Ortega responde a demanda de Fabio Gadea ante la CIDH

El Gobierno de Daniel Ortega respondió oficialmente a una denuncia interpuesta a nombre del excandidato presidencial Fabio Gadea ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, en la que Gadea afirma que le fueron violentados sus derechos políticos en 2011, cuando se le permitió a Ortega participar en las elecciones presidenciales, a pesar de que se lo prohibía doblemente el artículo 147 de la Constitución –que aún no había sido reformado por la Asamblea Nacional.

La denuncia fue presentada ante la CIDH el cinco de octubre de 2011 por el doctor Björn Arp, socio de la firma legal Aparicio, Arp & Associates y profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Alcalá. En el documento –facilitado a CONFIDENCIAL– se establece que Gadea denuncia ante el órgano de la OEA que vela por la protección de los derechos humanos, que en Nicaragua le fue violentado su derecho a la participación política por la “aceptación ilegal” de la candidatura de Ortega.

La denuncia establece que a Gadea se le violentaron, en concreto, tres artículos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relacionados a la participación política, la igualdad ante la ley y la protección judicial.

La Corte Suprema de Nicaragua despejó el camino a la reelección de Ortega en octubre de 2011, cuando declaró inaplicable para el caudillo del Frente Sandinista el artículo 147 de la Constitución, que prohibía la reelección continua, dándole vía libre al mandatario para postularse como candidato a las elecciones presidenciales de 2011.

Al no lograr en ese entonces los votos suficientes en la Asamblea Nacional para reformar la Constitución, el presidente Ortega optó por acudir a la Corte Suprema. La sentencia fue dictada por la Sala Constitucional de la Suprema, que ordenó al Consejo Supremo Electoral permitir que Ortega pueda participar en las elecciones. El fallo fue votado por seis magistrados de la Sala Constitucional, todos sandinistas, porque los magistrados liberales no asistieron a la sesión, por lo que los sandinistas decidieron reemplazarlos con magistrados de su partido que trabajaban en otra sala de la Corte.

El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez analiza la demanda interpuesta por Gadea. Carlos Herrera | Confidencial

Gabriel Álvarez, experto en temas constitucionales, dijo que la presentación de la denuncia de Gadea ante la CIDH es una importante oportunidad para dejar sentado un precedente “sobre las manipulaciones que en relación con una pretendida violación a un derecho humano inexistente, que es la reelección indefinida, se puede pronunciar la Comisión, por una parte, y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

La respuesta oficial

En su respuesta a la denuncia de Gadea, el Gobierno de Nicaragua niega que las autoridades electorales y judiciales hayan violentado los derechos políticos del excandidato presidencial y asegura que el Poder Judicial está a cargo de tutelar y garantizar los derechos fundamentales de los nicaragüenses y tiene la potestad de corregir la “desviación o ilegitimidad” en que hubieran incurrido otros poderes del Estado. De esta manera se justifica el fallo de la Sala Constitucional a favor de Ortega.

Para Álvarez la respuesta del Gobierno –que afirma que la Corte Suprema y el CSE actuaron conforme al derecho nicaragüense– es de “una pobreza técnica impresionante” y no cuestiona la “argumentación sólida” presentada ante la CIDH en representación de Gadea. Lo sorprendente, sin embargo, es que el Gobierno decidiera responder a esta denuncia, dado que el régimen de Ortega en varias ocasiones ha desestimado el papel de este órgano de la OEA. “El Gobierno estimó que en términos políticos le convenía responder, hacer las alegaciones correspondientes, pero ya sabemos que el Gobierno de Nicaragua no actúa bajo principios del Estado de Derecho o de racionalidad jurídica”, explica Álvarez.

El experto cree que con la presentación de los argumentos del Gobierno, el caso puede avanzar dentro del sistema interamericano, e incluso llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. Álvarez considera que pudiera haber hasta un fallo favorable para Gadea en ciertos aspectos de sus reclamos, aunque no en lo referente a declarar la nulidad de la candidatura de Ortega. “Eso ya perdió su sentido”, explica, “ya no hay relevancia jurídica para atender esa petición, porque incluso ya fue reformada la Constitución, por tanto la candidatura de Ortega en este momento se hizo conforme a derecho constitucional”.

En lo que sí puede fallar la CIDH, a juicio del experto, es en lo relacionado a determinar que no existe un derecho humano a la reelección, lo que sentaría un precedente importante en Nicaragua y Latinoamérica, una región inmersa en la ola reeleccionista de sus líderes, reacios a dejar la Presidencia.

“Dejar establecido por la CIDH que no existe tal derecho humano a la reelección indefinida, y que es legítimo establecer restricciones precisamente en aras del fortalecimiento de otros bienes y valores constitucionalmente consagrados en nuestros países, como la alternabilidad en el poder, el pluralismo político, la igualdad de garantías, es decir, que la Corte eventualmente diga que Fabio tiene razón, será de gran “remoralización” política para retomar la vía de la democracia en Nicaragua, e impedir que se utilice y se manipule ese argumento –el derecho a la reelección–, que se ha utilizado lastimosamente en muchos países latinoamericanos”, afirma Álvarez.