26 de marzo 2021
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La iniciativa de Ley Renacer, presentada este jueves al Congreso de Estados Unidos por un grupo bipartidista de senadores estadounidenses, amplía los motivos por los que funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pueden ser sancionados por el Gobierno norteamericano.
Desde mediados de 2018, Estados Unidos ha sancionado al menos a 27 ciudadanos vinculados al régimen, entre ellos altos funcionarios, diputados y miembros de la familia presidencial. A la lista se suman nueve instituciones públicas o entidades mixtas, entre ellas la Policía Nacional.
Todos han sido sancionados por actos de corrupción y violaciones contra los derechos humanos de los nicaragüenses. Sin embargo, el proyecto de ley dispone que también serán sancionados aquellos ciudadanos que “que obstruyan directa o indirectamente” la realización de las elecciones nicaragüenses del próximo 7 de noviembre.
La propuesta —Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer)— establece específicamente que serán sujetos a sanciones económicas las “personas extranjeras que obstruyan directa o indirectamente el establecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua”.
El documento detalla que los posibles sancionados incluyen a funcionarios del Gobierno y familiares de Ortega; miembros de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, y del Consejo Supremo Electoral (CSE). Así como “miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares”.
También la iniciativa de Ley Renacer menciona a “personas o entidades afiliadas a empresas involucradas en transacciones financieras corruptas acciones con funcionarios del Gobierno del presidente Daniel Ortega, su partido o su familia”.
Ley Renacer, esfuerzo bipartidista
La propuesta de ley fue liderada por el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. También cuenta con el apoyo del republicano Marco Rubio, senador por Florida, y los demócratas Tim Kaine, Dick Durbin, Ben Cardin y Chris Murphy.
“La Ley Renacer deja claro que Estados Unidos no tolerará el surgimiento de otro dictador en nuestro hemisferio. Esta nueva legislación alinea completamente la diplomacia y las sanciones estadounidenses hacia un objetivo: elecciones democráticas en Nicaragua en noviembre de 2021”, dijo Menéndez.
“Mientras continúan sin cesar los abusos de los derechos humanos, la cleptocracia y los ataques a la prensa libre del régimen de Ortega, este proyecto de ley coloca al Senado de los Estados Unidos firmemente del lado del pueblo nicaragüense”, agregó el senador por Nueva Jersey.
“Me enorgullece unirme a mis colegas bipartidistas para condenar las acciones del presidente Ortega y los funcionarios de seguridad nicaragüenses y pedirles que se comprometan con unas elecciones creíbles a finales de este año y una resolución pacífica de la crisis política de Nicaragua que ayudaron a crear”, destacó sobre la iniciativa de Ley Renacer el senador Durbin.
Alianza con socios diplomáticos
El senador Rubio afirmó que “a medida que el régimen planea celebrar elecciones, debemos asegurarnos de que Estados Unidos y nuestros aliados estén creando nuevas iniciativas para abordar la corrupción de Ortega, los abusos a los derechos humanos y la represión continua de miembros de la prensa independiente”.
“Estados Unidos y la comunidad internacional deben impulsar los esfuerzos para garantizar que el pueblo de Nicaragua pueda expresar libremente sus opiniones y participar en actividades políticas pacíficas”, subrayó el senador Kaine.
La iniciativa de Ley Renacer propone que la Administración de Joe Biden haga “gestiones diplomáticas” con los Gobiernos de Canadá, la Unión Europea (UE) y países de Latinoamérica y el Caribe “para imponer sanciones selectivas” contra los ciudadanos que obstruyan las elecciones nicaragüenses.
Entre 2019 y 2020, Canadá, la Unión Europea y Suiza han seguido los pasos de Estados Unidos, al sancionar a algunos funcionarios del régimen, acusados de corrupción y violaciones contra los derechos humanos.
Instituciones financieras y Rusia
La Ley Renacer amplía también la supervisión de los préstamos y asistencias que otorgan las instituciones financieras internacionales —Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo Monetario Internacional (FMI)—a Nicaragua. Este aspecto ya está contemplado en la Nica Act, firmada en diciembre de 2018 por el entonces presidente Donald Trump.
La propuesta manda a “tomar todas las medidas posibles para aumentar el escrutinio de cualquier préstamo o asistencia financiera o técnica proporcionada para un proyecto en Nicaragua, para asegurar que el préstamo o asistencia se está utilizando para los fines previstos”.
El texto aclara que cualquier suspensión no debe impactar a los proyectos vinculados a las “necesidades humanas básicas de la gente de Nicaragua”.
El proyecto demanda también que el Departamento de Estado elabore informes de inteligencia sobre la influencia y las actividades del Gobierno de Rusia en Nicaragua.
Estos informes deberán contener detalles sobre la cooperación de personal militar entre Rusia y Nicaragua; servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad y contratistas privados de seguridad rusos; las telecomunicaciones y navegación por satélite. Así como “las amenazas y riesgos que tales actividades plantean a los intereses nacionales de los Estados Unidos y su seguridad”, según el documento.
Reacciones en Nicaragua
El aspirante presidencial y exembajador de Nicaragua en EE. UU., Arturo Cruz, publicó en Twitter que la iniciativa “tiene consecuencias muy serias desde el punto de vista de fortalecer las sanciones existentes y coordinar a todas las instancias del Gobierno estadounidense en función de que haya elecciones libres”.
Explicó que “al introducirse al Comité de Relaciones Exteriores, en la primera sesión del Congreso, se garantiza su aprobación, aunque sea bajo trámite ordinario. Sin embargo, lo más probable es que será aprobada por consentimiento unánime en las dos cámaras (Senado y Representantes)”.
Cruz anticipó que el proyecto estará “en el escritorio del presidente Joe Biden para ser firmada entre mayo y junio, o antes inclusive”.
Mauricio Díaz, exembajador de Nicaragua en la OEA, señaló que “es un acuerdo bipartidista de senadores conocedores de la grave situación política, económica, social y de inseguridad del ciudadano; que sugiere más sanciones a instituciones como el Ejército, a fin de persuadir al régimen de Ortega aceptar la realización de elecciones libres, para un retorno a la democracia”.
