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En Nicaragua hemos llegado al punto en que las familias tienen que pedir pruebas de vida para saber si sus presos políticos siguen vivos. Es una de las formas más crueles de control y de poder: obligar a una familia a confirmar que su hijo, su esposo o su padre todavía respira.
Pero mientras algunos exigen pruebas de vida, como sociedad estamos frente a otra prueba: una prueba ética.
Las imágenes recientes de Bayardo Arce, visiblemente deteriorado bajo control del régimen, han abierto un debate incómodo, pero necesario. No es un debate sobre simpatías políticas ni sobre su historia dentro del poder. Es un debate sobre algo mucho más profundo: el tipo de país que queremos construir.
La historia, la memoria y un futuro Estado de derecho tendrán que juzgar el papel de muchas personas en la construcción del autoritarismo en Nicaragua. Pero ese no es el debate hoy. El debate hoy es si creemos que hay vidas que valen menos que otras. Si creemos que la vida deja de importar cuando se trata del adversario político, entonces no estamos hablando de justicia; estamos hablando de otra cosa.
En una democracia, las personas responden ante tribunales. En las dictaduras, las personas desaparecen, se enferman en prisión, se deterioran bajo custodia del Estado o mueren lentamente. La justicia reclama procesos; la dictadura reclama cadáveres. Confundir esas dos cosas es uno de los errores políticos y éticos más peligrosos que podemos cometer como sociedad.
Lo que más preocupa no es la situación de una persona en particular, sino la reacción de parte de la sociedad y de sectores de oposición que consideran que no importa lo que le pase porque “fue parte del poder”. Ahí es donde una sociedad empieza a perder el norte. Cuando empezamos a decidir quién merece vivir y quién no, dejamos de hablar de democracia y empezamos a hablar de venganza. Y los países no se reconstruyen sobre la venganza, se reconstruyen sobre la justicia, la memoria y la verdad. Si el odio empieza a decidir quién tiene derecho a la vida, entonces la dictadura ya no solo controla el Estado, también empieza a ganar la batalla cultural dentro de la sociedad.
No podemos permitir que la dictadura y la violencia que hemos vivido nos arrebaten también la humanidad. Ver a cualquier persona deteriorarse, enfermar o morir bajo custodia del Estado no puede dejarnos indiferentes, independientemente de su historia política. Defender la vida no es renunciar a la resistencia; es, precisamente, lo que le da sentido a la resistencia.
Cada muerte, cada vida destruida, cada persona que se pierde en este conflicto es una herida colectiva, no importa de qué lado caiga. Y las sociedades que quieren salir de ciclos de violencia tienen que entender que la justicia es necesaria, pero la deshumanización solo profundiza las heridas que después tendremos que sanar como sociedad.
La prueba ética de una sociedad no es cómo trata a sus amigos, sino cómo trata a sus enemigos. Porque cuando los derechos humanos se vuelven selectivos, dejan de ser derechos y se convierten en privilegios. Y cuando los derechos se convierten en privilegios, dejan de ser justicia y pasan a ser simplemente poder.
Si no somos capaces de defender la vida incluso del adversario, entonces no estamos construyendo una Nicaragua distinta; solo estamos repitiendo la misma lógica que tanto daño nos ha hecho como país.
