4 de marzo 2019
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“El poder principal que tiene la Alianza Cívica es levantarse de la mesa. Si Ortega fracasa en las negociaciones, se enfrenta a más sanciones, a la presión internacional y al aislamiento. Las sanciones están allí para recaer. Levantarse cuando Ortega pretenda alargarlas de forma innecesaria o se cierre en posiciones inaceptables en el diálogo”, afirma Luis Carrión, miembro del MRS y de la Unidad Nacional Azul y Blanco, de la cual es parte la Alianza Cívica.
De acuerdo con Carrión, Ortega tiene que sopesar muy bien si echa al trasto este nuevo diálogo, y recuerda que la agenda de la oposición democrática tiene un respaldo internacional “enorme”, aparte del consenso a nivel nacional.
“Si él (Ortega) no cede en las cosas fundamentales, las sanciones van a continuar al igual que la presión interna”, vaticina.
Hay muchas dudas de que Ortega pueda dar estas muestras de “buena voluntad” para el diálogo. Si bien excarceló a más de 100 presos políticos previo al diálogo, la mayoría de ellos tienen salieron con régimen de casa por cárcel y convivencia familiar. Liberación a medias.
Carrión agrega que Ortega está al límite por las circunstancias. La confluencia de la crisis económica, el aislamiento internacional y las sanciones lo obligaron a sentarse en la mesa, porque no preveía hacerlo a juzgar por el discurso del supuesto “golpe de Estado”.
“Se siente débil. Se mira en el espejo de Maduro y quisiera tener resuelta la situación antes de que se pueda producir una debacle en Venezuela”, dice Carrión, quien conoció muy bien al caudillo sandinista. Para Carrión, Ortega “está resintiendo los efectos de las sanciones económicas que han golpeado a sus propios negocios”, pero el aislamiento internacional y su estrategia de represión “no han logrado derrotar la resistencia cívica”.
Rechazo oficial a garantes y mediadores
Las largas a la aprobación de la “hoja de ruta” han comenzado a generar suspicacias entre los ciudadanos. La veterana defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, criticó que si “los puntos” fueron definir “quién va a cantar el himno, a rezar y cómo van a sentarse”, eso pudo “discutirse en medio minuto”.
La abogada constitucionalista y dirigente feminista, Azahálea Solís, es miembro suplente de la delegación negociadora de la Alianza Cívica, y asegura que el grupo ya había previsto este “escenario”.
“Nos preparamos para este escenario, hablar de previo los temas de fondo del país. Tener primero clara la hoja de ruta, la arquitectura del diálogo. O dicho de otra manera, las reglas del juego. No se puede entrar a negociar sin tener claro que se van hacer acuerdos, y que deben tener un plazo de cumplimiento”, sostuvo Solís en una entrevista en el programa Esta Semana.
“El tema de testigos, garantes, son temas importantes para poder dialogar o negociar sobre la agenda que el país está demandando”, agregó.
Solís no mencionó cuál ha sido la postura del Gobierno frente a los garantes. Pero otras fuentes aseguran que el régimen pidió hasta el lunes para poder revalorar la petición del acompañamiento internacional.
“Garantes y mediadores es la tercia. El Gobierno sostiene que la crisis es un problema de los nicaragüenses y que nosotros debemos resolverlo sin garantes internacionales”, coincidieron las fuentes consultadas por CONFIDENCIAL.
Solís explicó que los garantes, en líneas generales, se encargan de que los acuerdos en la negociación se cumplan. “En este momento no se ha terminado de definir el papel que jugarían”, afirmó. Durante el diálogo anterior, que se instaló en mayo y fracasó en julio de 2018, se enviaron invitaciones a organismos internacionales para fungir garantes.
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También se opone a la Conferencia Episcopal
Solís reveló que en la negociación tampoco han decido qué rol jugará la Conferencia Episcopal (CEN). Si como garante, mediadores o simplemente testigos. “No tenemos terminado ese tema (Iglesia). No hemos recibido comunicación oficial de la CEN. Hemos conocido por vías públicas el nombre de algunos obispos. No está cerrada la hoja de ruta”, dijo la feminista.
Los delegados del Gobierno se oponen de forma rotunda a la participación de la Conferencia Episcopal (CEN) como testigos y facilitadores del Diálogo, junto al nuncio apostólico, y pretenden individualizar esta responsabilidad en el presidente de la Conferencia Episcopal, Leopoldo Brenes. Sin embargo, el cardenal Brenes tiene un mandato de la CEN de integrar una delegación de tres miembros con los obispos Rolando Álvarez y Bosco Vivas, y cuenta con el respaldo del papa Francisco para hacerse representar con los obispos de forma colectiva.
Según la fuente, si el Gobierno persiste en vetar a los otros dos miembros de la CEN, Brenes podría optar por no participar en el Diálogo, y sin duda tendría el respaldo pleno de la Alianza Cívica, poniendo en entredicho la falta de voluntad política del Gobierno en este nuevo esfuerzo. “Para los de la Alianza está claro que no hay Diálogo sin los obispos y la CEN como testigos y facilitadores”, precisó la fuente, “porque ellos son la institución más creíble del país”.
En ese sentido, Solís reafirmó en Esta Semana que la Iglesia tiene el respaldo de la población. Sin embargo, por ahora, no puede decir el papel que jugarán en las negociaciones.
Luis Carrión, uno de los nueve comandantes de la Dirección Nacional del Frente Sandinista que gobernó en la década de los 80, coincide en que “los derechos no pueden negociarse. Liberar presos políticos y cesar represión serán la gran muestra de buena voluntad del Gobierno”.
Solís insiste en que el restablecimiento de las libertades será punta de lanza de la Alianza Cívica. “Básico: una restitución del derecho de la libertad de expresión, asociación y movilización. Es algo elemental. La libertad está secuestrada. Hablamos de derechos fundamentales que deben cumplirse”, dijo la constitucionalista.
La delegación oficial: “teléfonos humanos”
*El FSLN quedó vacío con el tránsfuga Wilfredo Navarro, el bachiller Andino, y “Chicón” Rosales
La comisión de la dictadura Ortega-Murillo ha mantenido en total hermetismo sobre cuál sería su propuesta de mediadores, testigos y garantes. La comitiva gubernamental está encabezada por el canciller Denis Moncada Colindres. Los demás titulares de la delegación de la dictadura son los diputados Edwin Castro, José Figueroa, y sorpresivamente, el legislador tránsfuga y otrora adulador del caudillo liberal Arnoldo Alemán, Wilfredo Navarro.
“Que tengan que poner a Wilfredo Navarro demuestra la decadencia y el deterior del régimen. No tienen a nadie de peso”, opina Ana Margarita Vigil, integrante del Movimiento Renovador Sandinista. “El Frente se quedó vacío. Daniel Ortega está aislado hasta en su propia gente. En el Infiernillo, en La Modelo, hay más gente representativa del Frente, como es el excoronel Carlos Brenes”, comentó.
Los otros miembros de la comitiva oficial son el magistrado Francisco Rosales, y el eterno estudiante de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), Luis Andino.
Según Carrión, esta comitiva no tiene ningún poder de decisión. “Son teléfonos humanos que llevan una consigna, y si en algún momento se abre una propuesta que puedan considerar, van a pedir aprobación. Van a llamar. No van a dar un paso si no se los aprueban”, valora.
