9 de marzo 2016
AA
El movimiento campesino que demanda la derogación de la ley del canal interoceánico en Nicaragua, concedida por el Gobierno al empresario chino Wang Jing, actúa con autonomía por la defensa de la tierra y la soberanía y carece de motivaciones partidarias, afirma Francisca Ramírez.
Desde la tierra que cultiva en la comunidad de La Fonseca, Nueva Guinea, Ramírez lidera a los campesinos y sostiene que ella no aspira a un cargo público o partidario en el año electoral.
En una entrevista en el programa de televisión Esta Noche, Ramírez se refirió a la candidatura a diputado por el departamento de Rivas de Octavio Ortega, ahora excoordinador nacional del Consejo en Defensa de la Tierra, el Agua y la Soberanía, del cual ella ha quedado a cargo. Ortega figura como candidato al parlamento por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
“Está en su derecho, él lo ha hecho a criterio personal. No tiene nada que ver el movimiento”, aseguró Ramírez, tras explicar que cualquiera del movimiento que aspire a un cargo partidario o de elección popular debe dejar el movimiento, según lo establece el reglamento del mismo.
“El movimiento de nosotros es un movimiento popular campesino, autónomo, de diferentes procedencias, por la defensa de la tierra, el lago y la soberanía. Alcanza a todo el mundo, no tiene límites, pero lo de nosotros no tiene que ver nada con la política”, indicó Ramírez.
Según la dirigente campesina, la única política del movimiento es la derogación de la Ley 840 que concede el proyecto canalero y contempla la expropiación de sus tierras. “Exigimos, y es una obligación de todos los nicaragüenses, velar por el bienestar, velar por la soberanía de nuestro país, y ese es nuestro objetivo: que la Ley 840 sea derogada y que se nos respeten nuestros derechos como campesinos”, subrayó.
Identificados con lucha de Berta Cáceres
Ramírez también participó este martes en la marcha que varias organizaciones de mujeres nicaragüenses realizaron en Managua en ocasión del Día Internacional de la Mujer y que fue dedicada a la activista hondureña Berta Cáceres, asesinada el pasado jueves 3 de marzo en su país.
Cáceres fue una líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente que se desempeñaba como coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh). Tenía 42 años y era madre de dos hijas.
Ramírez conoció a Cáceres durante un foro sobre la defensa de los recursos naturales en el cual participaron cien mujeres reunidas en Juigalpa, Chontales, en agosto del año pasado.
La dirigente campesina recordó que en aquella oportunidad, Cáceres les comentó su experiencia luchando por los derechos de los pueblos indígenas y en contra de los proyectos de extracción lesivos contra los recursos naturales, además de las agresiones y amenazas de muerte recibidas.
“Pensé que teníamos que pasar tanto sufrimiento en la lucha por los derechos contra las transnacionales, (en contra) de los grupos poderosos económicos que siempre tratan de violar los derechos de los sectores pobres o de bajos recursos del país”, expresó Ramírez, para quien los daños a la tierra equivalen a quitar a los campesinos el derecho a vivir en paz y quitarles la vida y ha dicho que ella misma estaría dispuesta a morir por la defensa de la tierra que estima pertenece a sus hijos.
“Mi meta no es un cargo político”
Ramírez celebró que el movimiento campesino que lidera goza del reconocimiento de la población nicaragüense, aunque considera que muchos no expresan su respaldo por temores políticos.
“Mi meta no ha sido tener un cargo político. La meta de nosotros como campesinos es que nos respeten nuestros derechos, que deroguen la Ley 840 y organizarnos (…) los pueblos organizados podemos decidir por nuestro propio destino”, insistió.
Ramírez estima quienes han llegado al poder olvidan al pueblo que los eligió. “Pero nosotros no aspiramos y espero en Dios que nunca se me pase por la mente llegar a tener un cargo político ni aspirar (…) yo me siento bien como soy, me siento bien cómo lucho por mi pueblo, con tanta gente que no puede hablar y esa es mi meta. Yo me siento orgullosa y me siento feliz de hablar por mucha gente que no puede hablar en el campo”, afirmó.
La dirigente también aprovechó para denunciar que el Gobierno ha tomado represalias contra los campesinos de la zona y que este les intimida de forma constante.
“Nos amenazan. Pasan cerca de las casas (en avionetas). Los niños lloran, preguntan a sus papás: ‘¿A dónde los van a llevar? Eso ha sido una zozobra para nosotros los campesinos y sentimos que es una intimidación que nos hace el gobierno”, reclamó.
Según Ramírez, el Gobierno ha politizado el rechazo al proyecto del canal. “No es un proyecto de nación. Si lo fuera dijeran: ‘Opinen’, ‘Veamos esto de fono’, ‘¿Cómo es?’, pero realmente lo que ocurre es que si alguien está en contra (del canal) o ya piensan que está en contra, piensan que está en contra de él (el gobierno de Daniel Ortega) y lo politizan”.
Ramírez describió que incluso enfrentan dificultades para acceder a los servicios de salud o de atención policial.
Sin embargo, anunció que el próximo 15 de marzo estarán en la parada de terminales de microbuses expresos frente a la Universidad Centroamericana (UCA) para continuar con la recolecta de firmas en contra del proyecto del canal interoceánico.
“El pueblo debe involucrarse”, animó Ramírez, tras recalcar que el proyecto de la concesión tal como está “es una nueva forma de esclavitud. Seremos esclavos de un extranjero”.
