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Las políticas antiinmigrantes agresivas han sido un sello distintivo del primer año de Donald Trump de regreso en la Casa Blanca, y todo indica que no cambiarán en 2026. Un número creciente de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lleva a cabo redadas y deportaciones, a menudo desafiando órdenes judiciales y deteniendo repetidamente a ciudadanos estadounidenses, mientras la administración cierra vías legales de inmigración, incluida la suspensión de todas las solicitudes de migrantes procedentes de 19 países. Ahora, otros países preocupados por la inmigración se preguntan si deberían seguir el ejemplo de Trump.
Pero ¿puede considerarse realmente exitosa la política migratoria de Trump? Dejando de lado los problemas legales derivados del desprecio del ICE por el debido proceso y las consecuencias económicas de las deportaciones masivas, la respuesta es un rotundo no.
La estrategia de Trump tiene dos ejes: expulsar al mayor número posible de inmigrantes y disuadir a nuevos migrantes de intentar ingresar. Cuanto más agresivas sean las tácticas empleadas para lograr el primer objetivo, más fácil será alcanzar el segundo. Una cosa es la posibilidad de ser deportado; otra muy distinta es el riesgo de ser enviado a una prisión tristemente célebre por su brutalidad en un país con el que no se tienen vínculos. Y mientras más deportaciones se llevan a cabo, más tangible se vuelve ese riesgo.
Para reforzar esa disuasión y, al mismo tiempo, complacer a su base MAGA (Make America Great Again), la administración Trump ha publicitado estruendosamente sus medidas antiinmigración. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hasta finales de octubre se había “removido” de Estados Unidos a 527 000 “extranjeros ilegales”. Hacia el final de ese período, las deportaciones promediaban 7500 por semana, algo más de 1000 diarias.
Esto queda muy por debajo de la promesa de Trump de un millón de deportaciones —unas 3.000 diarias— durante su primer año. Es probable que la administración Trump termine deportando en 2025 a menos personas que las 685 000 que deportó la administración de Joe Biden en 2024. Y eso, si se aceptan las cifras oficiales. (Muchas instituciones, entre ellas el American Immigration Council y el Migration Policy Institute, no están convencidas.) No sorprende, entonces, que el DHS haya intentado inflar su balance afirmando que 1.6 millones de personas abandonaron el país mediante una “autodeportación” voluntaria.
Si en Estados Unidos hay alrededor de 14 millones de inmigrantes indocumentados, como estiman algunos, se necesitarán décadas para deportarlos a todos al ritmo actual. Y ello suponiendo que terceros países sigan aceptándolos, algo que dista mucho de estar garantizado. La negativa o reticencia de muchos gobiernos —como Cuba, Haití y Venezuela— a recibir a sus propios nacionales es una de las razones clave por las que los deportados están siendo enviados a terceros países.
Esta proyección también supone que en los próximos años no ingresará ningún nuevo inmigrante sin autorización a Estados Unidos, una premisa absurda. Incluso ahora, los alardes de la administración Trump de que los “encuentros” diarios en la frontera con México han caído prácticamente a cero son dudosos. Antes de la ofensiva de Trump, esos “encuentros” involucraban principalmente a no mexicanos que se entregaban voluntariamente a las autoridades estadounidenses porque solicitaban asilo. Quienes no buscan asilo, incluidos la mayoría de los mexicanos, son mucho menos propensos a encontrarse con agentes fronterizos, a quienes evitan activamente. Esto no significa que hayan dejado de intentar llegar a Estados Unidos.
En cualquier caso, la administración Trump ha incrementado de manera significativa el número de trabajadores autorizados que ingresan al país, incluidos muchos procedentes de México, para paliar la escasez de mano de obra derivada de su operación de deportaciones. En 2024, Estados Unidos emitió unas 315 000 visas agrícolas H-2A, y se espera que el número de plazas certificadas se acerque a las 400 000 este año. Le guste o no admitirlo a Trump, los inmigrantes siguen siendo vitales para la economía estadounidense.
Todo esto es relevante para los países de América Latina, no solo como fuentes de migración, sino también como destinos. En Chile, el candidato presidencial de extrema derecha José Antonio Kast promete que, de ser elegido el 14 de diciembre, expulsará de inmediato a todos los extranjeros sin autorización en el país —y a muchos con autorización—, además de combatir el delito y dinamizar la economía. Pero, como señala su rival, la candidata de centroizquierda Jeannette Jara, ello sería inhumano, en muchos casos ilegal y, además, imposible de llevar a cabo.
Los 1.6 millones de migrantes en Chile, de los cuales alrededor del 18% son indocumentados, representan casi el 10% de la población del país. Si Estados Unidos apenas ha logrado deportar a 500 000 inmigrantes indocumentados en un año, pese a contar con una población más de 17 veces mayor que la de Chile y con recursos infinitamente superiores, no hay forma de que Kast pueda cumplir su promesa. Chile ni siquiera mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela, de donde procede casi el 42% de sus inmigrantes, y mantiene disputas frecuentes con Perú, otro país de origen clave, lo que hace poco probable que cualquiera de los dos reciba deportados desde Chile. Lo mismo ocurre probablemente con Haití.
La administración Trump no desea otra cosa que erigirse en modelo para el resto del mundo. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio —él mismo hijo de refugiados cubanos—, instruyó recientemente a los diplomáticos de Estados Unidos en Europa y otros lugares a “presionar a los gobiernos anfitriones para que restrinjan la mayoría de la inmigración e informen si dichos gobiernos parecen ser excesivamente favorables a los inmigrantes”. Y la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la administración culpa a las políticas migratorias europeas de “transformar el continente y generar tensiones”.
Pero el historial estadounidense en materia de deportaciones durante este año sugiere que, si bien denostar a los extranjeros puede resultar políticamente rentable, intentar deshacerse de ellos es tanto económicamente costoso como demostrablemente inútil.
*Este artículo se publicó originalmente en Project Syndicate
