3 de agosto 2019
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La decisión de la dictadura de Daniel Ortega de terminar las negociaciones con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), “pone en evidencia el desprecio del presidente al pueblo de Nicaragua” para encontrar una solución a la crisis nacional que atraviesa el país desde abril de 2018, reaccionó la organización opositora, mientras diversos miembros de la comunidad internacional exhortaron a Ortega a retomar las negociaciones.
“Ortega no solo continúa ignorando la voluntad mayoritaria de los nicaragüenses para una salida pacífica, cívica, negociada y democrática, sino también confronta a la comunidad internacional, incluida la misma OEA”, afirmó la Alianza Cívica en un comunicado.
La organización, que reúne a miembros de la sociedad civil, estudiantes, académicos, líderes de diversos sectores sociales, expresos políticos y representantes del sector privado, agregó que los actores nacionales e internacionales ven en la negociación con la Alianza Cívica “la única vía viable para superar las graves alteraciones del orden democrático que el régimen ha provocado”.
Nicaragua se acerca ya a los dieciséis meses de crisis sociopolítica, tras la represión oficial contra las protestas cívicas que estallaron en abril de 2018. La falta de una salida pacífica y negociada también ha provocado una crisis económica, con casi medio millón de nicaragüenses en el desempleo. Los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos también estiman en 325 los asesinatos confirmados durante los meses más duros de la represión, y han alertado sobre el incremento de las muertes violentas en el campo, con características de ejecuciones selectivas, durante los últimos meses.
“Potenciar unidad”
El 20 de mayo la Alianza Cívica se retiró de la mesa de negociación instalada a finales de febrero de 2018, en protesta por el asesinato del preso político Eddy Montes, de nacionalidad nicaragüense y estadounidense, a manos de un custodio armado en el penal de La Modelo. Además, Ortega no ha cumplido con los acuerdos firmados desde mediados de marzo con la comitiva opositora.
Aunque en la segunda semana de junio la dictadura liberó a la mayoría de los presos políticos, incluyendo varios de los principales líderes de la protesta, aún quedaron 80 presos políticos en prisión, que ahora ya suman 120 tras nuevas detenciones ilegales. Además, continúa sin cumplir el restablecimiento de las libertades ciudadanas, como el derecho a movilización y la libertad de expresión, y las condiciones mínimas para retornar a la democracia: reformas electorales y adelanto de elecciones.
El pasado 19 de julio, en el acto partidario en conmemoración del 40 aniversario de la revolución armada que derrocó a la dictadura somocista, Ortega descartó la posibilidad de adelantas las elecciones presidenciales de 2021 y ofreció reformas electorales unilaterales, a pesar de las demandas nacionales e internacionales.
La Alianza Cívica comentó este viernes que “ante este nuevo reto del régimen, invitamos a todas las fuerzas democráticas del país a potenciar los esfuerzos de unidad y organización para continuar la lucha cívica y pacífica y lograr el cambio de gobierno por la vía democrática y a rechazar los intentos de querer imponer una reforma electoral cosmética, prebendaria y excluyente que facilite la continuidad del régimen en el poder”.
Pacto con “zancudos”
José Pallais, vocero de la Alianza Cívica, expresó que Ortega tomó esta decisión para sacar ventaja y negociar con los partidos políticos que han jugado bajo sus reglas, llamados “satélites” o “zancudos”.
El exdiputado liberal sostuvo que Ortega pretende realizar reformas electorales a su medida para continuar ejecutando fraudes.
Según Pallais, van a seguir presionando para que se dé “una salida democrática en el país, real, mediante elecciones libres, no con reformas cosméticas, amañadas para producir los mismos resultados que los pactos y los partidos zancudos han generado en el pasado”.
Pallais anticipa que la decisión de Ortega sumirá al país en mayor pobreza, porque la crisis económica se agravará más y se perderán más empleos porque no habrá inversión por la falta de confianza.
En entrevista en el programa Esta Semana, que se transmite este domingo, agregó que la Alianza Cívica seguirá trabajando por la justicia y la democracia, y que con la dictadura de Ortega no podemos tener ni justicia para las víctimas de la represión ni democracia.
