6 de diciembre 2018
Sabemos que no es sostenible la dictadura de los Ortega-Murillo porque se apoya solo en la violencia de las armas. Ha impuesto un Estado de Sitio y Ley Marcial no declarados, convirtiendo a Nicaragua en una especie de país ocupado. Por eso mismo también sabemos que se tendrán que ir del poder, pero no tenemos certeza de cuándo ni cómo. Además somos conscientes de que el principal protagonista de una lucha no violenta es la ciudadanía y que la resistencia pacífica es el factor principal para desmontar al régimen, lo demás, es complementario, es decir, no serán únicamente medidas del gobierno de EE.UU ni de la Organización de Estados Americanos las que liquidarán a la tiranía. Es cierta pues la consigna “Solo el pueblo salva al pueblo”.
La resistencia pacífica ciudadana es la base para la victoria, pero lleva dos meses de estar neutralizada por la represión extrema de la dictadura, sin que reaccionen de manera apropiada las organizaciones surgidas con el estallido social de abril ni las que existían antes y que han estado formando parte de esta insurrección cívica no violenta.
Urge la reactivación de la resistencia pacífica de la ciudadanía porque sin ella no habrá una victoria sobre la dictadura orteguista que garantice que se cumplan las reivindicaciones populares de libertad, democracia, institucionalidad y respeto a los derechos humanos, más todo lo que implica la justicia transicional (investigación de los asesinatos, castigo a los criminales y reparaciones morales y materiales a las víctimas).
Sin una resistencia pacífica ciudadana reactivada, pueden surgir indeseables salidas a la crisis política y social como un pacto entre antiguos dirigentes del FSLN, el gran capital y el Ejército; o brotes armados que prolongarían sin necesidad el dolor y el llanto, la tragedia de todo un pueblo por muchísimos años y sin ninguna seguridad en la victoria.
En las últimas décadas ha triunfado el 80 por ciento de las luchas pacíficas ciudadanas contra dictaduras y gobiernos autoritarios y en todas la condición principal ha sido que la resistencia no violenta debe ser sostenida, lo cual no está ocurriendo en Nicaragua, donde se ha abierto un peligroso reflujo ante la escalada represiva del orteguismo.
Por supuesto que hay que defender la vida y la integridad física de la ciudadanía, no queremos más personas muertas ni prisioneras, pero tampoco debe ser a costa de suspender la resistencia, la cual no solo se realiza en condiciones en que la legalidad lo permite, sino también, y sobre todo, cuando los derechos han sido conculcados. La insurrección pacífica no le pide permiso a la dictadura.
Las organizaciones que principalmente han impulsado la rebelión ciudadana pacífica como los movimientos auto convocados de estudiantes y ciudadanía en general, la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil y la Alianza Cívica, reunidas en la Unidad Nacional Azul y Blanco, se muestran desconcertadas y sin poder reaccionar ante la ola represiva.
La reactivación de la resistencia pacífica de la ciudadanía requiere una nueva estrategia, cambios de enfoques y de metodologías para desarrollar actividades y acciones de desobediencia civil, de desconocimiento de la dictadura como gobierno, de socavamiento del régimen para empujarlo a la mesa de negociaciones en la que se debe encontrar una salida política.
Llevar a cabo actividades y acciones contra la tiranía implica pasar a una estrategia conspirativa y de clandestinidad que requiere de un poderoso entramado altamente organizado de miles de pequeños grupos o células de entre tres a cinco personas en el campo y la ciudad de todo el territorio nacional, que se activen para realizar acciones que, aunque pequeñas, por su simultaneidad y masividad, serían de alto impacto, y golpearían a la dictadura.
Promover estructuras organizativas amplias que incluyen comisiones de trabajo como los llamados Comités Azul y Blanco, equivalen a mover un pesado tren, en momentos en que más bien se requieren livianas guerrillas ciudadanas que se muevan cuidadosamente con retaguardias de abastecimiento, seguridad y comunicación a la hora de operar; y que en cuestión de minutos realicen las acciones pacíficas que deban hacer, por ejemplo, pintas, distribución de volantes o papeletas, pegado de afiches, lanzamiento de globos azul y blanco, instalación de mantas, pequeñas barricadas, etcétera, y se retiren con sigilo y de manera relámpago a sus hogares o casas de refugio.
Se trata de mantener viva la llama de la rebelión, de que los periodistas y comunicadoras(es) independientes de Nicaragua y los del exterior, tengan qué informar y comentar todos los días, y que la dictadura resienta las acciones de protesta y de rechazo hacia ella. Además, que este protagonismo le diga a otros sectores y fuerzas sociales que no hay ninguna solución sin tomar en cuenta sus intereses.
Otra premisa de la lucha cívica es que ciertos eventos son desencadenantes de otros, como el llamado a la marcha del 14 de octubre que derivó en el secuestro de unas 30 personas en el Camino de Oriente y la declaración de Marlen Chow a uno de sus interrogadores, de que pertenecía al movimiento de mujeres del pico rojo, lo que una vez hecho público, se hizo viral en las redes sociales y tuvo una repercusión internacional. Si no hay resistencia ciudadana no existiría ninguna posibilidad de que surjan hechos que catapulten la lucha, que generen repercusiones y consecuencias y que unidos a acontecimientos internacionales, desencadenen una aceleración de la crisis de la dictadura orteguista y su eventual caída.
Finalmente, sabemos que con la criminalización de las protestas en las calles, el régimen le ha puesto un peligroso tapón a una olla de presión, y esta podría estallar con repercusiones inconvenientes, como la lucha armada, así que desde todos los ángulos posibles es un imperativo la reactivación de la resistencia pacífica ciudadana para lograr “¡Que se vayan!”