18 de agosto 2021
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El Frente Sandinista ha usado a familiares de muertos durante las protestas de abril, pastores evangélicos con vínculos en comisiones de paz y dirigentes de turbas, para hacer denuncias contra sectores de la oposición y aplicarles la justicia orteguista, en un patrón que se ha repetido, con más frecuencia, desde 2018.
La última víctima de estos falsos denunciantes —que pueden ser organizaciones, simpatizantes orteguistas o incluso partidos políticos colaboracionistas— fue el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Este partido político fue denunciado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), por supuestamente violar la Ley Electoral. En este caso, el Consejo Supremo Electoral (CSE), de mayoría orteguista, realizó un trámite expedito para cancelar la personería jurídica a CxL.
Antes, inhibieron a la modelo Berenice Quezada para que no corriera como vicepresidenta por la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL), intentaron encarcelar al monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, usando a una congregación de la que nadie había escuchado.
En 2018, un grupo de ciudadanos denunció ante el Ministerio Público al periodista Miguel Mora, director del Canal 100% Noticias, lo que provocó que el mismo día, en diciembre de ese año, fuera encarcelado junto con Lucía Pineda Ubau, directora de prensa, durante seis meses.
Estas personas no aparecen de la nada. Son parte de las estructuras del Frente Sandinista que se prestan para realizar falsas denuncias y se declaran “ofendidos”, para que una institución del Estado realice un trámite expedito a sus peticiones, lo que nunca ocurre cuando la queja viene de los sectores de oposición.
Los familiares de Bismark Martínez
La Miss Nicaragua 2017 Berenice Quezada acababa de presentarse como candidata a la vicepresidencia por ACxL y durante su discurso alentó a los nicaragüenses a votar “por los presos políticos”. Eso fue suficiente para que nueve orteguistas y el Estado de Nicaragua representado por la Procuraduría de Derechos Humanos, a cargo de la sandinista Darlin Ríos, y el Ministerio Público, pidieran su inhibición ante el CSE, que dio trámite y emitió una resolución en menos de 24 horas.
Entre los nueve orteguistas había ciudadanos conocidos: Óscar Danilo Pineda Martínez y Graciela Myrlhem Méndez Martínez. Ellos son hijos de Bismark Martínez, un trabajador de la Alcaldía de Managua que presuntamente fue asesinado en un tranque en Jinotepe Carazo, durante las protestas de 2018. Su cuerpo fue encontrado un año después por la Policía, en el mismo lugar donde fue “martirizado”, según la narrativa del régimen.
Para Óscar y Graciela era la primera vez que denunciaban oficialmente ante las autoridades orteguistas a un representante de la oposición, otros familiares ya habían hecho exactamente lo mismo con los mismos resultados. El 3 de diciembre de 2018, la esposa de Martínez se presentó ante el Ministerio Público para denunciar a Miguel Mora por “incitación al odio”, a quien además señalaron de promover los tranques en las diferentes ciudades del país.
Pero la familia de Martínez no fue la única utilizada por el orteguismo para sus fines políticos. Entre esas mismas denuncias realizadas contra Mora, estaban familiares de Guillermo Méndez Ortiz, quien supuestamente fue torturado y luego asesinado en Jinotepe, Carazo, el 12 de junio de 2018.
Miriam Lorenza Flores Miranda también participó en esa denuncia, la madre de Carlos Alberto Miranda, un joven de 19 años, trabajador de una zona franca que decidió “resguardar”, el edificio de la Alcaldía de Managua en el Distrito VI de la capital y murió de un disparo sin que se pudiera determinar con claridad las circunstancias de su muerte.
Entre ese mismo grupo, también estaba Amparo Audeli Ruiz Jiménez, quien figura como fiscal de la asociación Iglesia de Cristo del Rosario, cuando la Asamblea orteguista les aprobó su personalidad jurídica en el 2007.
El modus operandi
El abogado Yader Morazán explicó que la forma de operar del orteguismo en relación a las acusaciones ha cambiado. En 2018, los señalamientos estaban relacionados a narcotráfico o terrorismo, aunque para 2019 y 2020 se convirtieron en denuncias sobre tenencia de armas y drogas.
Morazán elaboró una investigación personal sobre el caso de su padre, Alfonso Morazán, quien fue acusado en 2019 por terrorismo, financiamiento de tranques y narcotráfico.
