31 de mayo 2017
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El “Caso Odebrecht”, una investigación en la que se señala a la empresa constructora de origen brasileño de haber pagado sobornos a funcionarios de por lo menos doce países, ha salpicado directamente a El Salvador, donde investigaciones periodísticas revelan que los casos de corrupción involucrarían al expresidente de ese país refugiado en Nicaragua, Mauricio Funes.
Los periodistas Carlos Dada, fundador del diario digital El Faro, y José Luis Sanz, director del mismo medio, analizaron en el programa Esta Semana con Carlos Fernando Chamorro la situación actual de El Salvador en cuanto a los casos de corrupción que involucran a tres expresidentes de su país.
El Salvador es considerado uno de los 10 países más corruptos del mundo según el Índice Global de Competitividad realizado por el Foro Económico Mundial.
“(Los señalamientos) vienen precisamente de unos de los acusados en Brasil que dicen que (el expresidente Luiz Inácio) Lula le pidió a Odebrecht que financiara los servicios de Joao Santana, quien era el asesor de propaganda de Lula para que él llevara la campaña presidencial de Mauricio Funes”, explicó Dada al referirse al caso del exmandatario asilado en Nicaragua.
Santana se convirtió posteriormente en el que manejaba los recursos de las pautas publicitarias con órdenes de casa presidencial, según Sanz. El caso todavía se encuentra bajo investigación, pero a inicios de mayo Santana confesó ante las autoridades brasileñas que se financió la campaña de Funes con más de dos millones de dólares.
Funes ganó en esas elecciones convirtiéndose en el primer presidente de izquierda en El Salvador y llevando al poder al FMLN.
El exmandatario, quien hoy se refugia en Nicaragua y tiene abierto un juicio civil en su país, forma parte junto con Antonio Saca y Francisco Flores del grupo de expresidentes salvadoreños perseguidos por la justicia por investigaciones de malversación de fondos, lavado de dinero o involucramiento en otros casos de corrupción.
Una de las figuras a la cabeza de la lucha contra la corrupción y la impunidad en El Salvador es el fiscal general Douglas Meléndez, cuyo trabajo ha generado reconocimiento interno, pero también a nivel internacional. En reiteradas ocasiones Meléndez ha denunciado acosos contra él y la Fiscalía salvadoreña, como represalias por las investigaciones que ha encabezado contra empresarios, funcionarios y expresidentes de Gobierno. El fiscal ha logrado el apoyo de embajadores estadounidenses y europeos radicados en San Salvador. Meléndez se ha quejado, sin embargo, de falta de apoyo financiero suficiente para reforzar el trabajo de la Fiscalía. "No darle un verdadero presupuesto a la Fiscalía es darle el tiro de gracia, no nos permite investigar más”, dijo en entrevista con El Faro.
Críticas al asilo
Tanto Dada como Sanz cuestionaron el asilo exprés que se le otorgó a Funes en Nicaragua en el 2016, luego que supuestamente él llegó al país, donde primero dijo que venía como turista, después a realizar una consultoría de trabajo, y finalmente alegó que era un perseguido político.
Sanz mencionó que hay una “doble paradoja”, en el tema de la solicitud de asilo de Funes, pues es su partido el que todavía gobierna en El Salvador. Funes alega que teme por su seguridad, para no comparecer ante la justicia, como su propio gobierno y partido en el poder no tendría capacidad de garanizarsela.
A Funes se le vio, posteriormente de otorgado el asilo, participando como observador en las elecciones presidenciales del 2017 lo que viola, según opinaron expertos en noviembre pasado, las leyes migratorias nicaragüenses.
La lucha contra la impunidad
La labor periodística que realiza El Faro también busca acercar la justicia a casos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil en El Salvador en los años ochenta. Un ejemplo de ello es el crimen de monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien murió en 1980 por una bala que le atravesó el corazón mientras oficiaba una misa.
Por este caso se sobreseyó al capitán Álvaro Saravia, quien ha sido el único acusado por el asesinato de Romero. Sin embargo, a mediados de mayo el Juzgado Cuarto de Instrucción de El Salvador decidió dejar sin efecto el beneficio a Saravia y reabrir el caso.
En marzo del 2010, El Faro publicó un reportaje titulado “Así matamos a monseñor Romero”, en el que partiendo de una entrevista realizada a Saravia desentrañan la conspiración en contra del obispo, previo a su asesinato.
