12 de septiembre 2023
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Las autoridades nicaragüenses expropiaron las viviendas de la poeta y escritora Gioconda Belli, de su hijo Camilo de Castro, y la de los excancilleres Francisco Aguirre Sacasa y Norman Caldera, denunciaron este martes los afectados.
También expropiaron las casas del exmiembro de la Junta de Gobierno Moises Hassan, la del defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión y la de la activista Haydée Castillo, todos privados de su nacionalidad por las autoridades.
“Ayer la dictadura Ortega Murillo consumó la confiscación de mi casa de habitación en Managua, enviando policías a ocuparla. Es una casa que para siempre contendrá el recuerdo de mi energía creativa, la huella de mis libros y el paisaje que más amaba. Lo que era queda en mí”, denunció la poeta nicaragüense Gioconda Belli, de 74 años y ganadora del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, desde su cuenta de la red social X (antes Twitter).
Ayer la dictadura Ortega Murillo consumó la confiscación de mi casa de habitación en Managua, enviando policías a ocuparla. Es una casa que para siempre contendrá el recuerdo de mi energía creativa, la huella de mis libros y el paisaje que más amaba. Lo que era queda en mí.
— Gioconda Belli (@GiocondaBelliP) September 12, 2023
“Los tiranos —continuó en otro mensaje— creen que pueden doblegar a las personas despojándolas de lo que les pertenece. Pierdo mi casa ocupada ayer por la policía, pero ellos, sumidos en la paranoia y la mentira, han perdido sus valores, su historia, convertidos en malsanos tiranos dignos de repudio”.
Belli dijo que la poesía la abrazaba “esta tarde en que se consuma el robo de mi casa por la dictadura”.
“Pienso en (el poeta Gustavo Adolfo) Bécquer para parafrasearlo: Volverán las oscuras golondrinas de mi jardín sus nidos a colgar; pero aquellos que ensuciaron nuestra historia, esos no volverán. Así sea. Así será”, agregó.
También al hijo de la escritora y excancilleres
El cineasta, activista y ambientalista Camilo de Castro, hijo de la escritora, también denunció la ocupación de su casa.
“La dictadura Ortega Murillo, a través de la PGR (Procuraduría General de la República) y la Policía, consumó el robo de mi casa en Nicaragua. Recibimos la noticia con indignación y tristeza, pero decididos a seguir denunciando a la dictadura y luchando por un país distinto. ¡Jamás nos van a doblegar o callar!”, escribió desde su cuenta de la red social X.
Esta es mi casa como la dejé en el 2018. Hoy el régimen de Ortega y Murillo se la robó en castigo por ser defensores de DDHH y ayudar a la liberación de los presos políticos. Sin embargo tendré para siempre el gusto de decir que los liberamos 💙🤍 #Nicaragua #HabraJusticia pic.twitter.com/5A16Qa8qEj
— Leonor Zúniga (@LeonorNica) September 12, 2023
Su esposa, la también cineasta Leonor Zúniga, abogó para que “el escuadrón de ladrones” rieguen las plantas del patio y “no se coman los garrobos pinches bestias sin imaginación”.
En el caso de Aguirre Sacasa, que fue canciller durante la Administración de Arnoldo Alemán (1997-2002), le expropiaron una vivienda y una finca ubicada en las afueras de Managua; y a Caldera, canciller durante el Gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007), una vivienda.
“Nicaragua es un país sin leyes”
Mientras que a Hassan, que fue miembro de la Junta de Gobierno tras el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, en 1979, confirmó al diario La Prensa que desde el domingo llegaron oficiales de la Policía a tomarse su vivienda en Managua, valorada en 300 000 dólares.
Hassan se declaró ofendido, golpeado y con sentimiento de que “Nicaragua es un país sin leyes, donde no se respetan los derechos de la población”.
El defensor de derechos humanos y fundador del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, fue el primero en denunciar la expropiación de su casa, la cual, dijo, estaba valorada en 70 000 dólares y terminó de pagar a un banco vinculado al Ejército de Nicaragua.
“Los que ordenan y ejecutan las acciones son criminales de lesa humanidad y ladrones. Como defensor de derechos humanos no van a lograr el propósito de silenciarnos. La confiscación es una acción de maldad”, señaló.
Las autoridades de Nicaragua despojaron el pasado 15 de febrero de su nacionalidad a 94 nicaragüenses, con lo que sumaron 317, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado del Gobierno de Ortega a territorio estadounidense.
El Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó entonces “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscrita a su favor, ya sea a título personal o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios, para responder por los delitos cometidos”.
*Con información de EFE.
