2 de marzo 2019
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Un total de 19 organizaciones políticas, ocho de ellas agrupadas en dos alianzas, participarán en las Elecciones Regionales 2019 que se realizarán el domingo tres de marzo en medio del contexto de la crisis sociopolítica producto de la brutal represión a las protestas ciudadanas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la falta de confianza en el sistema electoral, el nulo cambio en el Consejo Supremo Electoral y la previsión de una abstención aún mayor a la acostumbrada en estos comicios.
“Es bien difícil convocar a la población a unas elecciones con el mismo CSE, que no tiene ninguna credibilidad, inmersos en una crisis política de la que no tenemos la menor idea de cómo vamos a salir de ella. Es bien difícil, especialmente teniendo en cuenta la alta abstención que siempre ha manifestado, a partir de 1998, las Elecciones Regionales”, afirmó José Antonio Peraza, politólogo y director del Movimiento por Nicaragua.
Peraza agregó que, en estas elecciones, con un CSE parcializado a favor del régimen de Daniel Ortega, el poder no está en discusión, y al no estar este punto en agenda en ese proceso electoral, la participación en las elecciones regionales no tiene ningún sentido.
En Bluefields, donde se encuentran cinco circunscripciones, los partidos políticos han tratado de atraer a la población para que voten en los comicios regionales, sin embargo, los ciudadanos están afectados por el contexto nacional después de diez meses de la crisis sociopolítica.
Dolene Miller, ciudadana afrodescendiente creole de Bluefields, señaló que en la víspera de las elecciones regionales, se perciben dos ambientes: el de la ciudad y el de los municipios. En las comunidades la población está más atenta a querer votar y en la ciudad es una manifestación diferente. Eso sí, en ambas existe cierto temor por un fraude electoral.
“La población siente temor a un fraude porque trece días antes de elecciones regionales, hemos visto como la Asamblea Nacional ha reformado el artículo 196 de la Ley Electoral, y que además de eso no tomó en cuenta que la Ley de Autonomía tiene un artículo que define quiénes son los que pueden votar en estas elecciones”, refirió Miller.
La abstención en el Caribe
En las elecciones presidenciales de 2016 los partidos de oposición que participaron en los comicios, y organismos de la sociedad civil, estimaron que la abstención electoral fue más o menos del 70 por ciento. En el 2017 el proceso de las elecciones municipales fue nuevamente marcado por la abstención y las irregularidades.
Sobre la abstención, Miller explicó que si se toma como referencia a los ciudadanos que sí pueden votar, entonces se puede suponer que estos no saldrían a ejercer el sufragio, y existen grandes posibilidades de que se repita un porcentaje de hasta el 80 por ciento, sin embargo, esta realidad no quedaría en evidencia al momento de contar las boletas.
“A la hora de contar la cifra (de votos) se duplica. En el último informe del CSE de las elecciones nacionales los votos se duplicaron. En las últimas elecciones la población ha votado menos porque no hay confianza en los operadores del CSE, así que sí puede haber una alta abstención físicamente, pero a la hora del conteo de votos por lo general el CSE incrementa la participación para hacer creer que hay una cantidad considerable de personas que salieron a votar”, explicó Miller.
La también defensora de derechos humanos en la Costa Caribe, agregó que con la reciente reforma electoral es probable que los militares y policías que no pertenecen a las regiones autónomas y que solo están en la zona para trabajar, lleguen a votar hasta tres veces, y de esta forma podrían incidir para disminuir el porcentaje de abstención.
“Otro problema es la cantidad de personas que se han traslado desde el interior a la Costa. El CSE les ha impedido tramitar sus cédulas. Mientras que los nuevos colonos, podrían trasladarse a las urnas más cercanas para incrementar el número de votantes e incidir en los resultados”, continuó.
Miller explicó que el abstencionismo no significa que los ciudadanos no quieran elecciones, sino que se sienten obligados a participar en un sufragio sin tener garantías de observación nacional e internacional.