La reapertura del caso en contra de Saravia también permitirá, según Dada, que se pueda llegar al resto implicados en el crimen ocurrido hace ya casi cuatro décadas.
Sin embargo, Dada también explica que el papel que jugará la Fiscalía para poder acusar a todos los implicados estará en el ojo público.
“Cada vez que pensamos que la Fiscalía está dando pasos positivos al final terminamos encontrándonos con fiscales que han tenido intereses y agendas. Este fiscal (Meléndez) ha dado pasos importantes en el combate contra la corrupción, pero no meteremos las manos al fuego hasta que veamos resultados concretos en todas las líneas de investigación”, expresó Dada durante el programa.
No existe, según los entrevistados, un solo sector que haya provocado la reapertura del caso, es más un esfuerzo tanto de la Fiscalía como de los medios de comunicación que investigaron sobre este y otros casos, como El Mozote.
La masacre de El Mozote fue uno de los episodios más sangrientos de la guerra civil que desangró El Salvador entre 1980 y 1992, en la que fueron asesinadas unas mil personas.
Sobre este caso no hay ningún acusado hasta el momento, sin embargo los autores intelectuales fueron sentados en un juicio en marzo pasado en un tribunal salvadoreño.
El caso sigue abierto a la espera de que las autoridades salvadoreñas encuentren también a los autores materiales y acusen a los altos mandos militares que dirigieron la guerra.
La reapertura de estos casos también supone la transición de la idea de que no se debe hablar en un país sobre los crímenes de lesa humanidad que quedaron cobijados bajo las leyes de amnistía promulgadas posteriormente a la guerra.
Tanto el caso de El Mozote, como el de monseñor Romero se están reabriendo pues en el 2016 la Sala de lo Constitucional de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía promulgada después de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador en 1992.
“También en El Salvador ha habido un discurso de miedo. La idea de revisar, esclarecer y llevar a juicio algunos crímenes rompería los acuerdos de paz y vendría una convulsión social extraordinaria. Eso es falso. Y yo creo que se está probando”, explicó Sanz.
En esto también, según Sanz, juegan un papel importante las nuevas generaciones que “entienden la guerra de otra manera”, y es así como el discurso que busca provocar temor se ahoga al ver que no hay una convulsión social por la reapertura de estos casos.
Dada recuerda que la política salvadoreña continúa secuestrada por las fuerzas políticas que perpetraron la guerra y que su discurso busca apartarlos de la culpa que les corresponde por los crímenes ocurridos.
“En realidad lo que va a pasar, si los juicios son llevados a cabo de manera eficiente, (es que) vamos a tener versiones que ya no son objeto de duda o de controversia. ¿Qué tenemos hoy? Dos versiones distintas, donde los héroes de unos son los villanos de los otros y eso ha sido muy rentable para los partidos políticos”, denunció Dada.
[destacado titulo="Los empresarios y la prensa en El Salvador"]
*“Los empresarios entienden mejor el papel fiscalizador de la prensa”
El fundador de El Faro, Carlos Dada, explicó que en El Salvador los empresarios parecen entender mejor cuál es el papel de la prensa, al contrario de sus homólogos en Nicaragua.
“Sin conocer muy bien las interioridades del proceso en Nicaragua, los empresarios en El Salvador parecen entender mejor el papel de la prensa. Y aunque no les guste están más acostumbrados a la crítica pública”, expresó Dada.
Sus comentarios se dan en el contexto de las expresiones de intolerancia que algunos empresarios y el Consejo Superior de la Empresa Privada han manifestado contra medios de comunicación que critican la relación coporativista del Gobierno con la empresa privada con el Gobierno, principalmente Confidencial y La Prensa.
Los periodistas explicaron que la importancia de la prensa para El Salvador se empezó a construir a partir del 2009, en algo un proceso que describieron como “lento y largo”, pero que ha permitido que los ciudadanos y los empresarios entiendan en la actualidad lo que significa la lucha contra la corrupción y el papel de fiscalizadores que tienen los medios de comunicación.
“Con respecto a la lucha contra la corrupción sí se ha generado conciencia y yo sí creo que además las investigaciones que vamos publicando que golpean a gobiernos de Arena o que golpean a los últimos gobiernos del FMLN comienzan a percibirse como necesarias”, mencionó Sanz.[/destacado]
