No a la confiscación de facto de Confidencial

Hace casi ocho meses, en la noche del 13 de diciembre 2018, se produjo el asalto y robo masivo de la Policía Nacional contra la redacción de CONFIDENCIAL y Esta Semana, y un día después, el 14, se ejecutó la ocupación manu militari, de las empresas Invermedia, Promedia y Cabal, y del inmueble de mi propiedad donde se encuentran sus oficinas.

Desde entonces, he sostenido que esta acción del Estado, que no está amparada en ninguna orden judicial, representa una triple violación: contra la libertad de prensa, contra la libertad de empresa y contra el derecho a la propiedad privada, principios tutelados por la Constitución, que están siendo violados.

El asalto de la Policía y la confiscación de facto

Después de haber agotado todos los recursos legales y administrativos para demandar al Estado la devolución de los bienes confiscados y la indemnización por los daños económicos y morales provocados a las empresas Invermedia, Promedia, Cabal, y a los trabajadores de estos colectivos, hoy expondremos nuevas pruebas, oficiales e independientes, que demuestran que el Estado no tiene ningún asidero legal para justificar esta triple violación de derechos.

• El 17 de diciembre de 2018 presentamos ante la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua, dos Recursos de Amparo en nombre de las empresas Promedia e Invermedia, respectivamente, y un tercero el 11 de enero de 2019, en nombre de la empresa Cabal, propiedad de mi esposa Desirée Elizondo, demandándole a la Corte Suprema de Justicia que ordene “la suspensión del acto de apropiación y tenencia ilícita perpetrados por la Policía Nacional”.

Los tres Recursos de Amparo fueron debidamente tramitados y admitidos por la Corte Suprema de Justicia, y después de un largo proceso, fueron consolidados por la Sala Constitucional el primero de abril de 2019. De manera que, según el artículo 59 de la nueva Ley de Justicia Constitucional, han transcurrido ya los 45 días que manda la ley, para que la Corte falle el recurso de amparo. El plazo se venció el 30 de julio, y no se ha producido ningún fallo ordenando la suspensión del acto, incurriendo en un acto de retardación de justicia.

• El 19 de diciembre presentamos ante el Ministerio Público una denuncia para que investigue a la Policía Nacional por la comisión de los delitos de “robo con fuerza (acompañado del inventario preliminar de los bienes robados a los particulares y las tres empresas mencionadas), daños a la propiedad, violación de domicilio, y usurpación de dominio privado”. Siete meses y medio después, el Ministerio Público no ha ordenado ninguna investigación sobre estos delitos que permanecen en la impunidad.

El informe del primer comisionado Díaz

Hoy les presentaremos un documento en el que, por primera vez, el Estado, a través del director general de la Policía Nacional, intenta justificar el asalto contra las empresas Invermedia-Confidencial, Promedia-Esta Semana, y a la empresa Cabal, así como la posterior confiscación de facto de estas empresas y del inmueble de mi propiedad en que se encuentran sus oficinas.

Se trata del informe que presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el director general de la Policía, primer comisionado Francisco Díaz, para responder a los Recursos de Amparo que presentamos ante la Corte a través de nuestro representante legal, el abogado Lesmer Mendoza Galvez.

El informe está fechado el 19 de febrero 2019 y fue recibido en la corte el 21 de febrero. En la parte medular de este informe, dice el comisionado Díaz:

• Que el 13 de diciembre de 2018 entró en vigencia el decreto 8513 emitido por la Asamblea Nacional, cancelando la personería jurídica de la entidad no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación, Cinco.
• Que ese mismo día, 13 de diciembre, el comisionado general Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, recibió una solicitud de la licenciada Franya Urey Blandón, directora auxiliar del Departamento de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, para que “gestione ante la autoridad judicial, la clausura, registro, allanamiento de morada, secuestro y ocupación de bienes, de las oficinas del Centro de Investigación de la Comunicación, Cinco, que según la Policía están ubicadas del Casino Pharaohs de Carretera a Masaya, dos cuadras abajo, dos cuadras al sur”.
• En consecuencia, dice el primer comisionado Díaz, “tomando en cuenta la urgencia de esta solicitud, la Policía procedió a allanar el local del Centro de Investigación de la Comunicación, ocupando bienes y clausurando el local”.
• Agrega que esta acción policial fue convalidada, a posteriori por el Juez Séptimo de Distrito Penal de Audiencia, Abelardo Alvir Ramos. Y finalmente, dice que “este acto de convalidación incluye un inventario detallado de todos los bienes que fueron ocupados y secuestrados en el local del Centro de Investigación de la Comunicación, Cinco.”

