7 de enero 2017
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El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) sufrió una brecha que ronda los C$2,400 millones en el 2016, toda vez que, en vez de cerrar el año con el superávit esperado de C$1,104.2 millones, lo cerró con un déficit cercano a los C$1,300 millones.
Es el cuarto año consecutivo en que el INSS cierra sus reportes en rojo (acumula pérdidas por más de C$2,000 millones entre 2013 y 2015), después de pasar más de una década sumando ganancias que luego pasaban a formar parte de sus reservas, creadas para enfrentar los malos tiempos.
Ese momento ya llegó. De hecho, los datos oficiales de la entidad muestran que las reservas del INSS, que sumaban C$10,848 millones en 2012, cayeron a C$9,677.2 en 2015, y se calcula que se acabarán en 2024 a más tardar, si no se hace nada al respecto.
“El déficit seguirá, hasta tanto no se efectúe una reforma integral”, opina el catedrático y experto en temas de seguridad social, Manuel Ruiz, entrevistado para el segmento ‘Cuentas Claras’, del programa de televisión ‘Esta Noche’, que se transmite por canal 12.
“Un nuevo déficit en 2016, mayor que el de los años previos -en vez del superávit proyectado- implicaría, si lo demás no cambia, que la insolvencia del INSS arribaría antes de 2024”, calculó por su parte, el economista Adolfo Acevedo.
El desempeño del Instituto durante el último quinquenio, en el que acumuló pérdidas por C$2,938.5 millones, contrasta con lo observado en el periodo presidencial 2007 – 2011, cuando acumuló reservas por C$6,950 millones, a pesar del ‘bache’ del 2009, causado por la crisis financiera global. El contraste ha encendido todas las alarmas.
El problema del INSS es que son muchos sus problemas: desde una escasa cobertura, hasta empleos con poca productividad, pasando por una alta burocracia generosamente bien pagada; un grupo de jubilados que recibe pensiones sin haber cotizado el mínimo exigido por ley; un plan de inversiones que es secreto y discrecional, y un elenco limitado de actores que deciden los cambios, dejando por fuera al resto de la sociedad.
Afiliar más gente; controlar el gasto
A pesar que la seguridad social se considera “un instrumento poderoso para combatir la pobreza”, porque son muy pocos los trabajadores que tienen capacidad real de efectuar algún tipo de ahorro para enfrentar los retos financieros de la invalidez, vejez y muerte, solo un 23% a 24% de la población económicamente activa está afiliada al INSS.
“Nicaragua tiene una población económicamente activa de 3.5 millones de personas, de las que solo hay 850,000 afiliadas al sistema de pensiones”, detalló Ruiz, mostrando que hay mucho de dónde crecer.
El 24% del sistema nicaragüense contrasta con el 75% del costarricense. El cuadro resulta más alarmante si se toma en cuenta que el número de pensionados crece más rápido que el de los cotizantes, lo que profundiza el déficit.
Para revertir esa situación habría que salir a afiliar a los trabajadores de las empresas informales, los del campo, las trabajadoras domésticas, y los privados de libertad que trabajan en las cárceles.
Otra de las medidas a implementar es el control del gasto, para lo que hay varias vías. Según Acevedo, “en un esquema financiero como el del INSS hay cuatro variables fundamentales para lograr el equilibrio de sus finanzas a lo largo del tiempo: la relación entre el número de pensionados y el de cotizantes; la relación entre la pensión promedio y el salario promedio; la tasa de cotización, y el rendimiento de las inversiones”.
Al detallar algunos de esos elementos, Ruiz dice que el déficit se explica por la aprobación de pensiones reducidas para un grupo de jubilados que no llegó a cumplir el mínimo de 750 semanas, lo que tiene un costo anual de C$1,300 millones. Suma a eso el hecho que solo se debería destinar el 6.25% de los ingresos del Instituto para gastos administrativos, pero se destina el 14% para ese rubro.
A su juicio, el Instituto “debería tener 1,500 trabajadores”. En vez de eso, tenía 3,686 al cierre de 2015, lo que es casi un 25.5% más que los 2,938 que tenía en 2012.
“Hay que efectuar una reingeniería administrativa para reducir esos gastos frondosos”, dijo Ruiz. Esa ‘reingeniería’ debería encontrar una solución para el hecho que los bien pagados trabajadores del INSS tienen no uno, sino dos aguinaldos. Casi dos tercios de ellos (2,290 personas) reciben salarios de más de C$20,000 al mes.
[destacado titulo="Soluciones imperfectas"]
El economista Adolfo Acevedo constata que el número de pensionados crece más rápido que el de los cotizantes activos, “y esta tendencia se acentuará debido al proceso de envejecimiento, que ya comenzó a acelerarse”.
Adicionalmente, “las pensiones promedio crecen más rápido que el salario promedio de los cotizantes. El aumento de la tasa de aporte patronal (que este año llegó a 19%) no ha logrado frenar el aumento de los déficits. El rendimiento de las inversiones es cada vez menor, y se financian préstamos para activos inmobiliarios que superan en plazo el periodo proyectado de solvencia del INSS. La tasa de crecimiento de los gastos administrativos es excesiva”, sentenció.
El experto insiste en que “la solución más simple, recogida en la propuesta de reformas paramétricas presentada por el propio INSS en 2010, consistiría en incrementar la tasa de cotización de manera sistemática, reducir drásticamente la pensión promedio y su tasa de crecimiento, aumentar la edad de jubilación hasta los 65 años, y duplicar el periodo de cotización necesario para jubilarse”.
El problema es que si bien “estas propuestas posiblemente lograrían el propósito de extender bastante la solvencia del INSS”, lo harían al costo de que “solo unos pocos afiliados activos llegaran a jubilarse, después de cotizar el doble de años que ahora”, y solo recibirían “una pobrísima pensión los últimos años de su vida”.
“La absoluta transparencia en el manejo de los fondos de la entidad, y una administración profesional, constituyen un prerrequisito fundamental. La reducción de los gastos administrativos es un asunto de decencia básica”, añadió.
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[destacado titulo="Parecernos a los mejores de CA"]
Manuel Ruiz opina que el sistema nicaragüense de pensiones debería parecerse más al de Guatemala, Costa Rica o Panamá, que tienen sus propias leyes de inversiones, mientras que en Nicaragua esas decisiones se toman al amparo de un acuerdo del Consejo Directivo del INSS.
“Nicaragua no tiene una ley ni un reglamento de inversiones”, señaló. Mientras que en esos tres países se publica la lista de operaciones en las que se invierten los recursos de los cotizantes, y hasta los retornos que generan, en Nicaragua hay que esperar a que una investigación periodística saque a la luz las decisiones que se hacen con el dinero público.
“La Asamblea Nacional debería nombrar al presidente ejecutivo y al presidente del Consejo Directivo, a propuesta de los pensionados y los cotizantes”, y no solo a instancias del poder ejecutivo, dijo el experto.
El problema es que negociar y encontrar el consenso para una reforma, es un proceso que requiere “dos a tres años”, para que entre en vigencia en 2019, y debe incluir a una multitud de actores: trabajadores, pensionados, empleadores, la academia, los sindicatos, la Organización Internacional del Trabajo, etc.
“Debe haber el mayor consenso posible. Sería un gran error que se busque una solución negociando únicamente entre el gobierno y el sector privado”, dijo Ruiz poniendo como ejemplo el hecho que, después de la reforma que negociaran esos dos sectores en 2013, “seguimos igual que entonces”, aseguró.
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