“No nos gusta la forma en que nos obligan a votar. Tampoco es posible que cuando en la mesa de diálogo se habla de reformas a la Ley Electoral, a nosotros nos someten a votar con una Ley viciada y con un CSE no creíble, en el que nadie confía. Nos obligan a votar para aportar a una normalidad en un país donde hay problemas sociopolíticos. Por eso hemos pedido que suspendan elecciones, por lo que estamos pasando y porque no hay garantías y tampoco condiciones para este proceso”, argumentó.
La reforma electoral y las expectativas
Nancy Elizabeth, presidenta regional de Yatama, dijo a CONFIDENCIAL que su partido espera ganar 30 de 45 concejales, principalmente en circunscripciones de Waspam, Bilwi y Prinzapolka. Asimismo, admitió que la represión ha afectado la campaña política, y es probable que por este motivo muchas personas no vayan a votar.
“En el Triángulo Minero ha estado fría la participación, podría haber un 80% de abstención. La gente tiene miedo, se sienten amenazados, nadie quiere salir y tampoco quieren hablar de votos o partidos”, expresó la presidenta regional de Yatama.
El politólogo costeño Miguel González señaló en un artículo de opinión publicado en CONFIDENCIAL, que las elecciones regionales se deberían de suspender porque el país atraviesa una de las peores crisis políticas de su historia, y “no existen garantías para un proceso electoral transparente” que sea capaz de dar confianza a los ciudadanos costeños de que sus votos serán respetados.
El 19 de febrero la Asamblea Nacional, dominada ampliamente por diputados sandinistas, aprobó la reforma a la Ley Electoral (Ley 331), que dispone que en las Elecciones Regionales se permita votar a los nicaragüenses que, aunque no aparezcan en el padrón electoral activo pero sí en el listado pasivo, ejerciendo su derecho al sufragio con tan solo presentar su cédula de identidad.
A juicio de González la reciente reforma abre una cuestionable ventana para que personas no residentes costeñas voten en las elecciones regionales, en abierta violación a la Ley de Autonomía.
González señaló que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Yatama vs Nicaragua de 2005 estableció la necesidad de una reforma a la Ley Electoral para asegurar garantías constitucionales de participación política, en particular de un “recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita controlar las decisiones del Consejo Supremo Electoral que afecten derechos humanos, tales como los derechos políticos”.
“Sin democracia no hay autonomía, y para la sociedad costeña, la autonomía es la forma de ejercer democracia y las libertades fundamentales. El gobierno del FSLN al desmantelar el sistema democrático del país, también ha hecho colapsar el frágil marco institucional de la autonomía a través de elecciones faltas de credibilidad y transparencia”, opinó González.
Elizabeth afirmó que el partido del dictador Daniel Ortega, el Frente Sandinista, nuevamente está jugando al “ratón loco” contra sus opositores y que están montando el voto doble para inflar las urnas el día de la elección. Elizabeth indicó que de haber fraude electoral, como sucedió en las elecciones municipales de 2017, saldrán a las calles a protestar.
“Yatama ha estado con la lucha del pueblo. De una u otra forma afecta esto en todas nuestras comunidades, en todo el trabajo electoral y en el pueblo indígena. Nosotros estamos preparados para la defensa del voto. Si hay fraude saldríamos a la calle. No lo vamos a permitir”, afirmó Elizabeth.
La participación de los partidos
Un total de 19 organizaciones políticas, ocho de ellas agrupadas en dos alianzas, participarán en los comicios que se desarrollarán el próximo domingo tres de marzo. La Alianza Unida Nicaragua Triunfa, guiada por el Frente Sandinista, reúne a seis organizaciones políticas. El Partido Liberal Independiente (PLI), lidera una coalición de dos movimientos mientras que los otros once grupos políticos participan sin coalición. Quienes se auto identifican como oposición, argumentan que están obligados a participar para conservar su personalidad jurídica.
