AA
Share
Las elecciones suelen cumplir una función esencial en democracia: resolver pacíficamente los conflictos políticos mediante el voto. Sin embargo, hay ocasiones en que los comicios no cierran las disputas sino que las profundizan. Perú parece encaminarse precisamente hacia uno de esos momentos.
A las 9:00 p.m. de este 9 de junio, con el 96.43% de las actas computadas, Roberto Sánchez, candidato del izquierdista partido Juntos por el Perú, mantiene una ventaja de alrededor de 41 000 votos sobre la candidata de la fuerza política de derecha Keiko Fujimori.
El resultado continúa abierto y podría volver a variar a medida que ingresen las actas pendientes, especialmente las provenientes del exterior, y se revisen las 1,544 actas observadas que han sido derivadas a los Jurados Electorales Especiales.
En circunstancias normales, una ventaja de esta magnitud permitiría comenzar a vislumbrar un desenlace. Pero Perú no atraviesa tiempos normales.
La propia justicia electoral ha advertido que el proceso podría prolongarse hasta un mes antes de que pueda proclamarse oficialmente al nuevo presidente.
La estrechez del resultado, la revisión de las actas observadas y la posibilidad de impugnaciones y recursos por parte de las campañas anticipan un escrutinio largo, complejo y altamente judicializado.
Y es precisamente allí donde comienzan los riesgos.
En las últimas horas han aparecido señales inquietantes de que la disputa electoral empieza a trasladarse desde las urnas hacia las calles. Dirigentes de Juntos por el Perú han convocado movilizaciones para defender lo que consideran la voluntad popular expresada en las urnas y han denunciado supuestos intentos de desconocer los resultados. Del otro lado, sectores vinculados a Fuerza Popular insisten en que las actas pendientes y el voto exterior podrían revertir la ventaja de Sánchez.
La combinación de un resultado extremadamente ajustado, una prolongada incertidumbre institucional, una sociedad profundamente polarizada y desconfiada, y unas autoridades electorales con bajo nivel de credibilidad constituyen un terreno fértil para la confrontación política.
En efecto, Perú llega a esta coyuntura con un sistema político particularmente debilitado. En la última década el país ha tenido una sucesión de 8 presidentes, crisis institucionales, procesos de destitución, protestas masivas, enfrentamientos entre poderes del Estado y una creciente erosión de la confianza ciudadana en las instituciones. La elección presidencial no ocurre sobre un terreno estable; se desarrolla sobre una acumulación de fracturas aún abiertas.
Por ello, el desafío que enfrenta Perú es mucho más profundo que determinar quién obtuvo más votos.
La verdadera prueba será verificar si las instituciones electorales logran administrar un proceso extraordinariamente sensible con independencia, transparencia y apego estricto a la ley; si los actores políticos aceptan las reglas del juego democrático; y si los liderazgos de ambos campos son capaces de evitar que la disputa por el resultado derive en una crisis de gobernabilidad.
Porque una victoria por un margen mínimo puede otorgar legalidad, pero no necesariamente legitimidad política suficiente para gobernar un país tan fragmentado.
Durante años, Perú ha demostrado una notable resiliencia económica frente a la inestabilidad política: la teoría de las cuerdas paralelas. Sin embargo, esa capacidad de resistencia no es infinita. Cada nueva crisis institucional erosiona un poco más la confianza pública y reduce los márgenes para construir acuerdos básicos.
Por eso me preocupa menos quién termine ocupando el Palacio de Gobierno y más lo que pueda ocurrir después de la proclamación.
Si prevalece la lógica de la confrontación permanente, las denuncias cruzadas, la judicialización extrema y la movilización callejera como mecanismo de presión política, Perú corre el riesgo de ingresar en una nueva etapa de conflictividad prolongada. Una etapa en la que ningún actor se considere plenamente derrotado, pero en la que tampoco exista un ganador con la autoridad suficiente para estabilizar el sistema.
Ojalá me equivoque.
Pero las señales que estamos observando —un balotaje de infarto, un escrutinio que podría durar un mes, llamados a la movilización— sugieren que el verdadero desafío para Perú no comienza cuando termine el conteo.
Comienza precisamente cuando se conozca el resultado final.
Y me temo que ese día podría marcar el inicio de unos tiempos particularmente recios para la democracia peruana.
*Este artículo se publicó originalmente en el Substack del autor.
