AA
Share
La permanencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el Sistema de la Integración Centroamericana se ha convertido en una anomalía jurídica y política que la región ya no puede ignorar. Nicaragua fue retirada de la Organización de Estados Americanos por decisión de la dictadura, pero el régimen pretende seguir operando con normalidad dentro del SICA, un organismo cuya legitimidad descansa, en el respeto a los principios de la Carta de la OEA.
La contradicción de fondo no es la disputa por la Secretaría General del SICA. Se trata de algo mucho más serio: un régimen que rompió con el sistema interamericano para evadir sus obligaciones democráticas y de derechos humanos, pero que pretende conservar sus privilegios dentro de una organización subregional fundada sobre los mismos valores que Ortega ha pisoteado.
La reciente carta enviada por la dictadura a los países miembros del SICA debe leerse a la luz de esa contradicción. Después de que los demás Estados aprobaran, sin la participación de Nicaragua, una reforma al mecanismo de votación interna para impedir que Managua siguiera bloqueando indefinidamente la elección del nuevo secretario general, el régimen optó por un tono inusualmente conciliador. La dictadura que durante meses insultó y descalificó a gobiernos centroamericanos ahora habla de consenso y legalidad.
Ese cambio de tono es un repliegue táctico. Ortega no ha renunciado a manipular al SICA; simplemente ha perdido capacidad de bloqueo. Durante más de dos años, el régimen utilizó una interpretación abusiva del consenso como derecho de veto, paralizando al organismo para intentar imponer figuras subordinadas a su agenda política. La reforma aprobada por los demás países no destruye el consenso; lo rescata de su abuso.
Ciertamente, la salida de Nicaragua de la OEA no produce, de manera automática la expulsión de Nicaragua del SICA. El Protocolo de Tegucigalpa no contiene una cláusula expresa que diga que la membresía en la OEA es condición formal para pertenecer al SICA. Pero sí establece que los Estados miembros deben respetar los principios y normas de la Carta de la ONU y de la Carta de la OEA. Por tanto, cuando la dictadura rompe con la OEA precisamente para desconocer sus obligaciones, abre la puerta a una revisión formal de su participación.
Ese es el punto que la región debe abordar. No basta con decir que Nicaragua sigue siendo geográficamente centroamericana. La integración regional no es una simple asociación territorial. Es una comunidad jurídica y política fundada sobre compromisos compartidos. El SICA nació para consolidar a Centroamérica como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Un régimen que abandona la OEA para evadir responsabilidades internacionales no puede seguir actuando como si nada hubiera ocurrido. Por ello, desde la Fundación para la Libertad de Nicaragua hemos venido informando privadamente a actores regionales y especialistas sobre esta anomalía, y muchos en los pasillos del sistema reconocen el problema.
El segundo argumento es aún más grave. El convenio militar con Rusia. El acuerdo suscrito en Moscú el 22 de septiembre de 2025 entre el Ministerio de Defensa ruso y la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, posteriormente ratificado por el Consejo de la Federación de Rusia el 29 de abril de 2026, no puede presentarse como cooperación ordinaria. Incluye intercambio de información militar y de inteligencia, entrenamiento conjunto, coordinación frente a supuestas amenazas a la seguridad regional y global, cooperación en guerra radioelectrónica, protección radiológica, química y biológica, así como la creación de un grupo de trabajo permanente y planes anuales de cooperación militar.
Eso coloca a Nicaragua en una posición incompatible con el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica de 1995. Ese tratado fue concebido para evitar que la región volviera a convertirse en tablero de disputas militares extrarregionales. Ortega hace lo contrario. Convierte a Nicaragua en una plataforma de los intereses de Vladimir Putin.
Este no es un asunto interno nicaragüense. Cuando una dictadura abre la puerta a cooperación militar amplia con Rusia, incluyendo cooperación en temas de armas químicas y biológicas, pone en riesgo a toda la región. Conviene recordar que las armas químicas y biológicas están expresamente prohibidas por el derecho internacional. La Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas, en vigor desde 1975, y la Convención sobre Armas Químicas, en vigor desde 1997, prohíben toda una categoría de armas de destrucción masiva bajo el sistema de las Naciones Unidas. Nicaragua se adhirió a ambos instrumentos que siguen vigentes. Por eso, la inclusión de cooperación química y biológica en el convenio con Rusia es una señal alarmante en una región que se comprometió, hace medio siglo, a mantenerse libre de toda asociación con armas de destrucción masiva.
El tercer elemento es el patrón sistemático de manipulación del SICA. Ortega no ha buscado fortalecer la integración. Su obsesión ha sido usar el SICA como espacio de legitimación y como plataforma para posicionar a China y Rusia en Centroamérica. Esa agenda es contraria a los principios del sistema interamericano y a la razón histórica del SICA.
La crisis de la Secretaría General lo demuestra. Tras la salida de Werner Vargas, el régimen intentó imponer figuras políticamente obedientes.
Ortega sigue empecinado en la captura institucional del SICA. Es cierto que los gobiernos centroamericanos tienen razones legítimas para actuar con cautela. Una confrontación frontal con Ortega puede generar costos diplomáticos, comerciales y de seguridad. La región conoce bien la capacidad del régimen para usar el chantaje y la provocación como instrumentos de presión. Por eso algunos países han optado por preservar los canales diplomáticos.
Pero el riesgo de administrar indefinidamente la anomalía es que el SICA termine normalizando aquello que debería corregir. Una cosa es evitar una crisis innecesaria; otra muy distinta es permitir que una dictadura aliada de Rusia y China siga erosionando desde adentro una organización creada para proteger la paz democrática centroamericana. Por eso el SICA debe dar un paso adicional. Los órganos competentes deberían iniciar una revisión formal de la compatibilidad de la participación del régimen de Ortega con los principios fundacionales del sistema. Esa revisión debería incluir, como mínimo, tres elementos: el impacto jurídico de la salida de Nicaragua de la OEA, las implicaciones regionales del convenio militar con Rusia y el uso sistemático del consenso como mecanismo de bloqueo institucional.
Además, los países miembros deberían condicionar cualquier participación plena del régimen nicaragüense en decisiones sensibles del SICA al respeto efectivo de los principios fundacionales del sistema. No se trata de castigar al pueblo de Nicaragua, que es la primera víctima de la dictadura. Se trata de impedir que Ortega y Murillo sigan usando una institución regional para fines contrarios a la democracia, la seguridad y la integración.
