
9 de agosto 2019
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Policía alega que ocupó Invermedia, Promedia y Cabal, cumpliendo orden de Gobernación contra la oenegé Cinco, que no tiene relación con las empresas
Carlos F. Chamorro emplaza a ministra de Gobernación María Amelia Coronel a que desocupe empresas privadas que no pertenecen a la ONG bajo persecución
Hace casi ocho meses, en la noche del 13 de diciembre 2018, se produjo el asalto y robo masivo de la Policía Nacional contra la redacción de CONFIDENCIAL y Esta Semana, y un día después, el 14, se ejecutó la ocupación manu militari, de las empresas Invermedia, Promedia y Cabal, y del inmueble de mi propiedad donde se encuentran sus oficinas.
Desde entonces, he sostenido que esta acción del Estado, que no está amparada en ninguna orden judicial, representa una triple violación: contra la libertad de prensa, contra la libertad de empresa y contra el derecho a la propiedad privada, principios tutelados por la Constitución, que están siendo violados.
Después de haber agotado todos los recursos legales y administrativos para demandar al Estado la devolución de los bienes confiscados y la indemnización por los daños económicos y morales provocados a las empresas Invermedia, Promedia, Cabal, y a los trabajadores de estos colectivos, hoy expondremos nuevas pruebas, oficiales e independientes, que demuestran que el Estado no tiene ningún asidero legal para justificar esta triple violación de derechos.
Los tres Recursos de Amparo fueron debidamente tramitados y admitidos por la Corte Suprema de Justicia, y después de un largo proceso, fueron consolidados por la Sala Constitucional el primero de abril de 2019. De manera que, según el artículo 59 de la nueva Ley de Justicia Constitucional, han transcurrido ya los 45 días que manda la ley, para que la Corte falle el recurso de amparo. El plazo se venció el 30 de julio, y no se ha producido ningún fallo ordenando la suspensión del acto, incurriendo en un acto de retardación de justicia.
Hoy les presentaremos un documento en el que, por primera vez, el Estado, a través del director general de la Policía Nacional, intenta justificar el asalto contra las empresas Invermedia-Confidencial, Promedia-Esta Semana, y a la empresa Cabal, así como la posterior confiscación de facto de estas empresas y del inmueble de mi propiedad en que se encuentran sus oficinas.
Se trata del informe que presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el director general de la Policía, primer comisionado Francisco Díaz, para responder a los Recursos de Amparo que presentamos ante la Corte a través de nuestro representante legal, el abogado Lesmer Mendoza Galvez.
El informe está fechado el 19 de febrero 2019 y fue recibido en la corte el 21 de febrero. En la parte medular de este informe, dice el comisionado Díaz:
En otras palabras, la Policía intenta justificar el asalto contra dos empresas de medios de comunicación —Promedia e Invermedia— y contra una tercera empresa de consultoría ambiental —Cabal—, alegando que supuestamente estaba “cumpliendo órdenes administrativas” del Ministerio de Gobernación, de tomar posesión de los activos y bienes de la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco).
Pero, en realidad, lo que hizo fue allanar las instalaciones de tres empresas, que no forman parte de la oenegé Cinco, ni son propiedad de esta, ni están relacionadas con Cinco, sino que son empresas legalmente constituidas por diversos accionistas que están inscritas en el Registro Mercantil, cuyos bienes, documentos legales y los bienes de sus trabajadores, han sido ocupados, y además, la Policía ha usurpado y confiscado un inmueble que tampoco pertenece a la oenegé Cinco.
Lo que se está demostrando, con esta confesión del director de la Policía, es que el Estado ejecutó un asalto brutal contra la libertad de prensa, un acto de censura con el propósito de cerrar por la fuerza un medio de comunicación, incurriendo en una confiscación de facto, sin ningún sustento de legalidad.
En primer lugar, porque no allanaron las oficinas de Cinco, sino las instalaciones de las empresas Promedia, Invermedia y Cabal.
En segundo lugar, porque incluso el domicilio de la oenegé Cinco, estaba ubicado en Plaza España, y no en las oficinas que fueron asaltadas y confiscadas por la Policía en Planes de Altamira.
De hecho, en la medianoche del 13 de diciembre, cuando la Policía llegó a realizar el asalto, los guardas de seguridad les advirtieron que las oficinas de Cinco estaban en otro domicilio. Los policías se retiraron y media hora después regresaron para invadir por la fuerza las empresas Promedia, Invermedia, y Cabal.
