21 de mayo 2019
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La dictadura de Daniel Ortega será nuevamente sometida a un escrutinio este martes en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). En la sesión extraordinaria, Canadá someterá a votación un proyecto de resolución que pide al Gobierno la “liberación incondicional de todos los presos políticos”, elecciones libres y el regreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La resolución, a la que tuvo acceso CONFIDENCIAL, solicita que todos los presos políticos de la lista conciliada en la mesa de negociación se liberen antes del 18 de junio, fecha que fue acordada como plazo por la dictadura con la opositora Alianza Cívica. Es lunes, al menos 99 de esa lista fueron excarcelados por la dictadura, sin embargo, todos permanecen como rehenes políticos bajo la figura de casa por cárcel o régimen de convivencia familiar.
“Esta liberación deberá contar con mecanismos independientes de monitoreo y verificación”, dice el borrador de resolución.
Sobre las elecciones libres, el Consejo Permanente pedirá al Gobierno que “en colaboración con el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (de la OEA), dar curso a las medidas institucionales necesarias que garantices elecciones libres, justas, transparentes y legítimas”.
La dictadura de Ortega ya tiene un memorándum de entendimiento con la OEA, firmado en 2017, para impulsar reformas electorales. Esta vez, el Consejo Permanente solicitará que en futuros comicios participen “observadores electorales independientes”, incluida la OEA.
En las votaciones presidenciales de 2016, cuando Ortega se postuló sin competencia, eliminado antes a la oposición con resoluciones del Poder Electoral y Judicial amañadas y su esposa Rosario Murillo como candidata a la vicepresidencia, la dictadura impidió la observación electoral independiente.
Demandarán garantías constitucionales y retorno de exiliados
El Consejo Permanente también le solicitará al Gobierno que garantice la libertad de prensa y de expresión y el derecho a la manifestación pacífica, que desde septiembre fueron prohibidas y criminalizadas por la Policía, tras cinco meses de masivas protestas ciudadanas, que comenzaron en abril de 2018.
Además, demandarán "cesar las detenciones arbitrarias y garantizar la labor independiente de organizaciones y defensores de derechos humanos".
"Garantizar el regreso y permanencia seguro, sin represalias, a todas las personas que fueron forzadas a abandonar Nicaragua como resultado de la actual crisis", concluye el proyecto de resolución.
