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Políticas económicas y conflicto identitario

migración masiva

Un cayuco con 52 ocupantes llegando a El Hierro, de las Islas Canarias, de España, en enero de 2024. // Foto: EFE | Gelmert Finol

/ Daniel Brieba

7 de febrero 2024

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¿Qué tipos de políticas económicas deberían acometer los reformistas de centro? La respuesta estándar es que deberían enfocarse tanto en el crecimiento económico impulsado por la innovación, como en fomentar una distribución más justa de los ingresos. Lograr estos objetivos de manera simultánea sería difícil bajo circunstancias normales. Hoy día, el choque de identidades que amenaza con desgarrar muchas sociedades democráticas lo hace aún más difícil.

De acuerdo a la sabiduría convencional, la mejor forma de debilitar la política identitaria es lograr que los ingresos se distribuyan de manera más justa. Pero la verdad es lo opuesto: a menos que abordemos decisivamente el choque de identidades, la política se volverá tan tóxica e inmanejable que llegará a ser imposible estimular la innovación y reducir la desigualdad económica, menos aún mejorar los servicios públicos y controlar el cambio climático.


Parte de la respuesta al problema es política, y empieza por la selección de los propios candidatos: los líderes de centro elitistas y distantes serán percibidos como tales por el electorado. Las políticas también pueden desempeñar un papel útil, pero no cualquier política. La clave es transmitir un mensaje fundamental al votante: el gobierno trabaja para ti, no para alguna elite ni tampoco para los amigotes en el aparato partidista.

Hay varias políticas que calzan con esta idea. Una de ellas es la reinvención de la seguridad social. Quien no encuentre ayuda alguna luego de enfermarse o perder el empleo, es probable que deje de creer en los políticos tradicionales y se vuelque hacia populistas y demagogos.

Pero muchos riesgos no son asegurables. En circunstancias como la crisis financiera mundial de 2007-2009 o la pandemia del covid-19, los mercados de los seguros se vienen abajo. Es por ello que, en un estudio reciente, Ricardo Reis y uno de nosotros (Velasco), de la London School of Economics, sostenemos que el gobierno debería ser también el asegurador de última instancia.

Pensemos en el plan de retención de empleo aplicado en el Reino Unido, que permitió a muchas empresas sobrevivir la recesión pandémica recortando relativamente pocos puestos de trabajo. Durante la crisis energética que en 2022 provocó la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el nuevo enfoque quedó en evidencia en los novedosos programas de transferencia dirigidos a los hogares más afectados por los altos precios.

El activismo fiscal centrado en la provisión de seguros viene con una salvedad: para gastar más en tiempos de vacas flacas, el gobierno necesita retener acceso a crédito a tasas razonables. Esto significa gastar menos o gravar más en tiempos de vacas gordas. El Estado asegurador no es sinónimo del despilfarro fiscal.

La época dorada de confianza en las instituciones democráticas en Europa Occidental y América del Norte después de la Segunda Guerra Mundial, también fue una época de sólida creación de empleo, con buenos puestos de trabajo a buenos salarios. Asimismo, la ola de democratización en Asia Oriental y América Latina en la década de 1990 y los comienzos del siglo XXI, también a menudo se sustentó en el aumento del empleo.

Los años transcurridos desde entonces han sido muy diferentes. La mayor parte de las economías avanzadas han experimentado un declive en la estabilidad laboral, un aumento del subempleo y una disminución de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional. En los países emergentes y en desarrollo parece cada vez más difícil replicar el milagro asiático, que se basó en la creación de trabajos vinculados al incremento de las exportaciones de productos manufacturados. Y en todos los países, sean ricos o pobres, ronda a los trabajadores el espectro de la destrucción de empleos causada por la automatización y la inteligencia artificial.

