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En 2026, Haití y los países centroamericanos serán los más afectados por la disminución de la migración y las remesas, así como por el aumento de las deportaciones, lo que perjudicará el crecimiento económico y aumentará el desempleo e informalidad.
En primer lugar, el flujo de dinero hacia América Latina y el Caribe en 2026 aumentará ligeramente, a menos del 2%, debido a: 1-la disminución de las transacciones debido a la disminución de la migración y el aumento de las deportaciones, y 2-el aumento limitado del capital remitido. En el caso de las remesas desde Estados Unidos en 2026 (que representan el 90% de los flujos hacia la región), el crecimiento podría oscilar entre el 0% y el 2%, totalizando un estimado de USD 141 mil millones, lo mismo que en 2025.
En 2026, las remesas a Centroamérica crecerán entre el 0% y el 2%, lo que resultará en una disminución del 1.5% en el consumo privado y una disminución del 1% en el crecimiento del PIB, ya que un aumento del 3.5% en las remesas eleva el PIB en un 1%, lo que afectará la productividad y la inversión.
En segundo lugar, la disminución de la migración y el aumento de las deportaciones impulsarán la oferta laboral por encima del 5% del tamaño de los trabajadores en esos países, lo que acentuará la tendencia hacia la economía informal y el desempleo.
La emigración anual desde Centroamérica entre 2018 y 2023 ha sido similar o superior al aumento anual de la fuerza laboral, de 500 000 personas. Mientras tanto, las deportaciones en 2026 serán iguales o superiores a las de 2025 (110 000).
A diferencia de años anteriores, los que regresan son migrantes que habían vivido en Estados Unidos durante un promedio de 5 años, trabajando en mercados diferenciados por la demanda laboral en actividades clave de la economía estadounidense, como el trabajo doméstico, la construcción y los servicios de hostelería, actividades que constituyen mercados laborales saturados en la región centroamericana.
En 2025 hay una ausencia de políticas efectivas de mitigación de riesgos, y con la disminución de los ingresos por remesas y el aumento de la oferta laboral aumentarán la intención de migrar para finales de 2026, lo que podría desencadenar una nueva ola migratoria o descontento social en un contexto de economías con bajo rendimiento y crecientes riesgos políticos en cada país. Estas presiones serán mayores fuera de las capitales y en las zonas rurales.
La intención de migrar en perspectiva histórica muestra que en situaciones de riesgo de país (sea recesión, crimen, desastre natural, o inestabilidad política), aumenta por encima del 10% de los hogares. Tanto en El Salvador como en Honduras, para el 2019, los factores de riesgo político en ambos países aumentaron la intención de migrar a más de 25% de los hogares, intensificando una ola migratoria meses después de que se abrieran las fronteras después de la cuarentena de covid-19. En Nicaragua, la intención de migrar se duplica de 14% en 2019 a más de 33% en el 2021 cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo cambian su plan de permanencia y criminalizan la democracia.
Lo que ayudó a Centroamérica en 2025
En cada país, las condiciones migratorias son precarias y el aumento de deportaciones y el eventual retorno de algunos nicaragüenses bajo el vencimiento del alivio humanitario o de hondureños y nicaragüenses bajo el TPS coincidirán con una disminución del crecimiento de remesas. Estas se mantendrán en menos del 2% de crecimiento debido a que el único factor que explica el crecimiento en 2025 a USD 54 000 mil millones (24% del PIB de los cuatro países), es el 27% de aumento en el promedio enviado que se da como una precaución de parte del migrante frente al temor a ser deportado y no poder seguir enviando dinero en el futuro.
Este aumento no es sostenible ya que está excediendo la capacidad del ingreso disponible del migrante, que pasó a enviar del 10% al 14% de su ingreso en doce meses, sacrificando otros gastos y ahorros. Datos históricos en el envío de dinero muestran que hay un ciclo positivo en la cantidad de envíos promedio que dura 17 meses seguido de una disminución gradual de ese promedio por 14 meses.
