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La nueva ola migratoria a Estados Unidos

Una crisis migratoria sin precedentes demanda una respuesta simétrica de política exterior

Foto: EFE | Confidencial

Manuel Orozco

8 de noviembre 2023

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La situación migratoria con la llegada de siete millones de personas desde 2020 a la frontera entre México y Estados Unidos, con siete mil personas a diario en 2023, clasifica como crisis.  La manifestación de esta migración sobre el entorno es tan fuerte que su contención escapa al control y la capacidad de manejo de expertos y autoridades en Estados Unidos. Esa dificultad en contener la movilidad se derrama sobre otros espacios, como el de ciudades que quedan saturadas de migrantes en sus centros de albergue, con sistemas de protección social presionados por falta de abasto, o con aumento de basura en las calles.  

La escala, composición, naturaleza y manejo de la migración se ubica por encima de los patrones históricos, con dinámicas sin precedentes y consecuencias drásticas. Las respuestas requieren de un tratamiento político, de cooperación, presión externa, e invertir recursos para lidiar con la situación actual para prevenir su continuidad.

Una ola sin precedente


La ola migratoria que alza vuelo desde fines de 2020 ya lleva tres años de duración y no va a parar.  Lo que parecía un proceso relacionado con la decisión familiar durante la pandemia de postergar la salida un año más, lleva ya más de dos años.

La frontera Sur de Estados Unidos vive nueva tendencia nunca vista desde 1990, y es que desde fines de 2020 se registra una cantidad gigantesca de migrantes en estatus irregular sumando siete millones de personas llegando a la frontera.  Mientras que en 2020 las llegadas diarias de migrantes ascendían a 1700, para 2023 estamos hablando de 7800 llegadas en cincuenta puestos fronterizos. Para un país de 330 millones de personas, estos migrantes pasan a representar del 0.4 por ciento anual de la población de Estados Unidos, a casi el uno por ciento en 2022 y 2023 respectivamente.

Además, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y República Dominicana están recibiendo más personas que se quedan y que pasan por estos países que captan más del 20 por ciento de todos los migrantes de la región.

Mientras tanto, Daniel Ortega convirtió al país en un puente oficial para la migración irregular entre Puerto Príncipe y Managua, y La Habana y Managua, de donde han llegado más de 100 000 personas o el tres por ciento de la migración de todo 2023.

Una composición heterogénea

Una de las razones de este éxodo de personas es porque la migración ya no es solo de mexicanos, o de centroamericanos del triángulo norte.  A estos se suman dos grupos más, los de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, países con Estados fallidos, o totalitarios, y otro grupo de países como Ecuador, Rusia, Ucrania, o Senegal, que pertenecen a países con fuertes problemas de estabilidad política. Estos representan la mitad de la migración.

Desde Centroamérica, entre el 1 y el 2 por ciento de su población ha emigrado anualmente a partir de 2018.

Por primera vez en la historia reciente uno de veinte migrantes es un menor de edad viajando solo en el trayecto del viaje, la mitad proviene de Guatemala: hay más chicos emigrando de Guatemala que el incremento anual de la matricula. 

También está el precedente de familias que van llegando a la frontera. Treinta y cinco por ciento de la migración son familias, y los que provienen del Triángulo Norte 50 por ciento de todos los migrantes son familias.

¿Por qué migra la gente?

Esta ola migratoria es compleja, no tiene una causa, económica o social, sino más bien es una combinación de factores que inciden tanto en el entorno local como en la decisión personal o familiar de irse. 

Pero el factor subyacente es político.  La migración de la mayoría de estos países, incluyendo México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití, Cuba, Venezuela, Ecuador, está vinculada con el deterioro de la estabilidad política, el irrespeto al Estado de derecho, y la violencia institucional contra los ciudadanos. 

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De una persona de cada cuatro hogares que quiere irse, un tercio de estos se termina yendo.  Lo económico es detonante, pero la polarización, represión e inestabilidad económica, generan desconfianza, desinterés y desmotivación, desembocando en la decisión de irse.

