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Nicaragua: entre la “sucesión dinástica” y los 222

No pedimos una intervención, sino aislar a la tiranía para que suspenda el estado policial, y facilitar una reforma electoral, sin Ortega ni Murillo

Carlos F. Chamorro

11 de febrero 2024

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Un año después de la liberación de los 222 presos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad, la dictadura familiar en Nicaragua ha seguido profundizando su propia crisis en el poder, al imponer un régimen cada vez más totalitario. La “innovación” del sultanato Ortega-Murillo ha sido crear un sistema de persecución de la disidencia, que castiga por igual a los que demandan elecciones libres y democracia, que a las monjitas de Madre Teresa de Calcuta, o a los promotores de una reina de belleza, ganadora de Miss Universo. Su receta es una maquinaria clientelista de control social, culto a la personalidad, espionaje político y extorsión económica, que está provocando la migración masiva de los nicaragüenses hacia Estados Unidos, Costa Rica y otros países, en busca de libertad, seguridad y oportunidades.

Si algún despistado analista internacional pronosticó que después de reelegirse en noviembre de 2021, sin competencia política y con todos los precandidatos presidenciales de la oposición presos, Ortega facilitaría una apertura política, en realidad, hizo todo lo contrario. En 2022, arrasó con la sociedad civil, eliminó a todos los gremios y asociaciones, y arreció la persecución contra los sacerdotes y obispos proféticos de la Iglesia católica.


De la misma manera, después de la excarcelación de los reos conciencia en febrero de 2023, tampoco se atrevió a convocar a un diálogo para restablecer la estabilidad nacional. El salto hacia adelante del régimen fue para intentar eludir los compromisos del Estado de Nicaragua con los convenios internacionales sobre derechos humanos, prevención de la tortura y la apatridia, entre otros, cobijándose como peón de Rusia, China, Cuba, Venezuela, Irán, Siria y Corea del Norte, bajo la protección política de sus aliados internacionales.

La suspensión del régimen de tortura en la cárcel contra los 222 fue sustituida por el endurecimiento del estado policial, usando la puerta giratoria para tener nuevos presos políticos (hay105 en las cárceles y más de 50 bajo asedio policial y casa por cárcel de facto), con más dictadura, más persecución religiosa, más extorsión económica contra las empresas, más corrupción y más confiscaciones de propiedades y universidades.

Al condenar como “apátridas” y “traidores a la patria” a otros 94 ciudadanos, la mayoría de ellos exiliados, el régimen extendió las confiscaciones contra más de 316 ciudadanos, anuló la seguridad jurídica, y generalizó la aplicación de un sistema de coimas y extorsión tributaria y aduanero, que ha colocado a Nicaragua entre los países más corruptos del mundo a la par de Venezuela, Siria y Somalia, en el ranking de Transparencia Internacional.

Por ello, casi dos años y medio después de la abstención masiva durante la farsa electoral de 2021, la gente sigue votando con los pies, y se va de Nicaragua porque el régimen no les ofrece ningún futuro a jóvenes, trabajadores, profesionales, productores, empresarios y, ni siquiera, a los mismos servidores públicos que trabajan en el Estado. Por su parte, Ortega y Murillo han convertido al país en un refugio de líderes corruptos centroamericanos, y en una plataforma de exportación a Estados Unidos de migrantes irregulares cubanos, haitianos y extracontinentales.

La única salida que ofrece la dictadura es más de lo mismo, o incluso algo peor que lo mismo, con la “sucesión dinástica” de Daniel Ortega a su esposa Rosario Murillo. Una sucesión que ya está en marcha con la barrida anticipada que está ejecutando la vicepresidenta en la cúpula del Estado para colocar a sus leales e incondicionales, ante el estupor que campea entre los partidarios del FSLN.

