8 de julio 2018
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"Aquí las reglas las pone la Constitución de la República, a través del pueblo. Las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana porque se le ocurrió a un grupo de golpistas", argumentó el comandante Daniel Ortega este sábado, durante un acto político con sus simpatizantes, en Managua, para negar su salida del poder tras 82 días consecutivos de protestas contra su Gobierno, que han dejado más de 250 muertos confirmados.
Ante una multitud de simpatizantes orteguistas y empleados estatales, Ortega apeló a la Constitución de Nicaragua, que establece elecciones cada 5 años, para negarse al anticipo de los comicios, desestimando la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 para marzo de 2019, como ha se ha exigido masivamente en las calles y también han planteado la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y diversas naciones y grupos internacionales.
"Ya habrá tiempo, tal como manda la ley, habrá tiempo para elecciones, todo tiene su tiempo", dijo Daniel Ortega, con una media sonrisa en los labios, la única que dejó ver durante su discurso.
El presidente nicaragüense también advirtió que continuarán los ataques contra los que considera subversivos, en lo que llamó una "lucha por la paz".
El mandatario también tuvo palabras para los obispos, que actúan como mediadores en el diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica que representa a la población, para superar la crisis.
"Aquellos que lanzan maldiciones y nos sentencian a muerte en nombre de instituciones religiosas, que se acuerden de Cristo. Cristo nos mandó amarnos los unos a los otros y ese ha sido nuestro esfuerzo en la práctica cristiana, socialista y solidaria", sentenció Ortega.
En su discurso, el presidente nicaragüense insistió en responsabilizar por la muerte de los manifestantes a personas que supuestamente pagan a pandilleros "para la maldad", y acusó a las protestas cívicas de ser centros de "tortura, de terrorismo", exactamente lo contrario de lo que denuncian la población y organismos humanitarios nacionales e internacionales.
Este mismo sábado los nicaragüenses realizaron manifestaciones pacíficas contra Ortega en ciudades como Masaya, Matagalpa, Rivas, Somoto y en la isla de Ometepe.
En Matagalpa y Rivas las protestas fueron interrumpidas por grupos de choque oficialistas que agredieron a los manifestantes con disparos de armas de fuego, morteros, piedras y palos.
Horas antes en la iglesia Católica de Matagalpa se consagró como diácono al religioso Sadiel Eugarrios, una semana después de que recibiera amenazas de muerte por grupos afines al Gobierno.
La comunidad indígena de Sutiaba, en León (noroeste), permaneció sitiada desde la madrugada por las "fuerzas combinadas" del Gobierno, que operan con armas de guerra.
Un total de 19 personas arrestadas por protestar contra Ortega fueron liberadas por gestiones del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, a pesar de que grupos oficialistas presionaron a la Policía para evitar el rescate, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Tanto la CIDH, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) han responsabilizado al Gobierno nicaragüense de graves violaciones a los derechos humanos.
Entre las violaciones denunciadas destacan "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", según la CIDH, aunque el Gobierno de Nicaragua ha rechazado esas acusaciones.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Los nicaragüenses esperan superar la crisis en un diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica que representa a la población, cuyo reinicio está previsto para el próximo lunes.
Las protestas contra el Gobierno comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