Carlos Canales, presidente y representante legal de la alianza APRE, señaló la importancia de que todos los partidos políticos participen en estos comicios, pues “son de gran importancia para la consolidación de la democracia y el desarrollo en la Costa Caribe del país.
Los miembros del PLC expresaron que están preparados para atender las observaciones que realice el Poder Electoral y manifestaron que no realizarían ninguna impugnación de candidatos. “Es una justa electoral. Es una fiesta cívica, una fiesta autóctona y vamos a competir entre los mejores", refirió Paul González representante del PLC en la Costa Caribe.
La agrupación política indígena Yatama, que estuvo vinculada en anteriores procesos con el FSLN, confirmó su participación en las Elecciones Regionales. Su líder y diputado ante la Asamblea Nacional, Brooklyn Rivera, aseguró que han desarrollado consultas con las bases y que la mayoría estuvo a favor de ir a las elecciones, aunque fuese “bajo protesta”.
“Hemos venido insistiendo reiteradas veces de que no hay condiciones en toda la Mosquitia para llevar a cabo las Elecciones Regionales. En esta consulta en las dos regiones la mayoría de la población tiende a creer que se debe participar en estas elecciones, a diferencia de lo que creemos los dirigentes. Estamos en una situación en la que nuestro principio es dirigir obedeciendo a las bases y por eso nos reunimos estos días”, afirmó Rivera.
Los partidos que participarán en las Elecciones Regionales 2019 son el PLC, FSLN, Partido Conservador (PC), Partido Indígena Multiétnico (PIM), Partido Yatama, Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Alianza por la República (APRE). Se suman a la lista de participantes el Partido Liberal Independiente (PLI), Partido Restauración Democrática (PRD), Ciudadanos por la Libertad (CxL), Partido Autónomo Liberal (PAL), Movimiento Nuevos Hijos de la Madre Tierra (MYatamaran) y la agrupación Moskitia Pawanka.
El CSE informó que estas Elecciones Regionales tendrán un aumento de 33 Juntas Receptoras de Votos (JRV), asimismo proyectó el funcionamiento de 708 JRV organizadas en 249 Centros de Votación. El padrón electoral preliminar es de aproximadamente unos 800 000 electores. El 75% de ellos se encuentra en el Caribe Norte.
La violencia en 2017
Durante las elecciones municipales realizadas en el 2017, la violencia y el caos en varios municipios del norte y del caribe de Nicaragua, fueron los elementos que caracterizaron ese proceso. Al menos cinco personas fallecieron, más de treinta resultaron heridos, asimismo algunas casas resultaron quemadas y apedreadas, vehículos y edificios públicos destruidos y otros daños materiales.
El Bilwi, ciudad cabecera de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), la tensión escaló de inmediato tras el último informe preliminar de resultados del Consejo Supremo Electoral (CSE), en el que supuestamente Yatama no obtendría ninguna alcaldía, perdiendo el gobierno en los municipios de Bilwi, Waspam y Prinzapolka, en el Caribe Norte, y revirtiendo la apretada ventaja que le daban los resultados preliminares en el municipio de la Desembocadura del Río Grande, en el Caribe Sur.
La reacción de los simpatizantes de Yatama fue tomarse las principales calles de Bilwi, con una caminata y protesta que según el reporte de medios locales incluyó pedradas a la casa de campaña municipal del FSLN y la radio Bilwi Stereo.
Sin embargo, la tensión se elevó con el reporte de que simpatizantes del FSLN, supuestamente acuerpados por policías antimotines, prendieron fuego a la casa de campaña de Yatama, conocida como la “Casa Verde”, y también a las instalaciones de la Radio Yapti Tasba (Madre Tierra, en miskito) y destruyeron el “indio viejo” o monumento a la Resistencia Indígena. También se reportó un simpatizante Yatama muerto y varios heridos.