La caducidad del modelo de copresidencia entre el gobernante ausente, que por cierto hoy cumple 46 días de ausencia en el cargo público, y la vicepresidenta omnipresente, también está generando zozobra entre los generales del Ejército y la Policía, entre ministros, diputados, magistrados y testaferros de los negocios del clan familiar. Es un modelo fracasado, que incluso podría empeorarse al quedar todos los operadores políticos sometidos al poder absoluto y despótico de una sola persona.

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En Nicaragua, entre los altos rangos del Ejército y la Policía, que en última instancia sostienen a la dictadura en el poder, es vox populi que mientras Ortega es admirado y respetado por su aureola de caudillo “histórico”, Murillo es solamente temida (y odiada) por su prodigiosa memoria vengativa. Por eso es que el promocionado proyecto de “sucesión dinástica”, aunque a corto plazo es la única solución de carácter constitucional que pueden invocar los poderes fácticos, ante la ausencia definitiva de Ortega, no representa una solución de mediano plazo para los que manejan los feudos del poder dictatorial, mientras que para la mayoría democrática del país significaría únicamente más violencia política e inestabilidad.

En cambio, en la acera de la mayoría azul y blanco del país, la esperanza de un cambio democrático se mantiene intacta como la única salida nacional para iniciar la reconstrucción de Nicaragua con justicia, desarrollo y prosperidad.

A pesar del desarraigo y el dolor del destierro, y lo que implica reconstruir sus vidas y sus familias en condiciones adversas para superar las secuelas de la cárcel, la tortura y el exilio, el liderazgo plural de los exreos de conciencia y los líderes exiliados, que se organizaron en Costa Rica desde 2021, representa una luz de esperanza para salir de la dictadura e iniciar la transición democrática.

La dictadura nunca pudo quebrar la moral de los presos políticos en las cárceles del Chipote, La Esperanza, La Modelo y otros centros penitenciarios. Jamás pudo obtener una autoconfesión o inculpación por los supuestos delitos atribuidos. Por el contrario, sólo logró la reafirmación de que la lucha por la libertad y la democracia, con justicia sin impunidad, es innegociable.

Un año después de la excarcelación de los 222 presos políticos, esa convicción sigue siendo el pilar fundacional de un nuevo liderazgo democrático que se conforma en un clima de tolerancia, sin caudillos ni mesianismo, alejado de los extremos, aunque todavía no tiene raíces hondas en la Nicaragua profunda, por la represión y el estado policial. De ese liderazgo depende, principalmente, y de la seguridad que puedan proveer a las redes ciudadanas, reactivar una resistencia activa en Nicaragua y convertirse en una alternativa de poder.

Pero el cambio ya se está construyendo, paso a paso, desde Nicaragua en la libertad de conciencia y en la resistencia silenciosa, y se amplifica desde el exilio en la prensa independiente que sigue derrotando la censura oficial, pero aún falta restablecer plenamente el derecho a la libertad de expresión, sin represión.

Por ello, es imperativo seguir demandando la solidaridad de América Latina, con la participación de México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Centroamérica, con la izquierda democrática y la derecha liberal latinoamericana junto a la comunidad internacional, para aislar a la dictadura Ortega-Murillo, con el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea. Los nicaragüenses no están demandando una intervención extranjera ni lesionar la soberanía de Nicaragua, lo que exigimos es aislar a una dictadura totalitaria hasta que se suspenda el estado policial, para despejar el camino hacia una reforma electoral, sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo, para celebrar nuevas elecciones libres e iniciar la transición democrática.

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Carlos F. Chamorro

Carlos F. Chamorro

Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Fundador y director de Confidencial y Esta Semana. Miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Ha sido Knight Fellow en la Universidad de Stanford (1997-1998) y profesor visitante en la Maestría de Periodismo de la Universidad de Berkeley, California (1998-1999). En mayo 2009, obtuvo el Premio a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, de Casa América Cataluña (España). En octubre de 2010 recibió el Premio Maria Moors Cabot de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2021 obtuvo el Premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística.

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