14 de diciembre 2022
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La economía nicaragüense estará creciendo en 4% este 2022 con un ritmo rezagado y apegado a la realidad de una sociedad en dictadura. Este crecimiento está divorciado de cualquier recuperación económica en beneficio de los nicaragüenses: estos perciben menos ingresos, pagan más impuestos, son expulsados de su país, sus negocios extorsionados y el clientelismo es financiado con préstamos internacionales. Principalmente el crecimiento económico del país se atribuye al aumento en más de 30% de las remesas de familiares, a la inversión pública oxigenada por préstamos internacionales y a un gasto de Gobierno apoyado en la extorsión tributaria.
Los indicadores macroeconómicos muestran tres factores de crecimiento, uno es el gasto público, otro es el consumo y el tercero es la inversión pública. Ni el comercio exterior, la inversión privada, ni las reservas han tenido un efecto sobre el crecimiento este año.
El crecimiento en el consumo se atribuye a la contribución de las remesas al consumo privado. El consumo personal, excluyendo la entrada de remesas, fue prácticamente mínimo en relación con 2021. Esta tendencia tiene sentido dado que la informalidad en el país creció frente a la carestía de buenos empleos y bien pagados: los salarios han decaído en más del 15% desde 2018.
La economía formal crece poco, en 4%, mientras la informalidad, que representa ahora el 80% de la fuerza laboral y gana 15% menos que los formales, aumenta. La brecha entre los salarios y el costo de la canasta básica se ha ensanchado mucho más. Los salarios del trabajador informal no cubren ni la mitad de la canasta básica. Y ahora los alimentos representan el 70% del total de la canasta básica.
Los migrantes que salen son los que terminan rescatando la economía con las remesas que envían. Las remesas representan más del 50% del ingreso de un hogar entre los que la reciben, y frente a la carestía de los alimentos, y el aumento en la canasta básica, las remesas resuelven significativamente el consumo de los hogares, los cuales son más del 50% de los hogares del país.
En medio de la falta de empleo, bajos salarios, aumento de la informalidad, fuerte costo de vida y migración, las remesas aumentan del 13% al 26% en su contribución al consumo nacional.
La otra fuente de crecimiento fue el gasto del Estado. Este gasto ha sido un producto de la política regresiva y represiva del Estado. La política regresiva ha consistido en mantener impuestos altos, especialmente a las empresas, penalizarlas con faltas falsas, frente a una plena ausencia de seguridad jurídica donde los negocios no tienen recurso de queja. El resultado ha sido que a pesar de la contracción económica de los negocios, frente a la carestía de acceso al crédito, el aumento en el costo de vida, el Estado le ha seguido cobrando y subiendo impuestos a las empresas.
Para un país pequeño como Nicaragua, con menos de 150 000 negocios formales, la imposición de impuestos, aun en medio de pandemia y crisis económica, ha sido una guerra frontal del Estado en castigo por su patriotismo por el cambio democrático. Estas empresas siguen contribuyendo con el 44% del total de la tributación al Estado en 2022, al igual que lo hicieron en 2018, por un monto igual a 900 millones de dólares, aun y a pesar del desajuste económico. El acceso al crédito sigue siendo bajo, el porcentaje de cartera en riesgo sigue en 12%, y la oferta crediticia sigue a un 70% de lo que era en 2018.
Las remesas han sido otra fuente indirecta de tributación, ligada al impuesto al valor agregado. En la medida que los ingresos de remesas crecieron paulatinamente como resultado de la situación políticoeconómica asociada con la criminalización de la democracia y el populismo económico, las remesas han pasado del 7% al 16% del total de la renta nacional.
La otra fuente de crecimiento de la economía es la inversión pública. Esta inversión está financiada por el endeudamiento externo que ha ido directamente en obras públicas. El Estado se ha endeudado en actividades divorciadas de los planes de desarrollo que ellos mismos se habían fijado. Aparte de haber eliminado las organizaciones sin beneficio de lucro, creando pérdidas de más de 200 millones de dólares, el régimen cambia su modalidad de inversión hacia el clientelismo político creando favores económicos a su base a cambio de lealtades: los desembolsos de préstamos adquiridos se duplican de menos de 500 millones de dólares en 2018 a más 900 millones de dólares en 2021 y 2022 respectivamente sin pesos o contrapesos o mecanismos de rendimiento de cuenta del Estado sobre el uso de esos fondos. Estos desembolsos reflejan también la complicidad del BCIE que ha llegado a financiar el 70% del endeudamiento externo del país.
