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Como episodio de la Guerra Fría, Estados Unidos, Venezuela y El Salvador negociaron un canje de presos con apoyo del expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, el Vaticano y el cardenal salvadoreño Gregorio Chávez, según la información disponible.
Pero esta vez la mayoría de los afectados no eran activistas, políticos o espías, como hace más de tres décadas, sino centenares de personas comunes.
¿Qué realidades muestra este caso? Hasta ahora, por lo menos estas:
1. El péndulo en la relación entre Estados Unidos y Venezuela vuelve al extremo pragmático:
– Regresan a su país 252 venezolanos migrantes, detenidos en Estados Unidos y deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador.
– Regresan también siete menores venezolanos, separados de sus padres, quienes habían sido deportados por Estados Unidos.
– Vuelven a Estados Unidos diez hombres de doble nacionalidad o extranjeros residentes permanentes en ese país, que estaban presos en Venezuela.
La negociación se impone de nuevo, en contraste con el radicalismo dentro de la Administración Trump, que anima la hostilidad frontal contra el régimen de Nicolás Maduro.
The New York Times citó fuentes de la negociación para reportar que el trato estuvo estancado, en parte porque dos diferentes funcionarios estadunidenses hicieron ofertas distintas a los venezolanos.
Richard Grenell, enviado de Trump para misiones especiales, había logrado en enero de 2025 la liberación de seis presos estadunidenses y el compromiso de que Venezuela repatriara migrantes.
El secretario de Estado, Marco Rubio, del ala radical, rechazó la interpretación de que había un reconocimiento de Maduro y en cambio dijo que Estados Unidos tenía “muchas opciones para infligir un grave daño” a Venezuela.
2. Trump podía, por supuesto, presionar a Nayib Bukele para que liberara a prisioneros de la mayor cárcel del continente, contra la versión de la Casa Blanca de que esa opción era imposible.
Al aceptar a los venezolanos, el presidente salvadoreño había echado combustible en la imagen incendiaria construida por Trump, que equipara migrantes/delincuencia/máximo castigo.
3. Quedan en entredicho las causas de reclusión tanto de venezolanos como de estadunidenses. La mayoría de los migrantes que estaban en el CECOT no tenían ningún antecedente penal. Su internamiento y permanencia indefinida en un tercer país nunca tuvo una base legal y su expulsión de Estados Unidos se basó en una ley del siglo XVIII.
Los extranjeros presos en Venezuela fueron acusados de “delitos graves contra la paz”, dijo la cancillería venezolana. Familiares y defensores han alegado durante meses, en cambio, circunstancias de viaje lícitas de los ahora excarcelados.
La organización de observación judicial Foro Penal había reportado decenas de presos extranjeros o de doble nacionalidad, capturados en el último año y medio, como una actividad sistemática en Venezuela.
También fueron excarcelados decenas de opositores venezolanos bajo “medidas alternativas” a la prisión, informó la cancillería. Acusados de delitos comunes, fueron detenidos sobre todo después de las elecciones de julio de 2024, de las que nunca hubo resultados oficiales precisos, pero permitieron la permanencia de Maduro en el poder.
Los encarcelamientos en todo este caso han servido como recurso en la mesa de negociaciones: la prisión como herramienta política.
4. Queda pendiente el futuro del negocio petrolero entre Estados Unidos y Venezuela.
Grenell había logrado que Trump prolongara la licencia de la estadunidense Chevron en Venezuela, en lo cual fue notorio el interés del magnate petrolero Harry Sargeant III.
Pero el permiso expiró en mayo de 2025. Ahora, en una señal ambigua, Trump autorizó que la empresa conserve bienes y personal en Venezuela, aunque ya no pueda trabajar.
La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ha logrado recuperar su producción de crudo, al acercarse al millón de barriles diarios, apenas un tercio de sus resultados históricos, pero mucho más que los cientos de miles que bombeaba hace unos tres años.
El negocio sale afectado por el castigo al precio de un producto obligado a operar fuera del mercado tradicional. Pero una consecuencia estratégica es que, para sortear las sanciones estadunidense, Pdvsa ha recurrido al mercado y a proveedores chinos.
Como dice el economista Luis Vicente León: “Estados Unidos está entregando la mina de petróleo más grande del mundo, que es Venezuela, a su principal adversario internacional”.
Persiste, además, el caso Citgo, la cadena de refinerías, almacenes y estaciones de servicio en Estados Unidos, propiedad de Pdvsa, que Trump en su primer mandato entregó a un grupo de la oposición venezolana.
Empresas expropiadas y tenedores de bonos venezolanos ven ahora la ocasión para cobrar facturas mediante la subasta de Citgo, que aún está en tribunales.
Otro teatro de operaciones para el conflicto entre pragmáticos y radicales.