El líder universitario Ángel Rocha, mimbro de la Coalición Universitaria y de la Alianza Cívica, dijo que ellos tienen que comenzar a construir una verdadera unidad con las diferentes organizaciones y salir a “visitar los territorios, trabajar en conjunto y estar unidos para el próximo evento que es de cara al proceso electoral y las reformas”.
Reacción internacional
La decisión del régimen no pasó desapercibida para la comunidad internacional. Kimberly Breier, diplomática estadounidense y actual subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en Estados Unidos, señaló que, al rechazar un entendimiento con la Alianza Cívica, el régimen solo logra más presión internacional y erosiona su legitimidad.
“El régimen de Ortega en Nicaragua debe negociar un retorno a la democracia con la Alianza Cívica. Al rechazar el diálogo, Ortega mete a Nicaragua en una crisis más profunda”, escribió Breier en su cuenta de twitter.
Josep Borrell Fontelles, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, también criticó la decisión del dictador Ortega y demandó al régimen que reconsidere su decisión, pues este no es el camino idóneo para salir de la crisis nacional.
“El nuncio apostólico (Waldemar Stanislaw Sommertag) ha declarado que el Gobierno de Nicaragua da por terminadas las negociaciones con la Alianza Cívica. Ese no es el camino. Solo cumpliendo todo lo acordado en abril con la Alianza en la mesa de negociación y mediante un diálogo creíble y honesto entre las partes, que el Gobierno de Ortega debe facilitar, se encontrará una salida definitiva a la actual crisis que vive Nicaragua”, aseguró también a través de esa red social.
España lamenta decisión
El Gobierno de España publicó un comunicado en el que lamentó la decisión del Gobierno de Ortega, para dar por terminadas las negociaciones con Alianza Cívica.
El documento enfatiza que, pese a los compromisos adquiridos en esa mesa de negociación, el Gobierno Ortega no ha cumplido en su totalidad los acuerdos, pues aún hay manifestantes presos y quienes fueron liberados están al amparo de una Ley de Amnistía adoptada unilateralmente por al régimen orteguista, y que podría estar encubriendo responsabilidades en materia de derechos humanos.
“El Gobierno de España demanda del Gobierno de Nicaragua que cumpla plenamente los compromisos adquiridos, reconsidere su decisión y facilite la negociación con la Alianza Cívica, en el entendido de que únicamente mediante el diálogo entre las partes y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación con la Alianza Cívica será posible alcanzar una salida política a la crisis política que atraviesa Nicaragua y que está generando enormes perjuicios al país y a sus ciudadanos”, señaló.
En el comunicado, el Gobierno español también manifiesta, una vez más, su voluntad de contribuir a la búsqueda de una solución a la crisis, si las partes así lo requieren, asimismo, recordó a la dictadura de Ortega, que tiene la obligación de garantizar el respeto de todos los derechos ciudadanos.
OACNUDH demanda a Ortega reconsiderar
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que preside la chilena Michelle Bachelet, también demandó al Gobierno reconsiderar su postura y reanudar urgentemente un diálogo con la sociedad civil, serio, inclusivo y basado en las obligaciones internacionales de derechos humanos.
La OACNUDH también publicó en sus redes sociales que, entre el 14 de octubre y el ocho de noviembre de este año, el Comité de Derechos Humanos adoptará una lista sobre Nicaragua y que la recepción de este documento tendrá como plazo el 30 de agosto de 2019.
“El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes”, explicó la OACNUDH en su cuenta oficial de Twitter.
Las organizaciones no gubernamentales que envíen información escrita, deben tomar en cuenta que dichas declaraciones deben ser específicas, confiables y objetivas, tanto como sea posible. En los documentos las oenegés deben estar identificadas a cabalidad, pues el Consejo no aceptará información anónima.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también lamentó la cancelación de las negociaciones “en un contexto de persistencia de violaciones a los derechos humanos y ante la necesidad de reformas que garanticen la no repetición”, informó la entidad.
El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la CIDH, advirtió que al momento de cancelar las negociaciones, continúa la “persecución a opositores por medio de detenciones, amenazas y asedio; faltan investigaciones imparciales en los asesinatos que siguen ocurriendo; y las libertades públicas permanecen suspendidas”.
“El deterioro estructural de la democracia en Nicaragua, en particular la falta de independencia de los poderes públicos, ha sido un factor fundamental —afirmó— para mantener la represión sobre manifestantes opositores, defensores y defensoras de derechos humanos”.
