia contra indígenas. No es verdad lo que dice (en el informe), nosotros nos limitados a defender a las comunidades y el gobierno debería de responder cómo es que los colonos portan armas de guerra y las disparan contra los indígenas, que solo se están defendiendo o están huyendo de sus hogares".
Según Rivera, el gobierno de Ortega en realidad apoya a los colonos e intenta culpar de la crisis a quienes están del lado de los indígenas, aunque la propaganda oficial habla de saneamiento, demarcación y entrega de títulos de propiedad.
"¿Hay voluntad de atender el conflicto o lo que quieren es tratar de tapar la violencia contra las comunidades? Es responsabilidad del Estado dar seguridad a sus ciudadanos y los indígenas también somos ciudadanos", increpó el lider miskito.
