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Arnoldo Alemán, el falso opositor de Daniel Ortega

Antes del acuerdo de Alemán y Ortega en 2000, el más reciente había sido el de Anastasio Somoza y el conservador Fernando Agüero en marzo de 1971,

urgen reformas profundas al sistema judicial

Confidencial Digital

14 de diciembre 2019

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Frente a un restaurante en Madrid, España, se ven algunas terrazas y un hombre que disfruta de la arquitectura colonial y el clima de verano. Luce absorto rodeado del espacio urbano, a más de 8 mil kilómetros de Nicaragua, que hoy en día se encuentra sumida en una grave crisis de derechos humanos bajo el gobierno de Daniel Ortega. Un joven desconocido aborda al hombre, lo filma con su teléfono y empieza a reclamarle:

—¡Qué pequeño es el mundo señor Alemán!— le dice. Se dirige al expresidente Arnoldo Alemán, de 73 años, quien gobernó el país centroamericano entre 1997 y 2001 y visita la capital española junto a su esposa, la diputada María Fernanda Flores, que pronto aparece, le toma del brazo y lo intenta sacar del sitio.

El político, conocido por su estilo llano y dicharachero en Nicaragua, intenta apaciguar al interlocutor desconocido y le da la mano; pero aquel le niega con vehemencia el saludo y le espeta sus razones.

—Usted es culpable de que nosotros estemos en el exilio y que la dictadura haya corroído y carcomido a nuestro país— lo acusa el joven.


Veintidós años antes, era inimaginable ver a Alemán tan solitario y tranquilo. Era entonces el presidente de Nicaragua y su nombre se repetía en las primeras planas de los medios nacionales casos de corrupción cometidos durante su gestión, entre los que se encuentran el pago con fondos públicos de su luna de miel o sus viajes de grandes comitivas como el que hizo a Suecia para pedir ayuda a la comunidad internacional para reconstruir el país, entonces en ruinas tras el deslave del volcán Casitas, en el occidente nicaragüense, donde murieron miles de personas sepultadas.

El estilo de vida de Alemán llamó tanto la atención en ese entonces, que el organismo Transparencia Internacional, una organización referente para la medición del fenómeno de la corrupción en el mundo, lo señaló en 2004 como uno de los 10 exmandatarios más deshonestos del planeta, colocando su nombre junto al de otros como Alberto Fujimori, de Perú, acusado entonces de un desfalco de 600 millones de dólares, mientras a él le endilgaban otro por 100 millones de dólares.

“Casos como el de Alemán y Fujimori nos muestran que existen situaciones políticas complicadas en Latinoamérica y es necesario que la elite política sea castigada y perseguida por sus delitos”, dijo entonces Silke Pfeiffer, directora del departamento de las Américas en la secretaría de Transparencia, según el comunicado.

En 2019, quince años después de aquellas palabras del organismo, Alemán está libre y participando activamente en la política de Nicaragua por un supuesto acuerdo político con Ortega, mientras los reclamos, como el que le hizo el universitario, son cada vez mayores, señalando la relación que tiene con el gobernante sandinista, su antiguo enemigo político, un episodio que es poco conocido en el contexto internacional.

“Me ha felicitado en mi cumpleaños, yo lo llamo cuando es su cumpleaños”, confesó Alemán sobre su vínculo con Ortega en 2015, cuando aseguró al diario digital Confidencial que, a pesar de las críticas a su persona, “duermo muerto de risa”.  En la familia, además de su esposa diputada, Alemán tienen a su hija María Dolores como miembro del consejo de contralores, haciendo parte del  aparato del Estado controlado por el mandatario sandinista.

Estos lazos políticos son destacados por los opositores para explicar porqué  el liberal no puede ni debe participar de cualquier intento de unidad en una coalición política opositora de cara a los comicios de 2021, que es cuando se vence el periodo de Ortega si es que antes no acepta adelantar las elecciones. En esa eventual coalición, de la que fuentes políticas sostienen que hay pláticas en la actualidad, “cabría el PLC (Partido Liberal Constitucionalista), pero Alemán muy difícilmente”, afirma por su parte el ex legislador opositor Eliseo Núñez a esta investigación. El jurista se encuentra distanciado de ese partido desde hace años.

El excandidato a vicepresidente en 2011 y miembro del Movimiento Renovador Sandinista, Edmundo Jarquín, afirma que, independientemente del pasado de Alemán, en el cual es notable su pacto con Ortega, el ex gobernante liberal no ayudaría en nada a solucionar la actual crisis política. “En cambio, la totalidad de los liberales agrupados en el PLC son anti-orteguistas y jugarán un papel vital en la libertad de Nicaragua”, remarca.

El pacto de la corrupción

En 1997, cuando Alemán se ciñó la banda presidencial, buscaba convertirse en un símbolo contra el FSLN, cuyo pasado estaba atado a carestías económicas y la guerra de los años ochenta del siglo pasado. Se rodeó, para lograr su cometido, de políticos de línea dura antisandinista como Jaime Morales Carazo, quizás el más destacado, cuya residencia fue confiscada a finales de los 70 por la familia de Ortega.

