23 de noviembre 2018
“Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección”
Artículo 27 de la Constitución
La Constitución nicaragüense, al igual que la mayoría de las leyes supremas del mundo, recoge el mismo principio que la Declaración Universal de los Derechos Humanos consignara en su artículo 7: la igualdad ante la ley, como garantía de la aspiración civilizada a vivir en sociedades igualitarias. Si antes del 18 de abril la igualdad de todos los nicaragüenses era una utopía pálida, después de entonces la violación descarada de esta igualdad ha creado una sociedad del embudo: lo ancho para el orteguismo, lo angosto para los demás.
Los regímenes autoritarios necesitan de la polarización de la sociedad como un atajo para imponer su dominación. La polarización es un paso más allá de la segmentación social por razones económicas, culturales y políticas. Las dictaduras profundizan la brecha política alimentándola con premios y castigos de forma descarada para que se entienda con claridad el mensaje de “plata para los amigos y plomo para los enemigos”. Así crean un orden dual en el que las libertades se garantizan según el grado de cercanía con el dictador, y en sentido inverso se restringen a medida que se muestra rechazo hacia la tiranía. A las dictaduras no les preocupan los matices ni las obligaciones derivadas de la exigencia de la igualdad ante la ley. Eso es para los débiles.
Antes del 18 de abril el orteguismo maquillaba la opresión con el discurso del consenso, incluso se llenaba la boca con la promesa de vivir bonito. Mostraba en la vitrina la alianza con el COSEP, que “si algo le daban comía contento”, y predicaba en el exterior sus logros no contrastados, como la supuesta disminución de la pobreza y el oasis de paz en el desierto de la inseguridad centroamericana. Las denuncias por las violaciones del Estado de derecho, los fraudes electorales, la corrupción, el expolio y la violencia política, eran cosas de los enemigos de la paz y el progreso, de cuatro gatos histéricos.
En cambio la rebelión social despojó de su careta al régimen y puso al descubierto las verdaderas expresiones de su dominación: la violencia, la impunidad y la exclusión. A partir de entonces se ha impuesto con nitidez esta sociedad eviscerada de sus ciudadanos, en la que una minoría goza de todos los derechos y las garantías, y una inmensa mayoría sobrevive en libertad condicional, con la certeza de que cualquier momento puede ser el último de sus vidas.
Todos los conceptos y principios del Estado moderno, la llamadas garantías jurídicas que en teoría deberían sacarnos del estado de la naturaleza para convivir como seres civilizados, se han convertido en ejes de la desigualdad, como un espejo de la disparidad que refleja dos partes: la que vive al amparo de la ley del más fuerte y la que sobrevive con la amenaza sobre sus cabezas.
El monopolio de la fuerza legítima del Estado ha sido privatizado. La seguridad ciudadana tiene un solo sentido, es seguridad hacia la parte que sale a las calles a mostrar su lealtad política al dictador sin temor a que algo pueda pasarle; en caso contrario la policía está allí para garantizar su seguridad. Para la otra parte hay más bien inseguridad, no importa dónde esté, qué esté haciendo ni qué esté pensando; se corre el peligro de ser atacado, secuestrado o capturado por una policía que ya perdió todas las formas y no disimula su actuar de matones al margen de la ley. Una parte segura; la otra sospechosa de oponerse a la dictadura. Unos duermen tranquilos bajo la garantía de la impunidad; otros cambian de casa todos los días o duermen con uno ojo abierto porque han sido declarados culpables a priori.
Las libertades en general (de expresión, de movilización, de organización, de conciencia, entre otras) sólo tienen validez para quienes se manifiestan en apoyo del tirano. Tienen permiso perpetuo de ocupar rotondas y avenidas, para usurpar tierras y fincas, para organizar hordas de asesinos y gritar cuanta infamia quieran por sus emisoras de radio y televisión. Para la parte estrecha del embudo no hay espacio ni oportunidades. Se trata de expulsarla de todo los espacios públicos posibles, incluso de los privados como las grandes superficies de los centros comerciales. La demostración de opiniones contrarias al fanatismo, como cantar el himno nacional y llevar la bandera azul y blanco, son pruebas contundentes de golpismo, y llorar a los muertos o exigir la libertad de los presos políticos son tratados como actos delictivos graves.
La desigualdad en el derecho a la organización resulta sangrante, en el sentido real de la palabra. Mientras que desde el Estado se promueve y financia la organización de grupos de paramilitares y de toma tierras, por el otro lado se desata una feroz represión contra el movimiento campesino como lo demuestra el encarcelamiento de seis de sus dirigentes y el exilio de la mayor parte hacia Costa Rica. También se persigue la autorganización de los jóvenes y de los estudiantes que, entre otras cosas, han dejado en evidencia lo que ya se sabía: que la Juventud Sandinista y UNEN no eran más que parroquias vacías de fieles, dispositivos de la maquinaria de corrupción y barbarie de la dictadura. ¿Y qué decir de las feministas? Declaradas las enemigas principales desde su regreso al poder, para el orteguismo las feministas con sus reivindicaciones libertarias representan la contradicción axiológica más demoledora frente la dominación autoritaria. El feminismo por su reclamo de la autonomía, que es el derecho al autogobierno y a tener plataformas y reglas propias, es la antítesis de la dictadura jerárquica y homogeneizadora.
En esta sociedad regida por la desigualdad ante la ley se han acabado las parcelas en las que se gobierne, administre y se gestione los asuntos de todos para todos por igual. Tantos años que el orteguismo ha pasado proclamando el bien común como un mantra para encubrir la apropiación privada de lo que era de todos -y a la vez de cada uno-, que han terminado enredados en la máxima fascista de Göbbels, creyéndose sus propias mentiras.
Es imposible que haya una sociedad libre si una de sus partes, sobre todo la mayoritaria, se encuentra sometida. Después de siete meses de lucha cotidiana; después de tantos muertos, heridos y presos de conciencia; después de miles de exiliados en todo el mundo, la dictadura, sorda, aislada y moribunda, sigue sin entender que la población se rebeló contra la desigualdad para restaurar un régimen político, la democracia, en que los derechos de cada uno valga, en particular el más sagrado de todos, el derecho a la vida.