3 de julio 2017
Hay tres posiciones extremistas que los sectores más recalcitrantes en la oposición y en el gobierno en Venezuela parecen compartir. La primera, que la tan necesitada resolución de la crisis humanitaria—y sería absurdo a estas alturas negar que exista—pasa por la solución de la crisis política. Posición común que parece condenar al sufrimiento a grandes sectores de la población negando el imperativo humanitario.
Segundo, que la salida política pasa necesariamente por una especie de violencia purificadora y la extirpación del otro. Ambas partes abiertamente legitiman la violencia. Acabar con el otro, cueste lo que cueste en una espiral que lleva incluso a los extremistas, dentro y fuera de Venezuela, a llamar a la intervención militar extranjera, por un lado, y, por otra, desatar la más feroz represión contra los manifestantes.
Tercero, la ruptura de la extenuada institucionalidad democrática venezolana. Un común denominador que desde el gobierno conlleva el desacato a lo previsto en la Constitución con respecto a procedimientos y plazos electorales, el irrespeto a los poderes del Estado, y el llamamiento a una Constituyente: Un borrón y cuenta nueva en la que ya se anuncia el resultado: nuevo modelo político autoritario (altamente reconocible por los nicaragüenses). Dar al traste con una de las mejores constituciones del continente y uno de los mejores legados de Hugo Chávez y de la esencia de la institucionalidad republicana de imponer límites al poder.
Similarmente, los líderes de la oposición política, contando con el respectivo apoyo de los Estados Unidos, la OEA y los gobiernos derechistas de la región—la propuesta parece ser apostar a arrancar de un tajo todo el legado de la Revolución Bolivariana y de Hugo Chávez. Por supuesto, que no todo aquello fue positivo, se dieron errores y limitaciones, y nadie ignora el papel los poderes fácticos internacionales, pero querer borrar la institucionalidad social, los mecanismos de democracia directa y todo lo que huela a chavismo Algunos parecen empeñados en regresar a la podrida política de la época pre-Chávez, al viejo orden oligárquico y entreguista pro-norteamericano.
Es por todo ello que algunos, desde una posición de izquierda, hemos dado nuestro apoyo al LLAMADO INTERNACIONAL URGENTE A DETENER LA ESCALADA DE VIOLENCIA EN VENEZUELA. En este documento nos solidarizamos con el reciente llamamiento de un grupo de dirigentes políticos, académicos, activistas sociales y organizaciones sociales, incluyendo ex ministros de Chávez y ex dirigentes de la oposición activistas de derechos humanos en Venezuela. Ellos plantean un dialogo democrático y plural, que incluya las diferentes voces, no exclusivamente aquellos sectores polarizados del campo del gobierno y la oposición. Otro tipo de dialogo.
En el llamado internacional afirmamos: “Como ciudadanos de América Latina y otros países, sostenemos un compromiso doble. Por un lado, un compromiso con la democracia, esto es, con una democracia participativa, lo cual implica elecciones periódicas, ciudadanos en las calles y ampliación de arenas públicas para la toma colectiva y comunitaria de las decisiones; así como con una democracia igualitaria, lo cual conlleva la ampliación de la frontera de derechos, en pos de una sociedad más justa. Por otro lado, tenemos un compromiso con los derechos humanos, el cual coloca la base mínima e innegociable del respeto mutuo, que impide la tortura, la muerte del oponente, la resolución de nuestros conflictos a través de la violencia”.
Es hora de invitar al mundo a mirar a Venezuela de una manera que no alimente la polarización de una y otra parte ni caer en la lógica oportunista o geopolítica de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo.