14 de noviembre 2021
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El Gobierno de México llamó a consultas a su embajador en Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera, por sus "preocupaciones" respecto a los comicios en los que el presidente Daniel Ortega se reeligió sin competencia política, para un cuarto mandato consecutivo y el segundo junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
La información divulgada este fin de semana por varios medios de comunicación mexicanos, indica que la administración de Andrés Manuel López Obrador ya le manifestó al Gobierno de Ortega su opinión respecto al proceso electoral realizado el pasado 7 de noviembre.
También, la embajadora de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luz Elena Baños, dijo la semana pasada ante ese órgano regional que su país “a partir de su mandato constitucional de promoción, protección y respeto a los derechos humanos, ha externado al Gobierno de Nicaragua nuestras preocupaciones sobre el proceso político llevado a cabo el pasado 7 de noviembre y, especialmente, en lo que hace a la libertad de expresión y a la participación política de su ciudadanía”.
Según la prensa mexicana, la diplomática ahondó que dicha preocupación “derivó en el llamado a consultas de nuestro embajador acreditado en dicho país (Nicaragua)". Además, remarcó que su país “defiende y cree en la democracia representativa, fundamento de nuestra organización hemisférica".
México es uno de los siete Estados de la OEA que el viernes pasado se abstuvieron de votar por la resolución que declara “ilegítimas” las elecciones realizadas en Nicaragua, documento que fue aprobado con el voto favorable de 25 países de la región.
Los cancilleres de la OEA establecieron un plazo de 18 días para que el Consejo Permanente realice una “apreciación colectiva” de la situación de Nicaragua, “de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana”, y que lo “tome las acciones apropiadas”. Ambos planteamientos forman parte de los procedimientos establecidos en la Carta del organismo para la suspensión de un Estado miembro tras demostrarse que se rompió el orden democrático en el mismo.
El 21 de junio pasado México y Argentina llamaron a sus embajadores en Nicaragua, Gustavo Cabrera Rodríguez y Mateo Daniel Capitanich, respectivamente, para consultarles sobre “las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el Gobierno nicaragüense”, según un comunicado oficial conjunto.
En octubre pasado ambos países se abstuvieron de votar por una resolución de la OEA sobre la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Los argumentos con los que justificaron su abstención fueron: la no intervención asuntos internos de otros Estados y la defensa del diálogo, un escenario que en el caso del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la gran mayoría de la comunidad internacional considera inviable a corto plazo.
Sin embargo, el viernes pasado el Gobierno de Argentina dio un giro en su política exterior hacia Nicaragua y votó a favor de la resolución que declara ilegítimas las votaciones en este país.