En la política nicaragüense existe una tradición de pactos políticos, entre gobernantes de turnos y los líderes de la oposición. Antes del acuerdo de Alemán y Ortega en 2000, el más reciente había sido el de Anastasio Somoza y el conservador Fernando Agüero en marzo de 1971, en que el último de esta dinastía sacó ventajas para poderse reelegir en 1974. Cinco años después sería derrocado durante la revolución que tendría como uno de sus protagonistas al actual gobernante, señalado ahora por la oposición de erigirse como otro tirano.

Alemán llegó a acuerdos políticos con el sandinista, los cuales fueron expresados en la Constitución que reformaron en el año 2000. Se repartieron las instituciones del Estado entre funcionarios leales a cada uno, siendo mayoría entonces los del gobernante, lo que cambiaría a medida que Ortega fue acumulando más poder ya en el ejecutivo a partir de 2007. Los cambios de la constitución sumaron también al porcentaje para ser elegido en la primera vuelta.

Según la Carta Magna modificada en el 2000, un candidato podía ser elegido con el 45 de los votos en primera vuelta. Sin embargo, bajaron el porcentaje al 40 por ciento y se podía también con el 35 por ciento pero si había una diferencia de cinco por ciento con el segundo lugar en las votaciones. Se garantizó también una curul para el mandatario saliente que, en la prensa nacional, fue calificada como “ diputación regalada” y que en la práctica significó inmunidad, es decir protección frente a cualquier acusación penal y que finalmente fue quitada cuando el FSLN puso la mayoría de votos para llevarlo al sistema de justicia bajo su control.

Con un porcentaje del 38 por ciento de los votos y el liberalismo dividido, Ortega regresó a la Presidencia después de 16 años en la oposición. Según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), el centro de pensamiento de la empresa privada en Nicaragua, el pacto Alemán-Ortega fue un acuerdo clandestino, una repartición de los poderes del Estado que provocó una “involución de la democracia”.

En su informe “Nicaragua en crisis política y socioeconómica”, publicado en 2018, el organismo explica que, si bien el pacto se fraguó a finales de los años noventa, su efecto en la democracia e institucionalidad se acentuó en los años posteriores y se aceleró con la llegada de Ortega al poder en 2007, lo que derivó en menores libertades para los nicaragüenses y una ruptura del equilibrio a favor del FSLN.

Las acusaciones de corrupción documentadas, que Alemán rechaza, provinieron de su sucesor Enrique Bolaños (2002-2007), a quien él califica como “ingrato” y “traidor” por las mismas. El desvío millonario de fondos públicos fue conocido públicamente como la “Huaca”, una intrincada operación financiera que nacía con la emisión de fondos públicos a empresas por servicios inexistentes, los cuales luego eran desviados a no menos de 19 cuentas en el extranjero para luego mandar el dinero en la Fundación Democrática Nicaragüense, controlada por Alemán.

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El exgobernante fue acorralado por los señalamientos de corrupción con numerosas pruebas del Estado. Algunos documentos firmados por él pueden ser leídos en la biblioteca digital de Bolaños, un sitio donde también se recuerdan las investigaciones estatales de la llamada cruzada contra la corrupción.

“Las pruebas que hubo contra Alemán fueron contundentes. Inclusive las pruebas que trataron de ser borradas, pues una transferencia que se hizo directamente a la Presidencia de la República, y era manejada por tres personas, muy allegadas al señor Alemán, fueron quemadas, destruidas cuando él entrega el gobierno (2002), y lo único que hubo después fueron los microfilms que existían en el Banco Central”, recuerda el exprocurador general de la república Alberto Novoa, quien ocupó el cargo entre 2004 y 2007.

La libertad del expresidente se debe entonces a un acuerdo político con Ortega, explica Novoa, el cual permitió que Alemán cediera al FSLN el control del legislativo a cambio de ser exonerado de cualquier responsabilidad en juicios investigados y en futuros procesos judiciales que se pudieran iniciar.

“La explicación (de la libertad) es que hubo arreglos entre políticos, en este caso entre el señor Ortega y el señor Alemán. Los entretelones de eso no puedo saberlos, pero sí sé las consecuencias. El señor Alemán fue exonerado de responsabilidades por la Corte Suprema de Justicia que estaba controlada por ambos… Eran favores entre políticos, a pesar de que las pruebas eran contundentes”, afirma el jurista.

La influencia política en la justicia fue evidente en las medidas cautelares que beneficiaron al expresidente como casa por cárcel, la capital del país por cárcel y finalmente el país por cárcel, lo que le permitió libre movilidad por toda Nicaragua hasta su libertad total posible por el acuerdo mencionado por el ex procurador. Alemán suele decir que también fue absuelto por Panamá y Estados Unidos, una libertad que le ha permitido dedicarse activamente a la política.