El crecimiento en 2023: tratando de sostener un modelo en declive
El Gobierno sabe muy bien que la sostenibilidad económica de ese crecimiento es precaria, toda vez que sus fuentes están definidas por el entorno internacional, y el desgaste que genera la represión. Nicaragua no tiene buenos prospectos de crecimiento.
Primero, las remesas no llegarán a crecer en más de 10%, lo que significará que el consumo privado se ajustará un poco ante la etapa inflacionaria proyectada a nivel global. La razón principal es que el volumen migratorio será menor en 2023 debido en gran parte a que ya ha salido más de 20% de la población total y realmente son más del 60% de hogares con un familiar en el exterior. La propensión a emigrar disminuye conforme el número de personas que se queda en el país disminuye (ancianos, población sin capacidad de ahorro y endeudamiento para migrar, menores de edad). De igual forma, la cantidad promedio enviada ya ha excedido un monto superior al envío histórico, promedio que pueda disminuir en parte de un ajuste a la realidad inflacionaria y una posible reducción de demanda laboral en Estados Unidos.
Segundo, ya tratando de anticipar un mayor debilitamiento económico, el régimen buscará endeudarse y utilizar sus reservas para equilibrar desajustes. Sin embargo, el endeudamiento será menor que en 2021 y 2022, porque Nicaragua está al borde de un peso deuda-ingreso que no es visto positivamente por las entidades prestamistas, situación que reducirá la inversión pública. Quedará en manos del régimen usar sus palancas políticas con el BCIE y las reservas internacionales que se han acumulado con sangre de la represión.
Tercero, los negocios formales no podrán contribuir más frente a la escasez de crédito y la penalización tributaria por la que han pasado desde 2018, situación que se reflejará en menor capacidad de pago de rentas. Dentro de esto es poco probable observar un aumento de la inversión extranjera, la cual ha disminuido su inversión de capital en el país por temor a la inseguridad jurídica. Cuarto, la tendencia inflacionaria global aumentará más los costos de importación, reduciendo el poder de compra con exportaciones. Esto no generará crecimiento en el país en 2023.
El régimen tendrá que recurrir a hacer uso de unos 300 a 500 millones de dólares de sus reservas internacionales para aumentar la tasa de crecimiento —si desea mantener una cuota mínima de clientelismo que ha usado para comprar lealtades. Esta medida no es bien vista por las organizaciones que prestan.
El modelo de Estado secuestrado no es sostenible
Nicaragua ya ha recurrido al Fondo Monetario Internacional para recibir un visto bueno de normalidad económica y así usar las credenciales del Fondo para obtener más préstamos. Sin embargo, la normalidad no existe en una dictadura, ya que su forma de gobernar altera el orden constitucional democrático y el Estado de derecho. También, como se observa, no hay beneficios al país.
Los términos de gobernanza del FMI exigen un crecimiento económico libre de corrupción, y de Estado secuestrado o capturado por fuerzas ajenas a la voluntad popular. Según el FMI, un Estado secuestrado es aquel en el que oficiales del Estado embarcan en robo, extorsión o intimidación del sector privado con el propósito de lograr su propio enriquecimiento, sus familias y sus asociados (término usualmente conocido como cleptocracia).
Nicaragua refleja la definición al pie de la letra de este tipo de regímenes. Pero lo más crudo es que la historia muestra que estos tipos de sistemas no son viables en el largo plazo; sin embargo, arrastran a la pobreza y la quiebra a sus ciudadanos, e incluso a quienes son parte del mismo círculo cleptocrático. La inteligencia de quienes asesoran al Gobierno ha de estar aconsejando el uso de reservas, el endeudamiento desesperado, mientras el secreto a voces es “sálvese quien pueda” porque saben que estos modelos no son viables para nadie —ni para la dinastía misma porque no tienen grandes redes de penetración comercial, solo política.
A los asesores y operadores les conviene recomendar un acomodamiento político en Nicaragua en el corto plazo que permita hacer a un lado la obsesión ciega por el control autoritario a cambio de mejorar la situación del país. Si bien los operadores son parte afectada por la cultura de miedo en la que se encuentran, tienen el reto de asumir el riesgo de rescatar su pellejo y el de otros. A ellos les conviene liberar la economía del Estado cleptocrático, liberar a los presos, y enrumbar Nicaragua en otra ruta más confiable para todos.