En octubre de 2024, la última ola ascendente de incremento en la cantidad de envíos indicaría que para marzo o abril de 2026 los migrantes no podrán enviar más y mantendrán el promedio de diciembre de 2025 o menos.
Integrar la migración como factor de estabilización económica
Es urgente introducir mecanismos de incentivos económicos que aprovechen las transferencias existentes y, al mismo tiempo, desarrollen soluciones innovadoras para reducir el potencial crecimiento de la economía informal.
Centroamérica no se ha modernizado fuera del entorno financiero; sus economías siguen patrones de dependencia de exportaciones de bajo valor, mientras la migración ha sido el principal motor de crecimiento económico. Han sido los migrantes y el consumo de los hogares los que han sostenido la actividad económica de estos países. Por ello, frente a la desaceleración, los países tienen dos opciones: hacer más de lo mismo o apalancarse en la migración.
Más de lo mismo, ha significado dejar que la desaceleración cree un ciclo de informalidad, aumente la precariedad social y esperar que una nueva ola migratoria resuelva el problema y hablar de políticas de reintegración que incluyen una botella de agua al retornado, la oferta de cursos de inglés a no más de 3000 personas y la esperanza de que “se vaya a la mano de Dios”. Sin embargo, esta opción aumentará el rezago de la región frente a la competitividad global en la era de la inteligencia artificial, en que la productividad depende de una mano de obra calificada para procesar tecnología informática. Todos, las élites económicas incluidas, salen perdiendo porque sus utilidades no crecerán. La gente tratará de devolverse como lo han hecho antes—al fin y al cabo habían empezado a hacer vida fuera de su tierra.
La otra opción es apostar por los factores de dinamismo económico que se vinculan con la migración y que permitan compensar la caída de ese crecimiento económico que equivaldría a USD 1000 millones en disminución de remesas. La apuesta es trabajar en construir activos financieros en escala introduciendo incentivos al ahorro, inversión y crédito en comunidades de origen del migrante, de manera que aumenten la riqueza y las oportunidades de mejor calidad de vida para todos, y para quienes retornen a esos lugares de origen.
La región tiene que pensar como meta apalancarse a un mínimo de medio millón de centroamericanos en el exterior y hogares en la región, respectivamente, para formalizar y movilizar un volumen total de USD 500 millones en diferentes instrumentos de ahorro e inversión personal y crédito a microempresa. Tanto el sector privado como los gobiernos tienen que tomar en serio la migración y su impacto económico, no asumir que es un comodín que les resuelve sus propias responsabilidades.
Parte de esto incluye introducir políticas innovadoras como promover que los migrantes puedan cotizar a su pensión desde afuera, vender bonos del Estado a costos asequibles—los bonos en la región no son nada de acceso universal dado sus costos, por ejemplo, los montos por adquirir bonos varían, El Salvador, USD 10 000 (aunque ofrecen certificados de inversión por USD 100), Guatemala, 1000Q, Honduras, 100 000L, Nicaragua, USD 1000.
También una apuesta segura incluye aprovechar el momento político en Estados Unidos para promover un mercado laboral de trabajo temporal con ese país, subiendo cuotas y asegurando la emigración ordenada bajo las visas H2B. De igual forma, frente a la creciente digitalización de pagos y transferencias, la formalización de microempresas y la creación de emprendedurismo innovador aparecen como una oportunidad imperante, ya que tendrán un efecto sobre la absorción de este excedente de mano de obra.
Centroamérica se encuentra en las puertas de una desaceleración, la cual creará rezagos nuevamente. Mientras las élites políticas están enfrascadas en pleitos tóxicos, sin abordar los temas críticos de sus países, el mundo está avanzando y preparándose para cambios que resultan del desorden arancelario, de la continuidad de conflictos militares, frente a una desaceleración en Estados Unidos en el 2026 con un aumento en el desempleo de 2.9% a 3.6% desde diciembre de 2025 y una posible inflación y 40% de probabilidad de recesión.
