14 de junio 2022
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Hace unos días tuve la suerte de participar en el Festival del Pensamiento Iberoamericano que organizaron el diario El País y el grupo Prisa en Cartagena. El evento coincidió con la recta final de las campañas electorales de la segunda vuelta por la carrera presidencial en Colombia. Los organizadores invitaron a los dos candidatos, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, a un conversatorio con periodistas y académicos allí reunidos.
Hernández no aceptó una reunión abierta, por lo que no pudimos conocer sus posiciones sobre los temas centrales de política doméstica e internacional. Petro, en cambio, intervino en una conversación de más de una hora con María José Bueno Márquez, actual directora de El País, y el experimentado periodista colombiano Alberto Casas. Resumo a continuación lo que escuché aquella tarde en el Palacio de la Proclamación de Cartagena.
El candidato habló de muchas cosas: de los derechos de las comunidades originarias y afrodescendientes, de las diferencias entre las costas y los valles, del contraste entre los enormes recursos naturales del país y la deficiente distribución del ingreso, de las grandes fallas del sistema sanitario y educativo, de las noticias falsas y las campañas de miedo que se propagan en la competencia electoral.
Pero si hubo un eje en su intervención, ese fue el de la reforma agraria combinada con la transición energética. Lo que Petro llama “reforma agraria” no es una ofensiva confiscadora, sino una extensión de títulos de propiedad a quienes trabajan la tierra, tomando en cuenta las grandes diferencias regionales del país, con costas en el Pacífico y el Caribe. Algo mucho más parecido a las reformas agrarias de los años 50 en Guatemala y Bolivia que a la gran estatalización agropecuaria producida en Cuba en los 60.
Una reforma que, además, toma en cuenta el tránsito generalizado de las economías latinoamericanas y caribeñas a una fase posindustrial y de servicios. Habló Petro de las grandes oportunidades que ofrecen los mares y las costas para el desarrollo de Colombia. Oportunidades que necesariamente deben incorporarse a una perspectiva ambientalista de gran calado, si lo que interesa al gobierno es el desarrollo sustentable a largo plazo.
La mayor limitación que Gustavo Petro atribuye a las políticas económicas latinoamericanas es su dependencia de la exportación de petróleo, gas, carbón y otras fuentes de energía sucia. Después de Lula, especialmente en su primer periodo, no he escuchado a un político latinoamericano tan crítico del extractivismo como Petro. En su segundo mandato, como es sabido, Lula moderó las críticas al extractivismo, que le generaron diferencias con Hugo Chávez y Fidel Castro, por conveniencia geopolítica.
En varias ocasiones, Petro se distanció abiertamente de la línea económica y geopolítica del bloque bolivariano. El extractivismo, a su juicio, además de contaminación ambiental genera corrupción doméstica y geopoliticismo internacional. A pregunta expresa de Pepa Bueno, respondió que de ser presidente no habría dudado en asistir a la Cumbre de las Américas de Los Ángeles y exponer allí su programa, que tiene como pilar el logro de la paz. La política exterior debe estar al servicio de los derechos de las mayorías, garantizados por la Constitución de 1991, que celebró una vez más, no del soberanismo maniqueo ni del reeleccionismo caudillista.
A diferencia de tanta izquierda antintelectual, Petro citó a Adam Smith, para decir que el trabajo y no el dinero es la fuente de la riqueza, y a Antonio Gramsci, para recordar que el pasado cuenta, siempre y cuando no se convierta en objeto de veneración y culto. A pesar de su desgaste y persistente manipulación, la democracia y los derechos humanos no deben colocarse en segundo plano. Dotar de contenido social a las instituciones democráticas, lejos de poner en duda esa forma de gobierno, significa profundizarla.
*Este artículo se publicó originalmente en La Razón, de México.
