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El levantamiento de las sanciones, una transición democrática y reformas profundas son esenciales para recuperar la producción. Cuando el presidente Trump anunció la captura del autócrata venezolano, Nicolás Maduro, y sugirió que las gigantes petroleras estadounidenses intervendrían para reparar la maltrecha infraestructura petrolera del país, sonó como una propuesta de negocio sencilla. Después de todo, Venezuela cuenta con algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo, y las refinerías estadounidenses están especialmente equipadas para procesar su crudo pesado. Además, Estados Unidos puede vender a Venezuela los condensados y productos refinados que necesita para mezclar con su petróleo extrapesado.
La lógica económica es convincente: costos de extracción competitivos (inferiores a los de Canadá y Estados Unidos), potencial de rápido crecimiento de la producción y una compatibilidad estratégica para ambas naciones. Además, aunque a corto plazo Venezuela no pueda marcar una gran diferencia en un mercado global ya saturado, el crecimiento de la producción del país podría resultar crucial para evitar una crisis petrolera mundial en la próxima década si la demanda global de petróleo continúa aumentando. Sin embargo, hoy en día Venezuela produce menos del 1% de la producción mundial, un marcado contraste que pone de manifiesto tanto su potencial sin explotar como los formidables desafíos que se avecinan.
Debajo del optimismo inicial se esconde una realidad desalentadora: los obstáculos para el resurgimiento petrolero de Venezuela no son técnicos ni geológicos. Son políticos e institucionales, arraigados en décadas de inestabilidad política, contratos incumplidos y un legado de nacionalismo de los recursos. Reparar la industria requiere una profunda reforma institucional.
Cómo llegamos hasta aquí
Durante un cuarto de siglo, el sector petrolero del país se ha visto paralizado por riesgos en la superficie, no en el subsuelo. Si los yacimientos petrolíferos de Venezuela estuvieran en Texas o Alberta, estarían produciendo a niveles récord. En cambio, la producción languidece y recuperar la producción por encima de los niveles máximos, hasta alrededor de cuatro millones de barriles por día, requeriría cerca de 100 mil millones de dólares y una década de esfuerzo sostenido.
Venezuela se consolidó como un importante productor de petróleo en la década de 1920, convirtiéndose rápidamente en el mayor exportador del mundo. En particular, la posguerra trajo prosperidad, impulsada por gigantes internacionales como Shell y Exxon que operaban bajo concesiones favorables que repartían las ganancias a partes iguales con el Estado.
Sin embargo, en la década de 1960, los Gobiernos nacionalistas de los recursos aumentaron los impuestos al petróleo y anunciaron que las concesiones no se renovarían, lo que provocó una disminución de la inversión extranjera. Como miembro fundador de la OPEP, Venezuela defendió precios e impuestos más altos mediante la coordinación del cártel. A principios de la década de 1970, la falta de inversión provocó una caída en las reservas y la producción. La nacionalización se produjo en 1976, con PDVSA, la compañía petrolera nacional, tomando el control. Si bien PDVSA revirtió inicialmente la disminución de la inversión, las cuotas de la OPEP limitaron el crecimiento de la producción.
A finales de la década de 1980, se eliminaron las cuotas de la OPEP y PDVSA comenzó a aumentar rápidamente la producción, pero carecía de la capacidad financiera y tecnológica para desarrollar las vastas reservas de crudo extrapesado y mantener la producción en algunos campos marginales en declive. Por lo tanto, se invitó a las compañías petroleras internacionales a regresar en la década de 1990. Conoco, Total, Chevron y Exxon se convirtieron en los mayores inversores del país.
Hugo Chávez llegó al poder en 1999 justo a tiempo para aprovechar la capacidad adicional de más de 1 millón de barriles por día y el auge de los precios del petróleo, lo que resultó en la mayor bonanza de ingresos en la historia de la región y lo hizo muy popular. Chávez ejerció control político sobre PDVSA, destituyó a la mayor parte de su directiva y personal técnico, y renegoció los contratos de forma coercitiva para aumentar los impuestos y asegurar la propiedad estatal mayoritaria.
