Carlos F. Chamorro / Juanita Goebertus
18 de julio 2023
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Hace más de cinco años que Nicaragua enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos de América Latina. Sin embargo, la respuesta de la comunidad internacional ha sido poco efectiva para detener el deterioro de esta crisis. Para proteger los derechos de los nicaragüenses, los Gobiernos democráticos, especialmente en las Américas y la Unión Europea (UE), deben fortalecer y coordinar sus acciones de manera efectiva.
El Gobierno de Daniel Ortega ha utilizado la represión sistemática contra todos los sectores de la sociedad para sostenerse en el poder de manera indefinida. Desde 2018, el Gobierno ha cerrado más de 3500 organizaciones de la sociedad civil, incluidas organizaciones humanitarias como la Cruz Roja. También ha aprobado leyes abusivas que restringen el trabajo del periodismo independiente y la sociedad civil. Las autoridades han detenido y procesado arbitrariamente a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.
Actualmente, permanecen encarcelados 64 presos políticos, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, la voz profética de la Iglesia de Nicaragua. Álvarez, condenado a más de 20 años de prisión bajo cargos espurios, representa uno de los ejemplos más despiadados de la persecución dirigida contra la Iglesia católica.
En febrero, el Gobierno despojó arbitrariamente de su nacionalidad a 317 nicaragüenses, incluyendo 222 expresos políticos desterrados a Estados Unidos, dejando a muchos apátridas.
Los líderes de la UE y de los Gobiernos democráticos de América Latina pueden contribuir a una salida democrática si redoblan sus esfuerzos para hacer frente a la crisis. Un paso en esa dirección es el establecimiento de un "Grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense" que garantice una respuesta multilateral, coordinada y de alto nivel ante la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que atraviesa el país.
Este es el llamado urgente que hicieron más de 160 nicaragüenses, incluyendo expresos políticos y exiliados, y 29 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos de cara a la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC) y la UE que se celebrará el 17 y 18 de julio en Bruselas. Amplios sectores de la sociedad civil respaldaron la propuesta, incluyendo prestigiosos escritores, reconocidos periodistas, líderes campesinos, estudiantes y empresarios y defensores de derechos humanos.
A pesar de algunos esfuerzos a nivel internacional, como sanciones individuales adoptadas por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Gran Bretaña, y Suiza, la presión sobre el Gobierno de Ortega ha sido limitada y dispersa en el tiempo.
Recientemente, España, Chile, Colombia, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y Panamá, así como el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), se han pronunciado en contra del ataque a las libertades fundamentales de la población, e incluso algunos han ofrecido su nacionalidad a las víctimas.
A nivel multilateral, la crisis se ha abordado principalmente en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En ambos organismos se han aprobado numerosas resoluciones condenando los abusos y demandando el restablecimiento de la democracia en el país.
Pero ni las sanciones ni las condenas aisladas han conseguido ejercer una presión suficiente sobre el Gobierno de Ortega. Estos esfuerzos han carecido de secuencia y coordinación y no se han enmarcado dentro de una estrategia más amplia que busque presionar al Gobierno para que restablezca las libertades democráticas y negocie una reforma electoral.
El Gobierno en Managua continúa ignorando los pronunciamientos públicos por una transición democrática para Nicaragua. En 2022, el Gobierno expulsó al nuncio apostólico, al representante del Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC), a la embajadora de la Unión Europea, y rompió relaciones con los Países Bajos. También se ha negado en forma reiterada a cooperar o permitir la visita de organismos internacionales de derechos humanos.
El Grupo de Expertos para Nicaragua, facultado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar violaciones de derechos humanos en el país cometidas desde abril de 2018, documentó recientemente evidencias sólidas de crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportaciones forzosas y persecución por motivos políticos.
Para salir del estancamiento en la respuesta a la crisis, es necesario diseñar una estrategia efectiva, sostenida en el mediano plazo, y en diálogo con la sociedad civil nicaragüense, que establezca una hoja de ruta para allanar el camino hacia una transición democrática y el acceso a la justicia. La cumbre CELAC-UE brinda una oportunidad importante para que los Gobiernos latinoamericanos, junto con la participación activa de la UE, se reúnan y acuerden un enfoque concertado frente a la crisis. Crear un Grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense sería un primer paso fundamental.
*Carlos F. Chamorro es director de confidencial.digital y Juanita Goebertus es directora de las Américas de Human Rights Watch.
**Una versión de este artículo fue publicada en inglés en EurActiv y está disponible en https://www.euractiv.com/
