15 de mayo 2018
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Aunque la inminente visita ‘in loco’ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país estará centrada “en los sucesos del 18 de abril a la fecha”, organismos de derechos humanos coincidieron que el análisis que realice la misión debe abarcar el contexto de la última década del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, periodo en el que la institucionalidad democrática ha sido demolida. Solo bajo ese prisma podría entender a cabalidad la brutal represión que ha dejado 54 muertos en las últimas tres semanas.
"El gobierno de Daniel Ortega, con su respuesta a la CIDH, está tratando de limitar la observación ‘in loco’, a los hechos ocurridos desde que empezó represión en 2018. Sin embargo, las cosas no caen del aire. Las cosas no suceden si no se analiza un contexto”, enfatizó la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Según Núñez, realizar una valoración del estado de los derechos humanos no puede realizarse de “forma descontextualizada”, sin analizar las implicancias que la falta de institucionalidad democrática ha tenido sobre la masacre de abril. “Sin eso no tendría sentido”, resaltó la veterana defensora de derechos humanos.
Durante estos conflictos ha sido resaltado el poder omnímodo de la pareja presidencial que ha minado tanto, por ejemplo, el profesionalismo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la República. Por un lado, las tropas policiales han reprimido de forma tan violenta, que han sobrepasado los estándares establecidos por ley. Y, por el otro lado, el Ministerio Público no inició a lo inmediato una investigación al conocerse la primera muerte durante los disturbios al estar supeditada —como el resto de las instituciones del país— al dictado del régimen Ortega-Murillo.
“Habrá antecedentes que recoger (de la masacre), pero claro: no se puede entender lo qué ha pasado estas semanas si no ves el pasado”, coincidió Marcia Aguiluz, directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “Habrá que ver cómo se llegó a esta concentración de poder y cómo se llega a esta situación que deja tantas muertes”, agregó.
La CIDH respondió este lunes a la invitación hecha por el Canciller de la República, Dennis Moncada Colindres, y “saludó la anuencia” del gobierno de Ortega para realizar la visita. Antes de esta ocasión, el gobierno sandinista había negado tres veces la entrada a Nicaragua a esta misión.
“La CIDH sostendrá reuniones con autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil y otros actores relevantes, a fin de poder tener un diagnóstico completo y adecuado de la situación de derechos humanos en el país, de conformidad con el artículo 18 de su Estatuto”, informó el organismo adscrito la Organización de Estados Americanos (OEA).
Sin embargo, la CIDH no precisó qué día arribarían a Nucaragua. “La Comisión divulgará oportunamente mayores informaciones sobre esta visita”, añadió el comunicado.
Presión popular obliga a recibir a la CIDH
La directora del CEJIL no duda que la presión popular, expresada en las calles de forma masiva exigiendo justicia por los asesinados, heridos, desaparecidos y presos, obligó al gobierno de Ortega invitar a la CIDH.
“La CIDH pasó años pidiendo ingresar a Nicaragua. Que el Estado diga que sí ahora responde de forma clara a las presiones de la movilización ciudadana y el clamor del cese a la represión”, sostuvo Aguiluz vía telefónica desde Washington. Para ella, esta visita tiene sentido de “oportunidad histórica” para la CIDH, ya que podrán “valorar con sus propios ojos” la situación en Nicaragua.
Un 'Árbol de la Vida' derribado en la rotonda del periodista. Carlos Herrera | Confidencial
La agenda de la visita de la CIDH tampoco ha sido dada a conocer. La presidenta del Cenidh afirmó que en estas misiones las reuniones no tiene un formato establecido. La agenda es determinada por “las necesidades del momento y las posibilidades reales que tiene la misión para movilizarse”.
Usualmente, la CIDH puede arrancar entrevistando a las autoridades, después a los organismos de derechos humanos y la sociedad civil en general. “En este caso consideramos que tienen que entrevistarse con la Conferencia Episcopal, los medios de comunicación que son independientes, y muchos otros actores”, enumeró Núñez. Sin embargo, centró como prioritario atender a las víctimas.
“Es fundamental que esta misión escuche a las víctimas en la forma que determinen, y conforme a las posibilidades humanas que integren la misión lo permitan”, enfatizó Núñez. “Un lugar importante tiene que ser los estudiantes universitarios que son los que han sacado del letargo a Nicaragua”, añadió.
Cuando la CIDH vino a Nicaragua en 1978, para analizar la situación de los derechos humanos tras los bombardeos de la dictadura somocista, recogió alrededor de 3 mil 900 testimonios de víctimas, según la presidenta del Cenidh.
Núñez no descarta que el Gobierno, entre sus tretas, trate de obstaculizar o limitar la misión de la CIDH. La sospecha la levanta que la invitación del gobierno de Ortega sostiene que la Cancillería “facilitará y brindará asistencia” a la misión durante la estadía. Eso recuerda la misión de la OEA que observó las elecciones municipales bajo el control estricto del gobierno.
Multitudinaria caravana realizada este domingo en Masaya. Carlos Herrera | Confidencial
"Ellos (gobierno) querrán tal vez poner limitaciones a la comisión por disponibilidad de recursos o lo que sea. Pero eso no puede ser. Ese ofrecimiento de los gobiernos es aceptable por parte de la CIDH cuando no se disponen de servicios públicos. Pero aquí hay suficiente parque vehicular para que alquilen, lo mismo que hoteles y centros de convenciones que prestan todas las comodidades”, dijo Núñez.
La presidenta del Cenidh dijo que al término de la visita de la CIDH, deben presentar un informe al presidente de la república y luego hacerlo público en conferencia de presa, según los protocolos de las visitas ‘in loco’.
“Este informe es público y si la situación lo amerita puede ser llevado, incluso, hasta los órganos políticos de la OEA. Puede ser transmitido al Consejo Permanente y tome las medidas políticas que crea necesaria, como se hizo en 1978. En la 17 reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores, valoró que por ser Somoza un gobierno violador de derechos humanos no merecía seguir en el gobierno y debía irse”, comparó Núñez.
Aunque lo que emane del informe de la CIDH no tienen carácter vinculante. Pero sí acarrean una condena moral a los países.
“Esperamos que los órganos políticos de la OEA actúen. No es posible que el secretario general, Almagro, siga valorando con doble rasero situaciones parecidas o casi iguales que ocurren en otros países del continente, y que siga valorando con su silencio la situación que existe en Nicaragua”, sostuvo Núñez.