Aparte de la situación obvia de Venezuela, en México, El Salvador, Honduras y Nicaragua la migración ha crecido de manera gradual durante el periodo de estos Gobiernos.  En los últimos treinta años, nunca había salido más gente que durante el Gobierno de Bukele: la intención a migrar está directamente correlacionada con el temor a la concentración de poder del dictador salvadoreño. A pesar del populismo de Xiomara Castro, más hondureños se han ido en los últimos dos años que en períodos anteriores. La ola represiva de Ortega y Murillo generó la mayor ola migratoria de la historia de este país: más del 10% de la población se ha ido en menos de cinco años. Incluso bajo López Obrador, más gente se ha ido de México desde que ocurrió la transición democrática de 2000.

La gente vota con sus pies.

La necesidad de una respuesta política al problema migratorio

Estados Unidos ha intentado contener la migración con alivio temporal, promesas de ayuda al desarrollo, y restricciones de entrada, pero sin atacar a fondo las cusas del problema. Solo se enfocan en el manejo de la llegada y pasada de muchas personas y se quejan del sobrepeso. 

El problema es político y la respuesta de política exterior. El abordaje de esta crisis requiere diferenciar lo que ocurre en cada país, y defender los principios democráticos, las instituciones políticas y los derechos constitucionales que protegen a su gente, según los convenios internacionales.  

El tratamiento vinculante con la política exterior ante las aberraciones políticas es vital porque puede prevenir mayor radicalización y ataques inesperados contra el mundo democrático. Los excesos políticos de represión han sobrepasado toda medición estadística en Nicaragua. El temor, la desesperanza, el acomodamiento estoico son las manifestaciones frente al Estado represivo, solo queda migrar. 

Las dictaduras están instrumentalizando la migración como un arma de ataque a Estados Unidos.  Ortega ha expulsado más de 800 000 nicaragüenses desde 2018, con un efecto perverso toda vez que los migrantes envían dinero para apoyar la precaria situación de sus familias y terminan apoyando indirectamente al régimen: uno de cada cinco dólares de impuestos proviene de las remesas.

El régimen ha instrumentalizado la migración como arma de política exterior agrediendo a Estados Unidos con la facilitación del aeropuerto de Nicaragua como puente para que más de 100 000 migrantes irregulares se vayan en ruta a la frontera.  Ortega, de forma premeditada, calculada, y oportunista, ha facilitado que una de cada 20 personas voló a Nicaragua en ruta a Estados Unidos. Esa acción representa un acto de agresión. Nicaragua no solo presta el aeropuerto, también facilita taxis, hoteles, y otros servicios para agilizar la llegada hacia Estados Unidos. Ortega se ha lucrado de la miseria de los más vulnerables.  Aunque la mayoría de los que llegan son migrantes haitianos y cubanos, hay personas de países llamados extracontinentales que ingresan a Estados Unidos sin llenar el más mínimo escrutinio de seguridad. 

La respuesta a la crisis se debe enfocar en tres cosas.  

Priorizar las condiciones humanitarias de los migrantes, y mejorar la gestión de sus casos de asilo y refugio. Segundo, atacar las causas originales de la migración como una cuestión de política exterior, denunciar y responsabilizar a los países que la causan y apoyar mediante la cooperación para mitigar su continuidad. Y tercero, establecer una estrategia multilateral de desarrollo y democratización para compartir la responsabilidad entre todos los países que generan migración y reciben migrantes. 

Al contrario de lo que los populistas dicen, que las sanciones causan migración, el principal responsable son las dictaduras, el populismo y la represión.

Por eso, la respuesta es política.

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Manuel Orozco

Manuel Orozco

Politólogo nicaragüense. Director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano. Tiene una maestría en Administración Pública y Estudios Latinoamericanos, y es licenciado en Relaciones Internacionales. También, es miembro principal del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, presidente de Centroamérica y el Caribe en el Instituto del Servicio Exterior de EE. UU. e investigador principal del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional en la Universidad de Georgetown.

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