3 de julio 2021
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Treinta y seis horas después que se publicara la “Lista Engel”, en la que se incluyen los nombres de 55 personalidades de los tres países que componen el triángulo norte de Centroamérica, a los que el Gobierno de Estados Unidos tilda de corruptos, ni los poderes del Estado salvadoreño, ni los del guatemalteco, han anunciado que vayan a iniciar alguna investigación para determinar la veracidad de las acusaciones.
La “Lista Engel” surge de la obligación que se le impuso al Departamento de Estado de Estados Unidos, para que informe a su Congreso sobre ciudadanos del triángulo norte, de los que se tenga información verificada que están implicados en actos de corrupción, o en actos contrarios al régimen democrático.
Este primer informe tiene dos secciones: una clasificada (vinculadas a investigaciones en curso, algunas hasta de carácter penal), y una pública, que es la que se dio a conocer.
Desde Guatemala, el economista Ricardo Barrientos, encargado del área de Acción Política del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), confirmó que “los poderes del Estado directamente afectados, no se han pronunciado”, silencio que denota la magnitud del golpe asestado. “Estados Unidos no tiene jurisdicción aquí, pero sí incidencia política”, reconoció.
En la lista guatemalteca hay diputados en ejercicio; un expresidente, y funcionarios cercanos al presidente Gianmettei. “Las personas señaladas deberían ser separadas de sus cargos, o alejados del poder”, además de acelerar los casos que ya están en un proceso penal, dijo Barrientos, admitiendo que “es muy difícil creer que reaccionen los estamentos de los tres poderes afectados. Lo más seguro es que lo ignoren y si responden, sea jugando la carta de la soberanía”.
Desde El Salvador, Wilson Sandoval, coordinador de la oficina de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), adscrita a la Fundación Nacional para el Desarrollo, (Funde), dijo que “en el deber ser, un fiscal general independiente —no impuesto como el actual— investigaría de oficio, ante los hechos notorios y públicos que la prensa presenta a diario sobre corrupción, y que esta lista termina de confirmar”.
Añade que la lista debería aprovecharse como una herramienta para perseguir la corrupción, por primera vez, bajo una política penal independiente y objetiva. “Las expectativas sobre las reacciones son completamente nulas y en todo caso, podría ser utilizada como un arma política para perseguir a opositores, sin iniciar investigaciones a políticos oficialistas”.
“Ya el fiscal impuesto ha manifestado que no tiene en mente dar seguimiento a estas listas, lo cual deja el mensaje claro de no afectar a los intereses de Casa Presidencial”, concluyó.
El riesgo de que Bukele siga la pauta de Ortega
En El Salvador la represión dictatorial desatada por Daniel Ortega en Nicaragua, hasta ahora en total impunidad, es seguida con especial atención. “La frase que podría resumir nuestra preocupación es ‘cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar’”, dijo Roberto Rubio-Fabián, director ejecutivo de Funde, de El Salvador.
“Es muy posible”, aunque “no parece que en el corto plazo Bukele haga algún intento real de controlar de esas maneras a la oposición, o a grupos que le son contrarios”, dijo por su parte Abelardo Medina Bermejo, coordinador del área de Análisis Macrofiscal del Icefi.
Aunque Bukele ha cuestionado a Daniel Ortega desde que era candidato presidencial, y bajo su Gobierno, El Salvador ha votado en contra de la dictadura en el plenario de la Organización de Estados Americanos (OEA), eso no implica que no pueda terminar copiando las estrategias de aquel al que ha criticado.
“Son formas”, dijo Rommel Rodríguez, economista de Funde, recordando que, mientras estuvo en la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump “nunca se pronunció sobre la entrada de los militares a la Asamblea Legislativa de El Salvador, pero ahora llama ‘dictadores’ a los presidentes de los tres países que conforman el triángulo norte. Ahora sí llama dictador a Bukele. Es un juego de imágenes”, reiteró.