En otras palabras, la Policía intenta justificar el asalto contra dos empresas de medios de comunicación —Promedia e Invermedia— y contra una tercera empresa de consultoría ambiental —Cabal—, alegando que supuestamente estaba “cumpliendo órdenes administrativas” del Ministerio de Gobernación, de tomar posesión de los activos y bienes de la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco).

Pero, en realidad, lo que hizo fue allanar las instalaciones de tres empresas, que no forman parte de la oenegé Cinco, ni son propiedad de esta, ni están relacionadas con Cinco, sino que son empresas legalmente constituidas por diversos accionistas que están inscritas en el Registro Mercantil, cuyos bienes, documentos legales y los bienes de sus trabajadores, han sido ocupados, y además, la Policía ha usurpado y confiscado un inmueble que tampoco pertenece a la oenegé Cinco.

Lo que se está demostrando, con esta confesión del director de la Policía, es que el Estado ejecutó un asalto brutal contra la libertad de prensa, un acto de censura con el propósito de cerrar por la fuerza un medio de comunicación, incurriendo en una confiscación de facto, sin ningún sustento de legalidad.

En primer lugar, porque no allanaron las oficinas de Cinco, sino las instalaciones de las empresas Promedia, Invermedia y Cabal.

En segundo lugar, porque incluso el domicilio de la oenegé Cinco, estaba ubicado en Plaza España, y no en las oficinas que fueron asaltadas y confiscadas por la Policía en Planes de Altamira.

De hecho, en la medianoche del 13 de diciembre, cuando la Policía llegó a realizar el asalto, los guardas de seguridad les advirtieron que las oficinas de Cinco estaban en otro domicilio. Los policías se retiraron y media hora después regresaron para invadir por la fuerza las empresas Promedia, Invermedia, y Cabal.

Conferencia de Carlos F. Chamorro y Miguel Mora ante el sector privado representado por AmCham y el Cosep, este jueves 8 de agosto. // Foto: Carlos Herrera

En tercer lugar, no existe ninguna relación económica, legal o institucional, y menos aún de propiedad, entre la organización no gubernamental Cinco y las empresas Promedia, Invermedia y Cabal. El hecho de que como persona natural yo sea miembro de la directiva de la oenegé Cinco, tampoco establece alguna relación vinculante entre la oenegé y las empresas antes mencionadas, de las cuales soy director y solamente uno de sus varios accionistas.

En consecuencia, la declaración del jefe de la Policía ante la Corte Suprema de justicia, más bien representa una prueba contundente de que estamos ante un acto ilegal de robo, usurpación del dominio privado, y confiscación de facto, que el propio Estado no tiene ninguna forma de justificar.

Por lo tanto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debió haber fallado de oficio, desde hace meses, los Recursos de Amparo, que se presentaron el 17 de diciembre del año pasado, ordenando a la Policía la suspensión del acto de ocupación y la devolución de todos los bienes secuestrados, para que los afectados puedan recurrir en sus demandas de indemnización.

En adición a las contradicciones y falsedades de la versión policial, presentamos un segundo documento sobre estos mismos hechos, en el que la presidenta y directora de Cinco, Sofía Montenegro, desmiente la justificación oficial y corrobora que no existe ninguna relación contractual entre Cinco y las empresas Promedia, Invermedia y Cabal.

Declaración del Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco)

Managua, 8 de agosto 2019

1. El 12 de diciembre de 2018, el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), como asociación sin fines de lucro especializada en estudios de la comunicación, cultura, democracia y opinión pública que ha operado durante 23 años desde enero de 1995, fue despojado de forma arbitraria de su personería jurídica por la Asamblea Nacional.

Cinco ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad del Decreto AN No. 8513 de cancelación de personería jurídica por considerarlo violatorio de los artículos 46, 49, 182 y 183 de la Constitución Política.

