5 de mayo 2023
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El Ministerio de Gobernación (Migob) autorizó a la Procuraduría General de la República pasar a nombre del Estado, los bienes muebles e inmuebles de 12 organizaciones sin fin de lucro que fueron canceladas el tres de mayo por supuestamente obstaculizar el control y vigilancia que realiza la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro de ese ministerio.
Estos bienes se suman a las más de 150 propiedades que han sido confiscadas a través de despojos de facto y de las masivas cancelaciones de personería jurídica de los últimos cinco años. Entre los organismos afectados se encuentra la Fundación Cristiana de Televisión Enlace (Enlace Canal 21), que pertenece al pastor evangélico, Guillermo Osorno, antiguo aliado del régimen.
El canal de televisión, junto con la emisora Radio Nexo, fue sacado del aire en noviembre de 2021, días después que Osorno, quien fue excandidato presidencial del partido político Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), diera una conferencia de prensa en la que denunciaba al Poder Electoral de alterar los resultados de las votaciones para favorecer a los candidatos del FSLN.
Las otras organizaciones afectadas son: Asociación Grupo de Auto Ayuda de Occidente de Personas que conviven con el VIH, Asociación y Misión de Iglesias Evangélicas Pentecostés San Juan 7:38, Asociación Cristiana Josué, Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria de Nicaragua, Asociación para el Corredor Seco de Nicaragua y la Fundación de Desmovilizados y Víctimas de Guerra.
También la Asociación Cristianos Sembrando la Mejor Semilla, la Asociación de Desarrollo Rural en Fe y Justicia, Fundación para el Desarrollo de la Microempresa, Asociación Amigos del Teatro Municipal (José de la Cruz Mena) y Asociación Instituto Cultura Rubén Darío.
A todas estas oenegés las señalaron de no reportar sus estados financieros por períodos de uno a 12 años, no detallar sus ingresos y egresos, ni revelar el origen, proveniencia y beneficiario final de sus donaciones. Asimismo, de no informar sobre sus juntas directivas ni presentar las aclaraciones financieras solicitadas.
Médicos Sin Fronteras y Schoolbox se van de Nicaragua
El Migob también autorizó la disolución voluntaria de seis organizaciones nacionales y dos internacionales. Entre estas últimas destaca Médicos Sin Fronteras “Bélgica”, quienes llegaron a Nicaragua en octubre de 2018 para ejecutar programas de atención médica y de salud mental a víctimas de guerra.
Según el sitio web de este organismo, los programas de atención se enfocaron en fisioterapia, neurología y atención a las víctimas de violencia sexual en los departamentos de Managua, Masaya, Jinotepe (Carazo), León, Estelí, Jinotega y Matagalpa.
Tras las protestas de 2018, ampliaron el apoyo al brindar asistencia en Costa Rica, a los nicaragüenses que huyeron a ese país. Según describen, el proyecto de Médicos Sin Fronteras duró un año e invirtieron 900 mil euros.
La disolución voluntaria fue pedida el pasado 23 de marzo de 2023 por su representante legal, quien la solicitó “por haber finalizado la ejecución del último proyecto de salud mental en el año 2019 y por no tener previsto desarrollar más proyectos de ayuda humanitaria en Nicaragua”.
El otro organismo internacional que pidió su cierre fue Schoolbox, una oenegé canadiense que desde 2006 ejecutaba programas y proyectos de educación en Nicaragua. Según describen en su sitio web en este período financiaron 120 aulas integrales, construyeron y reformaron 76 baños escolares, cinco campos de juegos, entregaron más de 160 000 paquetes educativos, instalaron 91 bibliotecas con 44 704 libros.
Según el Migob, la disolución voluntaria fue pedida el 28 de marzo de 2023 por “falta de fondos para ejecutar proyectos en Nicaragua a causa de la pandemia de la covid-19”.
En lo que va de 2023, al menos 41 organizaciones sin fin de lucro han solicitado la disolución voluntaria de su personería jurídica y registro de operación, en el caso de las extranjeras, según un monitoreo de CONFIDENCIAL. A diferencia de los cierres decididos de forma unilateral por el Migob, las asociaciones pueden decidir sobre el fin de sus bienes.
En total, el Migob ha cancelado la personería jurídica de 3336 oenegés desde noviembre de 2018. Estos cierre masivos han afectados a poblaciones vulnerables y empobrecidas que eran beneficiadas con sus programas y proyectos. Además ha mandado al desempleo a unos 23 000 nicaragüenses, según estimaciones.