Los grupos de denunciantes, señala Morazán, tienen la particularidad de pertenecer tanto a las filas del Frente Sandinista o de alguna institución del Estado.
En el caso contra su padre, los testigos eran paramilitares, trabajadores de la Alcaldía de Estelí, y en ocasiones, ciudadanos que ya habían testificados en otros juicios políticos, según documentos del abogado.
28 años de turbas y agresiones a obispos
Si de repetir denuncias o causas políticas se trata, Rafael Valdez, tenía 25 años de experiencia cuando saltó nuevamente a la luz en 2018, para denunciar con un audio manipulado, la supuesta petición de monseñor Báez para que se volvieran a levantar los tranques en el país.
Valdez se hizo acompañar de un grupo perteneciente a la “Comunidad Cristiana San Pablo”, que pidieron al papa Francisco que retirara a Báez del país. Para este fin, se hizo valer de, supuestamente, 300 000 firmas que recolectó entre simpatizantes orteguistas y empleados públicos.
En 2019, Valdez dirigió una turba que entró a la catedral de Managua para tomarse el lugar y agredir al padre Rodolfo López, quien se encontraba dentro en ese momento.
En 1993, Valdez lideró una turba que agredió al obispo de Granada Jorge Solórzano. Junto a su hermano, impulsaban una especie de organización que buscaba crear una Iglesia católica paralela desde las denominadas Comunidades Eclesiales de Base (CEB), algo que intentaron desde los años 80 con el primer régimen sandinista.
Pastores contra el PRD
De estas misteriosas organizaciones se ha valido el FSLN para señalar incluso a partidos políticos, que luego ven canceladas su personería jurídica a manos del Poder Electoral.
El pasado lunes 17 de mayo, un grupo de pastores evangélicos denunció ante el CSE al Partido de Restauración Democrática (PRD) por supuestamente haber reformado sus estatutos y suscribir una alianza de hecho con la Coalición Nacional, que buscaba una casilla para participar en las elecciones del próximo 7 de noviembre.
“Hemos tenido conocimiento que el partido ha reformado sus estatutos y ha suscrito una alianza electoral con personas que no son compatibles con los principios y valores cristianos que promueve esa organización. Ante tales hechos, venimos a impugnar tanto la aprobación de la reforma al estatuto del PRD como la suscripción de cualquier tipo de alianzas con personas que son contrarias a los valores que se promueven dentro de la referida organización política”, dijo uno de los pastores durante la presentación de la impugnación ante el CSE.
Pero el reverendo Saturnino Cerrato, presidente del PRD alega que esos pastores nunca han sido integrantes ni directivos del partido político.
“De acuerdo con la Ley Electoral, cuando alguien impugna, el Consejo le traslada la impugnación al partido para que este responda y eso no se dio. De modo que todo lo actuado es ilegal, ilícito, arbitrario e improcedente”, recuerda Cerrato vía telefónica.
Los denunciantes representan alguna iglesia de denominación evangélica en el país. Sus organizaciones han surgido desde 2010, pero además de eso, Cerrato asegura que son parte de las comisiones de paz, establecidas por el régimen de Ortega y que se encuentran bajo la tutela de Sixto Ulloa, procurador especial de Participación Ciudadana.
Las comisiones de paz fueron creadas por el oficialismo con el supuesto objetivo de buscar la reconciliación entre los nicaragüenses, tras las protestas pacíficas que surgieron en 2018.
Desde su conformación, estas organizaciones, que hasta julio de 2019 eran 5000, pero en agosto subieron a 6000, se han plegado al discurso oficial repitiendo que lo ocurrido en 2018 fue un “intento de golpe de Estado”.
Un documento de la Asamblea Nacional, publicado en octubre de 2019, recoge lo siguiente: “más allá del intento de quebrar con el orden jurídico del país, fue un conjunto de acciones que violentaron los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a vivir en paz, a vivir libres de violencia, el derecho a la integridad personal, a no ser víctimas de tratos crueles, inhumanos, degradantes, humillantes y aterrorizadores”.
“Sí son pastores de pequeños grupos. No hay ni uno de las Asambleas de Dios y simplemente están prestándose al juego del Frente Sandinista”, asegura Cerrato.