Algunas empresas, como Conoco y Exxon, rechazaron los nuevos términos y se marcharon, buscando arbitraje internacional. La mayoría de las demás, incluida Chevron, aceptaron las condiciones. Pero Chávez y su sucesor, Maduro, siguieron incumpliendo los acuerdos con los inversores extranjeros, lo que provocó la salida de la mayoría de ellos del país.
La producción de Venezuela se desplomó de 3.4 millones de barriles por día al comienzo del gobierno de Chávez a menos de 1 millón de barriles por día en la actualidad. La producción en los campos operados exclusivamente por PDVSA, sin la ayuda de socios extranjeros, se redujo en el 85%. En un escenario hipotético, sin las intervenciones políticas de Chávez, el país estaría produciendo significativamente más de 4 millones de barriles por día.
Solo tres grandes actores extranjeros conservan una participación relevante en la producción de petróleo: Chevron (25%) y las compañías petroleras nacionales chinas y rusas (alrededor del 10% cada una). Esta disminución se debe a la mala gestión, la corrupción y la apropiación sistemática de las ganancias por parte del gobierno.
Las sanciones estadounidenses han exacerbado la situación, pero la tendencia a la baja ya estaba en marcha antes de su imposición. De hecho, la producción ya era de 1.3 millones de barriles por día cuando comenzaron las sanciones petroleras en 2019, solo 300 000 barriles por encima del nivel actual.
Las últimas siete décadas de la industria petrolera venezolana se han caracterizado por contratos incumplidos y nacionalismo de los recursos. Ningún acuerdo ha llegado a su término sin un deterioro significativo de sus condiciones. El papel dominante del Estado ha limitado considerablemente la participación del capital privado. Las élites políticas han optado sistemáticamente por un mayor control político sobre una economía estancada en lugar de generar un crecimiento que podría brindar mayores beneficios económicos a largo plazo para la nación.
Pasos hacia la recuperación
¿Qué se necesitaría para revertir la situación? En primer lugar, Venezuela necesita relaciones estables y constructivas con Estados Unidos y Europa, y el fin permanente de las sanciones petroleras. Los inversores deben percibir una estabilidad política genuina y un consenso duradero entre los líderes y la sociedad del país para reabrir el sector a la participación extranjera. Lo más importante es que se debe promulgar y aplicar un marco legal creíble por parte de instituciones legítimas, lo que requiere una transición a la democracia.
Algunos argumentan que la simple eliminación de las sanciones desataría una avalancha de inversiones. En realidad, el levantamiento de las sanciones es necesario, pero dista mucho de ser suficiente. Sin sólidas protecciones legales, continuidad en las políticas y legitimidad política, el tipo de inversión a gran escala y a largo plazo necesaria para reconstruir la industria petrolera venezolana seguirá siendo inalcanzable.
En ausencia de un cambio institucional genuino, Venezuela aún podría atraer inversiones limitadas en proyectos de bajo riesgo y alta rentabilidad a corto plazo. Si bien estos podrían generar ganancias modestas, contribuirían poco a la reconstrucción de la industria o a la recuperación de la capacidad de producción del país a largo plazo.
Chevron se encuentra en una posición privilegiada para ayudar, ya que opera en el país, cuenta con contratos con un potencial de desarrollo significativo y puede reinvertir parte de su flujo de caja. Repsol, y quizás ENI, podrían aportar incrementos más modestos. Sin embargo, los grandes proyectos que requieren un capital inicial sustancial y un largo período de maduración seguirán siendo inalcanzables.
Una recuperación significativa es posible, pero solo si se basa en un cambio político duradero, instituciones creíbles y un compromiso a largo plazo para restaurar la confianza de los inversores. Solo entonces Venezuela podrá recuperar su lugar como potencia energética y cumplir la promesa de su vasta riqueza petrolera.
*Este artículo se publicó originalmente en Americas Quarterly.