2. La oenegé Cinco no tiene ninguna relación legal, económica, o institucional con las empresas de medios de comunicación Invermedia, productora de CONFIDENCIAL; Promedia, productora de Esta Semana; y la consultora de servicios ambientales Cabal, cuyas oficinas fueron asaltadas por la Policía, en la noche del 13 de diciembre de 2018, y ocupadas de forma permanente desde el 14 de diciembre.
3. Como oenegé dedicada a los temas arriba señalados, Cinco está registrada ante la Dirección de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, ante la que de forma sistemática ha cumplido sus obligaciones de brindar informes anuales sobre sus actividades, así como informes financieros. De manera que la Dirección de Asociaciones del MIGOB puede comprobar que Cinco no tiene ninguna relación con las empresas de medios de comunicación antes referidas.
4. Cinco tampoco es propietario del inmueble ubicado del Casino Pharaohs dos cuadras abajo, dos cuadras al sur en Planes de Altamira, que ha sido ocupado por la Policía desde el 14 de diciembre 2018.

Durante más de diez años, Cinco alquiló una oficina en ese inmueble, y ahí estaba ubicada cuando el 11 octubre de 2008, la Policía y la Fiscalía allanaron ilegalmente nuestra oficina, alegando que investigaban un presunto delito de lavado de dinero que nunca probaron. Durante las 16 horas que duró ese allanamiento, la Policía y la Fiscalía se abstuvieron de intervenir en la propiedad de las oficinas de las otras tres empresas —Invermedia, Promedia y Cabal— que desde entonces radicaban en ese domicilio. Eso fue lo que ocurrió hace once años.

Sin embargo, hacemos constar que desde el inicio de 2018, Cinco trasladó su domicilio a Plaza España, donde alquilaba el módulo A-6, hasta que suspendió el contrato a finales de diciembre 2018, después que se produjo el despojo de la personería jurídica de Cinco.

5. El pasado 21 de febrero de 2019, el director general de la Policía Nacional, Francisco Díaz, presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, un informe en el que justifica el allanamiento, ocupación de bienes, y cierre del local de las empresas Invermedia, Promedia y Cabal, alegando que está cumpliendo instrucciones a solicitud del “Departamento de Registro y Control de Organizaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación”, en perjuicio de Cinco.

En vista de lo anterior, hacemos constar de forma categórica, que los bienes secuestrados el 13 de diciembre de 2018, y el inmueble ocupado por la Policía el 14 de diciembre de 2018, nunca pertenecieron ni pertenecen a la oenegé Cinco, sino a las empresas Promedia, Invermedia y Cabal, y al propietario del inmueble, con las cuales Cinco no tiene ninguna relación directa o indirecta de tipo contractual.

Atentamente,

Sofía Montenegro Alarcón
Directora Ejecutiva de Cinco

Nuestras demandas al Estado

En mi condición de presidente de las empresas Invermedia y Promedia, y como director de los medios de comunicación CONFIDENCIAL y Esta Semana, agradecemos el apoyo brindado a este reclamo por las cámaras empresariales de AmCham y Cosep, y demandamos al Estado:

1. Que suspenda los actos confiscatorios contra CONFIDENCIAL y 100% Noticias.
2. Que devuelva todos los bienes robados y ocupados, según los inventarios que presentamos ante la Fiscalía el 19 de diciembre 2018, y los inventarios que según el comisionado Francisco Díaz fueron levantados por la Policía durante el allanamiento.
3. Que la Corte Suprema de Justicia falle en apego a derecho los Recursos de Amparo presentados por las empresas Invermedia, Promedia y Cabal, para suspender estos actos confiscatorios y restablecer el Estado de Derecho, que tutela la libertad de prensa.

Los accionistas, periodistas, y trabajadores de las empresas Invermedia, Promedia y Cabal, hemos denunciado estos actos violatorios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que el 22 de diciembre de 2018 emitió medidas cautelares en nuestro favor, que no han sido respetadas por el Estado.

Al vencerse el plazo para que la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua falle sobre los Recursos de Amparo, y suspenda la confiscación de facto, nos reservamos el derecho de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de este acto de censura, que implica una triple violación inconstitucional: a la libertad de prensa y al ejercicio profesional del periodismo, y a la libertad de empresa y al derecho de propiedad privada.

*Declaración de Carlos F. Chamorro, presidente de las empresas Invermedia y Promedia, y director de los medios de comunicación, CONFIDENCIAL, Esta Semana, Esta Noche, y Niú.

San José, Costa Rica, 8 de agosto 2019