Como lo afirman Dani Rodrik y Stephanie Stantcheva, de la Universidad de Harvard: “Uno de los problemas fundamentales del capitalismo contemporáneo reside en que no ha producido un número adecuado de buenos empleos como para sustentar a una clase media próspera y creciente”. Una posible solución es la política laboral “activa” iniciada en Escandinavia y adoptada en otras regiones de Europa. Dicha política incluye la recapacitación de los trabajadores, los subsidios proempleo y el apoyo para hacer más efectiva la búsqueda de trabajo. El objetivo es aumentar las posibilidades de que todos –incluso quienes no poseen mayor capacitación o experiencia– puedan encontrar un empleo decente.

Si la meta es aumentar la cohesión social y reducir la tensión en materias identitarias, la creación de buenos empleos es muy preferible a la entrega de un ingreso básico universal. Los empleos de calidad pueden crear vínculos en la comunidad, así como una sensación de autoestima y esperanza en el futuro. Ello no se logra al quedarse en la casa consultando las redes sociales a la espera de una limosna del gobierno.

No hace mucho tiempo, si en un país existían zonas prósperas junto a regiones desindustrializadas con empresas cerradas y alto desempleo, el consejo que se solía ofrecer a los cesantes era que se trasladaran adonde sí había empleo. Pero hoy día entendemos que este no siempre es un buen consejo. Las personas prefieren vivir en el lugar donde se encuentran su comunidad, familia y amigos. Y cuando la gente joven y emprendedora parte, la comunidad se perjudica. Los vínculos sociales se rompen y la productividad local declina aún más. Quienes sienten que se han quedado atrás constituyen presa fácil para los populistas.

Según revelan las experiencias de Italia y el Reino Unido, dos naciones con profundas disparidades en los ingresos regionales, prestar ayuda a las regiones rezagadas es complicado. Pero esto no es motivo para que los reformadores dejen de intentarlo. La clave es alejarse de las meras transferencias y apoyo a los ingresos, para acercarse a un “gran salto” que amplíe la oferta de bienes que se pueden vender en otros lugares y a la vez cree demanda para servicios que sólo son transables a nivel local. Ayudar a recapacitar a los trabajadores, cooperar con las compañías locales para identificar los bienes y servicios públicos que necesitan, y facilitar la asimilación del conocimiento productivo, son componentes de una estrategia exitosa.

Existen buenas razones para desear que personas e ideas se muevan a través de fronteras nacionales. Las comunidades abiertas al mundo suelen ser más creativas, más productivas y más libres. Pero sería ingenuo ignorar las potencialmente nocivas consecuencias políticas de la inmigración masiva. Los costos y beneficios económicos de la inmigración están distribuidos de manera desigual entre los trabajadores. No todas las personas a quienes preocupa el impacto de la migración en el tejido de las comunidades locales, son racistas o xenófobas. 

Las políticas migratorias acertadas no serán las mismas en todos los países. Pero para evitar alimentar al monstruo populista, el electorado debe sentir, a nivel intuitivo, que ellas son sensatas.

Una analogía puede ser útil. Tener hijos a menudo implica invitar a sus compañeros de escuela a fiestas de pijamas. Si cada niño invita a un par de amigos, todos pueden dormir en la alfombra de la sala. Pero como los niños suelen divertirse tanto, quieren invitar a más y más amigos, aunque no haya espacio para todos. La conclusión es que las fiestas de pijamas deben regularse –y la inmigración también–.

Políticas como las anteriores transmiten al votante promedio la idea de que tiene un gobierno con el cual se puede identificar –y que a su vez se identifica con él–. A menos que los electores reciban este mensaje, serán susceptibles al populismo nativista y a la política identitaria que lo propicia.

*Este artículo fue escrito en conjunto con Daniel Brieba, Fellow de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la London School of Economics. El artículo se publicó originalmente en Project Syndicate.

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Andrés Velasco

Economista, académico, consultor y político chileno. Fue ministro de Hacienda durante todo el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010). Es director de Proyectos del Grupo de Trabajo del G30 sobre América Latina y Decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science. Sus textos son traducidos por Ana María Velasco.

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