Conferencia de Carlos F. Chamorro y Miguel Mora ante el sector privado representado por AmCham y el Cosep, este jueves 8 de agosto. // Foto: Carlos Herrera
En tercer lugar, no existe ninguna relación económica, legal o institucional, y menos aún de propiedad, entre la organización no gubernamental Cinco y las empresas Promedia, Invermedia y Cabal. El hecho de que como persona natural yo sea miembro de la directiva de la oenegé Cinco, tampoco establece alguna relación vinculante entre la oenegé y las empresas antes mencionadas, de las cuales soy director y solamente uno de sus varios accionistas.
En consecuencia, la declaración del jefe de la Policía ante la Corte Suprema de justicia, más bien representa una prueba contundente de que estamos ante un acto ilegal de robo, usurpación del dominio privado, y confiscación de facto, que el propio Estado no tiene ninguna forma de justificar.
Por lo tanto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debió haber fallado de oficio, desde hace meses, los Recursos de Amparo, que se presentaron el 17 de diciembre del año pasado, ordenando a la Policía la suspensión del acto de ocupación y la devolución de todos los bienes secuestrados, para que los afectados puedan recurrir en sus demandas de indemnización.
En adición a las contradicciones y falsedades de la versión policial, presentamos un segundo documento sobre estos mismos hechos, en el que la presidenta y directora de Cinco, Sofía Montenegro, desmiente la justificación oficial y corrobora que no existe ninguna relación contractual entre Cinco y las empresas Promedia, Invermedia y Cabal.
Managua, 8 de agosto 2019
Cinco ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad del Decreto AN No. 8513 de cancelación de personería jurídica por considerarlo violatorio de los artículos 46, 49, 182 y 183 de la Constitución Política.
Durante más de diez años, Cinco alquiló una oficina en ese inmueble, y ahí estaba ubicada cuando el 11 octubre de 2008, la Policía y la Fiscalía allanaron ilegalmente nuestra oficina, alegando que investigaban un presunto delito de lavado de dinero que nunca probaron. Durante las 16 horas que duró ese allanamiento, la Policía y la Fiscalía se abstuvieron de intervenir en la propiedad de las oficinas de las otras tres empresas —Invermedia, Promedia y Cabal— que desde entonces radicaban en ese domicilio. Eso fue lo que ocurrió hace once años.
Sin embargo, hacemos constar que desde el inicio de 2018, Cinco trasladó su domicilio a Plaza España, donde alquilaba el módulo A-6, hasta que suspendió el contrato a finales de diciembre 2018, después que se produjo el despojo de la personería jurídica de Cinco.
En vista de lo anterior, hacemos constar de forma categórica, que los bienes secuestrados el 13 de diciembre de 2018, y el inmueble ocupado por la Policía el 14 de diciembre de 2018, nunca pertenecieron ni pertenecen a la oenegé Cinco, sino a las empresas Promedia, Invermedia y Cabal, y al propietario del inmueble, con las cuales Cinco no tiene ninguna relación directa o indirecta de tipo contractual.
Atentamente,
Sofía Montenegro Alarcón
Directora Ejecutiva de Cinco
En mi condición de presidente de las empresas Invermedia y Promedia, y como director de los medios de comunicación CONFIDENCIAL y Esta Semana, agradecemos el apoyo brindado a este reclamo por las cámaras empresariales de AmCham y Cosep, y demandamos al Estado:
Los accionistas, periodistas, y trabajadores de las empresas Invermedia, Promedia y Cabal, hemos denunciado estos actos violatorios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que el 22 de diciembre de 2018 emitió medidas cautelares en nuestro favor, que no han sido respetadas por el Estado.
Al vencerse el plazo para que la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua falle sobre los Recursos de Amparo, y suspenda la confiscación de facto, nos reservamos el derecho de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de este acto de censura, que implica una triple violación inconstitucional: a la libertad de prensa y al ejercicio profesional del periodismo, y a la libertad de empresa y al derecho de propiedad privada.
*Declaración de Carlos F. Chamorro, presidente de las empresas Invermedia y Promedia, y director de los medios de comunicación, CONFIDENCIAL, Esta Semana, Esta Noche, y Niú.
San José, Costa Rica, 8 de agosto 2019
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Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Fundador y director de Confidencial y Esta Semana. Miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Ha sido Knight Fellow en la Universidad de Stanford (1997-1998) y profesor visitante en la Maestría de Periodismo de la Universidad de Berkeley, California (1998-1999). En mayo 2009, obtuvo el Premio a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, de Casa América Cataluña (España). En octubre de 2010 recibió el Premio Maria Moors Cabot de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2021 obtuvo el Premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística.
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