“Los autoritarismos tienen diferentes colores. La raigambre del presidente Ortega era de izquierda. Aquí tenemos a un derechista conservador solapado, que tiene buenas relaciones con los militares, pero ambos son autoritarismos. Si no, preguntémosle a la Historia: Franco era de derecha; Stalin, de izquierda. ¿Qué más da? Mataban gente y abusaban de sus ciudadanos”, sin que sus diferencias ideológicas los diferenciaran en realidad, ejemplificó.
La vía rápida salvadoreña
La situación de Nicaragua “se ve con mayor preocupación en El Salvador que en Guatemala y en Honduras, porque nos estamos viendo en el espejo de lo que puede ocurrir acá, si no se hace lo que se tuvo que hacer a tiempo en Nicaragua”, remarcó Rubio, presidente de Funde, que es también el capítulo salvadoreño de Transparencia Internacional.
El ejecutivo expresó su temor porque si en Nicaragua se necesitó más de una década para demoler la institucionalidad y la separación de poderes, en su país eso está ocurriendo a pasos acelerados.
“Si en Nicaragua se necesitaron 10 a 15 años para llegar hasta donde han llegado, acá podemos llegar en tres años, porque la toma del Poder Judicial prácticamente se hizo de mayo para acá”, ilustró.
Para este tipo de dictaduras es fundamental ir a la caza del Poder Judicial. En Nicaragua lo hicieron hace tiempo, pero es ahora que están viendo las consecuencias de esa toma, porque no hay nadie que te defienda. Uno no puede recurrir a nadie ante una injusticia o un atropello”, añadió.
“Acá [en El Salvador] se ve con mucha preocupación lo que está pasando. Es terrorífico, pero también es burdo. En otros países se pone la cancha inclinada para ganar elecciones, o se puede hacer trampas en las urnas, pero tratar de borrar a los candidatos, nunca se había visto en la historia, al menos en el continente”, destacó.
Explicó que, en ciertas esferas, “hay esa sensación de que Nicaragua está siendo vista en El Salvador, como el ejemplo de algo a lo que no queremos llegar, y que tenemos tiempo de impedir, por eso es que se escucha repetir mucho el argumento de que ‘hay que actuar pronto’, antes de que tengamos una situación como la de Nicaragua”.
Copiando a Guatemala, Honduras y Nicaragua
Observando desde Guatemala lo que acontece en el resto de la región, el experto fiscal Abelardo Medina Bermejo, del Icefi, admite que “es muy posible” que Bukele profundice la deriva autoritaria que ha mostrado.
“Aun cuando Bukele parece tener un pensamiento de derecha moderada, o de derecha más moderna, con buenos tintes de populismo, (por los incrementos dramáticos del gasto para tratar de mantener una buena imagen), no parece que en el corto plazo haga algún intento real de controlar a la oposición —o a grupos que le son contrarios— usando esas maneras”, opinó.
Medina Bermejo recuerda que, en la región, Nicaragua fue el primer país –luego le siguieron Honduras y Guatemala- que aprobó leyes que restringen la organización, por ejemplo, de los entes no gubernamentales, “con la posibilidad incluso de cerrar a aquellos que opinen en contra del gobierno, bajo el escudo de garantizar la soberanía, y la estabilidad económica”.
Explica que, en este momento, no se puede tener seguridad del camino que seguirá Bukele, pero admite que podría imitar a sus vecinos.
“Vislumbro que ocurrirá algún tipo de cambio de gran envergadura en El Salvador, vía reforma constitucional, que podría derivar en la reelección de Bukele, y potencialmente, en el mediano plazo, ante las protestas de algunas personas, podría darse que hubiese algún tipo de restricciones a la organización, y a limitar la libre opinión”.
La abogada Claudia Umaña, presidenta de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), dijo en declaraciones al programa online FocosTV, que “lo que no se haga en el caso nicaragüense, enviará unas señales muy negativas a la región, estableciendo un nivel de permisividad muy alto. Nicaragua ha puesto un nuevo estándar en cuanto a violación de los Derechos Humanos”.
