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La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó el miércoles 14 de enero de 2026 una reforma constitucional que establece que los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra, según informó el Legislativo, una medida muy criticada por la oposición en el exilio.
“La Asamblea Nacional aprobó en Segunda Legislatura la Ley de Reforma Parcial a los artículos 23 y 25 de la Constitución Política” nicaragüense, indicó el Canal Parlamentario en su cuenta de Facebook.
El artículo 25 de la Constitución Política ahora reza que “la nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad”, y el artículo 23 que “las y los extranjeros pueden ser nacionalizados, previa renuncia a su nacionalidad originaria”.
Esta reforma constitucional parcial fue aprobada el 16 de mayo de 2025 en Primera Legislatura y el miércoles en Segunda Legislatura y definitiva, como dicta el procedimiento.
La enmienda fue propuesta con carácter urgente por los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que argumentaron en la exposición de motivos que “la nacionalidad no es un trámite administrativo, sino un pacto sagrado de lealtad. Quien adquiere otra nacionalidad y jura lealtad a un Estado extranjero, rompe el vínculo jurídico y moral con Nicaragua. No puede existir doble fidelidad: la patria exige compromiso exclusivo”.
Reforma criticada por la oposición en el exilio
Grupos opositores en el exilio como la Unión Democrática Renovadora (Unamos), ha repudiado la reforma que elimina la doble nacionalidad para los nicaragüenses por considerarla una profundización de la “escalada autoritaria” de los Ortega-Murillo, que siembra “aún más incertidumbre y desprotección entre la población nicaragüense, especialmente aquellos que, en legítimo ejercicio de sus derechos, han adquirido otra nacionalidad”.
“La nacionalidad es un derecho inherente a la persona, un vínculo fundamental con la patria que no puede ser revocado arbitrariamente por un régimen autoritario que busca silenciar voces disidentes y consolidar su poder a través del terror y la represión”, expresó Unamos a través de una declaración pública cuando la reforma se aprobó en Primera Legislatura.
Cientos de nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad por el Gobierno de Ortega-Murillo, mientras que a otros se les ha negado el ingreso a su país, en medio de una dura y prolongada arremetida contra la disidencia.
El representante para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Andrés Sánchez Thorin, dijo en septiembre de 2025 que las garantías básicas y fundamentales de derechos humanos “se ha eliminado” en Nicaragua a través de una serie de reformas legales, incluida una “profunda” de la Constitución.
A mediados de febrero de 2025, Nicaragua puso en vigor una reforma profunda a la Constitución Política que transforma el Estado, elimina el balance de poderes y otorga un poder total a Ortega y Murillo.
Se reformaron 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y derogaron otros 37, incluido el que prohibía la práctica de la tortura, estableció la figura de “copresidenta” y se legalizó la apatridia, entre otros cambios.
