10 de abril 2023
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El Banco Corporativo (Bancorp), que manejó sin fiscalización los millonarios fondos generados por el acuerdo petrolero con Venezuela, fue operativizado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en un irregular esquema de préstamos a alcaldías, cuyos fondos no fueron ejecutados y simplemente “desaparecieron”, de acuerdo a las revelaciones del libro “Fiscalizando el Poder Local” publicado por Urnas Abiertas y el el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR).
El estudio especializado señala que, tomando como base una filtración de documento desde la Contraloría General de la República, entidad bajo control absoluto de la dictadura orteguista, se pudo determinar que este esquema irregular se ejecutó por medio de créditos plurianuales otorgados desde el Bancorp al 80% (121 de 151) de las alcaldías de Nicaragua.
El estudio no logra establecer el monto total del dinero desembolsado por medio de los créditos a las alcaldías, pero si el mecanismo utilizado para “desaparecer” estos recursos, supuestamente destinados para financiar un programa populista promovido por Rosario Murillo denominado “Estrategia de recreación y esparcimiento en Alegría de Vivir en Paz, con el objetivo de avanzar en el fortalecimiento de la recreación sana en todos los sectores y departamentos del país”.
El programa está vinculado a un plan ordenado por Murillo, desde 2015, al Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), de construir atractivos turísticos en casi todas las ciudades del país, sin importar si las alcaldías tenían deudas y estuviesen impedidas de adquirir nuevos créditos para proyectos de gran inversión.
“Para cumplir eso, según los documentos filtrados desde la Contraloría General de la República, las alcaldías adquirieron préstamos con el Bancorp, dinero con el cual se iba a construir el corredor turístico de parques con fines recreativos”, cita el libro de Urnas Abiertas y la UCR.
“Hemos podido develar toda una trama de corrupción en la que se desviaron recursos públicos presupuestarios por parte del Bancorp con paradero desconocido, asumiendo una operación de crédito que generó obligaciones plurianuales por parte de las alcaldías e incumpliendo promesas que se hicieron a la ciudadanía, de construir espacios para su recreación”, añade.
La desaparición de C$11 millones en Quilalí
En el libro se cita el ejemplo de Quilalí, gobernada en 2016 por el alcalde sandinista Marvin José Ródríguez Rivera. Ese año, el Bancorp le aprobó a esta comuna un préstamo por 13 126 229 millones de córdobas para la construcción de una parque turístico y otras obras asociadas.
El 25 de febrero de 2016, el préstamos fue aprobado en un cabildo abierto de tan solo 15 minutos realizado en la alcaldía de Quilalí en la que estuvieron presentes solamente funcionarios y militantes del Frente Sandinista. Posteriormente, el Bancorp autorizó el desembolso de los fondos en la cuenta 111000844, a la que se le tendrían que depositar 13 473 723 córdobas.
El estudio destaca que este tipo de préstamos son ilegales, porque estos no pueden superar el 20% de los ingresos presupuestados para la alcaldía, en este caso los de Quilalí en 2016, pero aún así, fue aprobado por las autoridades de esa comuna.
“En esa cuenta (111000844) se suponía que se iba a guardar el dinero a nombre de la Alcaldía Municipal de Quilalí. Sin embargo, para el año 2017, según la documentación a la que tuvimos acceso, solo se desembolsaron 1 660 297 córdobas, con los cuales se compró un terreno en la ciudad de Quilalí, para iniciar la construcción del parque y otras obras asociadas”, se lee en el libro.
La alcaldía de Quilalí diseñó el proyecto y adquirió el terreno para que las obras iniciarán en 2017, pero esto finalmente no ocurrió. “El terreno que compró la Alcaldía de Quilalí y en el cual iban a iniciarse las obras de construcción del ‘parque de gran atractivo y demás obras asociadas’, es actualmente un terreno vacío que se utiliza como espacio para las ferias del municipio. Es decir, en el camino desaparecieron más de 11 millones de córdobas. Esta operación no solo se hizo en la Alcaldía de Quilalí, sino también en el 80% de las alcaldías en toda Nicaragua”, se afirma en la investigación.
