20 de noviembre 2022
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La dictadura de Daniel Ortega autorizó sorpresivamente este viernes 18 de noviembre visitas para este fin de semana a los familiares de más de 40 reos políticos encarcelados en la prisión policial de El Chipote. La decisión ocurre cuatro días después que pidieron una “prueba de vida” tras 81 días sin noticias de ellos en el caso de los secuestrados en mayo de 2021.
Según fuentes que pidieron el anonimato, el líder estudiantil Max Jerez recibió la visita este sábado 19 de noviembre y mañana está prevista la de Lester Alemán, dos de las voces de los estudiantes que se enfrentaron sin dobleces a Daniel Ortega en los días de la insurrección cívica de 2018. Ambos fueron capturados el 5 de julio de 2021.
Pero también estaban previstas las visitas de los exprecandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Miguel Mora, así como las líderes políticas del antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS)—hoy Unamos—: Dora María Téllez, Suyen Barahona, Tamara Dávila y Ana Margarita Vijil, que se encuentran en confinamiento solitario.
Igualmente Violeta Granera, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), y el cronista deportivo Miguel Mendoza. Hasta el momento, no se conocen comentarios de los familiares sobre la situación de salud física y emocional de los condenados.
El pasado 15 de noviembre, en una carta pública, los parientes de presos políticos preguntaron también sobre la situación de los detenidos por la dictadura en septiembre de 2022, previo a las votaciones municipales, a quienes igual mantienen sin derecho a visitas.
“No tenemos ninguna garantía ni de fe de vida, ni de su estado de salud. A la fecha, ni siquiera tenemos certeza si se encuentran en el mismo lugar donde les visitamos por última vez”, se quejaron en la carta, en la que pidieron una regularización de las visitas, que deberían realizarse cada 15 días como ordena la legislación interna.
El comunicado indicó que los familiares llevan meses de sufrimiento e incertidumbre, porque no saben nada sobre la condición de salud de los detenidos, ni si tienen acceso a atención médica y alimentación. Declararon, por eso, que temen por las vidas de los mismos.
Entre los casos más preocupantes se encontraban los de cuatro pesos políticos –Miguel Mendoza, Dora María Téllez, Irving Larios y Róger Reyes– que iniciaron huelgas de hambre para demandar el cese del régimen de aislamiento, el derecho a la lectura y escritura en la cárcel, así como la comunicación con sus hijos menores y adolescentes.
También hay preocupación por la situación de Francisco Aguirre Sacasa y José Adán Aguerri, excanciller y expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, a quienes regresaron a El Chipote después que los tenían bajo el régimen de prisión domiciliar.
La última vez que la dictadura mostró a los reos fue en los juzgados de Managua, donde lucían envejecidos, pálidos y escuálidos, víctimas de las malas condiciones carcelarias a las que eran sometidos.
En algunos casos, como los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, mostraron un evidente deterioro físico. Walter Gómez, el antiguo financiero, por ejemplo, había perdido 50 libras ya en marzo de 2022.
En Nicaragua hay en la actualidad 219 presos políticos condenados, de los cuales 29 se encontraban recluidos en El Chipote, sumando a Aguirre Sacasa y Aguerri.
El Chipote es señalado como un centro de torturas del orteguismo por los familiares de los presos de conciencia y defensores de derechos humanos. Los reclusos son considerados un símbolo de la lucha por las libertades en América Latina donde hay una expansión del autoritarismo con el caso más grave de retroceso en Nicaragua.
Los presos del régimen de Ortega son víctimas de un sistema, considerado como uno de los más oprobiosos del continente.