Con el ascenso de Ortega al poder, el expresidente fue invitado a la toma de posesión. Las fotografías de ambos circularon en los medios. Finalmente, el 16 de enero de 2009 la Corte Suprema de Justicia le revocó la condena de 20 años de prisión por delitos de corrupción. La resolución fue firmada por liberales, dado que los sandinistas se excusaron y públicamente el mismo día el FSLN asumió la presidencia de la Asamblea, lo que solo pudo realizarse con los votos de los legisladores de ambos líderes políticos.

“Alemán y Ortega básicamente pertenecen al mismo esquema, al mismo modelo de política tradicional y, por tanto, es bien difícil que encuentren cosas que diverjan entre ellos, más que cuando están peleando por el mismo objetivo”, explica Núñez, quien ve en ese tradicionalismo la principal razón por la cual varios políticos otrora antisandinistas se alinearon con el poder ejecutivo actual.

Entre esos políticos tradicionales está el propio Morales Carazo, cuya casa fue ocupada por Ortega desde los inicios del primer gobierno sandinista en 1979, cuando el presidente era el coordinador de la junta de gobierno. El político confiscado llegó a un arreglo secreto en noviembre de 2005 con la familia presidencial que permitió que el mandatario viviera en esa residencia según el diario La Prensa, es ahora diputado sandinista y fue vicepresidente de Ortega entre 2007 y 2012. Entre esta clase de políticos está también José Antonio Alvarado, diputado ante el Parlamento Centroamericano y quien se volvió sandinista desde 2016.  El exministro Wilfredo Navarro es ahora legislador oficialista y defiende a su nuevo partido antes las acusaciones por violaciones a derechos humanos.

Núñez considera que en la víspera de un año preelectoral (2020) Alemán “está indeciso entre tomar la posición final de reivindicar al partido, el liberalismo y enfrentarse frontalmente a Ortega o mantener un arreglo que -no le ha funcionado a él perfectamente- pero le mantiene algunas cuotas de poder permanentemente como las del Poder Judicial y algunas otras que no son tan visibles como esas, pero están ahí”.

Para los jóvenes, que en el último año han ido a la vanguardia en la lucha por la democracia, el exmandatario liberal  “refleja los peores vicios de la política” y es “corresponsable de las peores decisiones políticas de nuestro país”, dice Max Jerez, de la oposición Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), quien recuerda que se trata de un político sin credibilidad.

Alemán critica a los opositores

Hablar con el exmandatario no es asunto sencillo. Si no está en su oficina, se encuentra ocupado viendo los asuntos de la fundación que lleva su nombre, o el trabajo legal de su bufete, pero finalmente se sienta el miércoles cuatro de diciembre de 2019 en su oficina en residencial Bolonia tras varios intentos fallidos. Una vez dispuesto a conversar, Alemán se extiende en la necesidad de que todos se junten a nivel local para obtener la reforma a la ley electoral, el cambio de magistrados del Consejo Supremo Electoral y discutir la ruta a seguir contra el gobierno.

El exmandatario critica a los opositores que solo piden la unidad, pero “no la hacen”, así como a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia o a la Unidad Azul y Blanco a los que describe como organizaciones y no partidos políticos, que son los que tienen un papel claro en la ley para él. Se incomoda cuando se le señala el pacto político con Ortega y pregunta “si entendiste” cuando quiere enfatizar que no tiene ninguna responsabilidad en el esquema político que diseñó con Ortega y que ahora dice que quiere modificar.

Se molesta con los reclamos de los exiliados como el universitario que lo encaró en España, mientras hacía turismo, gozando de la libertad obtenida desde 2009 en la justicia controlada por el FSLN y su propio partido, el Liberal Constitucionalista.

“No tenemos ninguna responsabilidad (en la crisis de derechos humanos). Es falta de estudio y capacidad. Si vos ves los acuerdos que tuvimos en el año 1999 y 2000, se negociaron diez puntos salimos ganando el partido y Nicaragua. En 2001, ganó el PLC y pusimos de presidente (a Enrique Bolaños) que luego dividió al liberalismo. Ortega llega en el 2006, después de la división que hace Enrique Bolaños y Eduardo Montealegre (su exministro, que decidió postularse a la Presidencia)”, afirma en su despacho, rodeado de retratos familiares y recuerdos de sus días en el poder.

Si acaso tiene futuro político, no está claro para Alemán en términos personales, porque el rechazo de los otros actores de  la oposición resulta visible según las entrevistas realizadas por CONNECTAS para la elaboración de este reportaje, que se publica en medio del contexto de demanda a una salida electoral ante las violaciones a derechos humanos perpetradas por el gobierno, y documentadas por los organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre este tema, cuando se le pregunta al exprocurador Novoa por el futuro político de Alemán, el abogado sonríe al recordar las pruebas en el proceso que el Estado llevó contra el expresidente. Dice que este personaje ya tiene su lugar en la historia de Nicaragua dada la corrupción emblemática que protagonizó. “No soy arqueólogo forense, ni me ocupo de ese tipo de personas”, se excusa para no referirse al personaje que era antisandinista y se convirtió en aliado de su otrora enemigo.

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