Los casos de Larreynaga y Villa El Carmen
El libro detalla también situaciones anómalas en las alcaldías de Larreynaga (León) y Villa El Carmen (Managua). En el caso de la comuna de la Larreynaga, se suscribió un préstamo bajo el número 141001029 por un monto de 16 554 623 córdobas, a una tasa de interés del 8% anual.
“Sumando los intereses y el mantenimiento del valor del préstamo, la alcaldía de Larreynaga terminó pagando 20 718 245 córdobas al Bancorp y el 13 de abril de 2019, el Bancorp canceló de manera anticipada el préstamo concedido a la Alcaldía de Larreynaga debitado de la cuenta corriente número 111001530”, cita el texto sobre este caso.
La auditoría realizada por la Contraloría General de la República sobre este proyecto señaló que la alcaldía de Larreynaga no avanzó en ninguna de las etapas de la construcción del parque y no recibió respuesta por parte del Bancorp a las solicitudes de reembolso.
En el caso de Villa El Carmen, el crédito con Bancorp fue suscrito el 24 de octubre 2016 por 16 819 746 córdobas para la construcción del parque turístico, que tampoco fue realizado.
“En todas estas operaciones de sangramiento al erario, el gran perdedor fue la ciudadanía, dado que esas deudas se pagaron con los recursos de las transferencias municipales y los recursos que recolectan los municipios. Asimismo, aún cuando la situación de los créditos adquiridos por las alcaldías —y que no terminaron de ser desembolsados por el Bancorp— generó malestar entre los alcaldes, ningún funcionario de las alcaldías ventiló nada al respecto y guardó silencio”, cita la investigación.
El rol cómplice de la Contraloría
El estudio destaca que estas anomalías contaron con la complicidad de las autoridades de la Contraloría General de la República, quienes ordenaron a sus auditores callar sobre los hallazgos anómalos que encontraron en las finanzas de las alcaldías.
“En una entrevista realizada a una de las personas que en su momento fue parte de las auditorías a diferentes alcaldías en el territorio nacional, expresó que la orden de los altos mandos de la Contraloría fue vetar el tema, una vez tuvieron acceso a la información de lo que estaba pasando y aun cuando se habían encontrado irregularidades en casi todas las alcaldías del país”, reseña la publicación.
“Cabe resaltar que este tipo de obligaciones como los créditos, tienen procedimientos para aprobarse en el concejo municipal y esta información debe de ser pública, es decir, aparecer reflejada en los presupuestos municipales”, añade el libro de Urnas Abiertas y la UCR.
El fin de Bancorp
El Bancorp finalmente cerró operaciones en 2019 luego que fuese alcanzado por las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
“El Tesoro está sancionando a Laureano Ortega Murillo y Bancorp por sus papeles en la corrupción y el lavado de dinero para beneficio personal del régimen de Ortega. Estas acciones envían un mensaje a todos los que continúan apoyando al régimen de Ortega de que hay que pagar un alto precio por abusar de la economía nicaragüense y su gente “, argumentó el entonces subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.
Se calcula que entre 2007 y 2016, los fondos derivados del acuerdo petrolero con Venezuela fueron 5000 millones de dólares, manejados entre esta entidad financiera vinculada directamente a personeros del régimen y la cooperativa Caruna, cuyas operaciones también están prácticamente al mínimo.
En un acto desesperado, el régimen trató de nacionalizar el Bancorp el 7 de marzo de 2019, por medio de una ley aprobada de urgencia por los diputados de la dictadura y sus aliados colaboracionistas políticos. Sin embargo, luego de su aprobación, el régimen nunca publicó la nacionalización en La Gaceta, diario oficial del Estado, debido a los riesgos y peligros que representaba para todo el sistema financiero nacional. De esta forma, el Bancorp desapareció como un activo de los negocios de la dictadura.
* Este trabajo investigativo es parte del libro "Fiscalizando el Poder Local" publicado por Urnas Abiertas y el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). El libro es un esfuerzo colaborativo entre la sociedad civil, la academia y el periodismo independiente. A través de investigaciones académicas y periodísticas se realizó una radiografía de la corrupción en los gobiernos locales de Nicaragua. Descargue el libro completo en: https://urnasabiertas.com/fiscalizando-el-poder-local-corrupcion-nicaragua/
