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La ley 1258 o de territorio fronterizo aprobada el pasado 5 de agosto, entre todos sus efectos, es un zarpazo al régimen municipal nicaragüense, tomando en cuenta que al crear una franja de 15 kilómetros de propiedad estatal antes de la línea limítrofe con los países vecinos, ha cercenado uno de los tres elementos del municipio. Es una nueva estocada contra el régimen municipal.
Por régimen municipal se entiende el conjunto de normas e instituciones que regulan la organización y funcionamiento de los municipios como entidades de la organización político-administrativa de cada país. En Nicaragua este universo jurídico hasta hace un año alcanzaba no menos de 50 leyes y decretos, hasta la derogación de la autonomía municipal por la Constitución chamuka. Desde entonces hay un amplio vacío en el orden municipal con leyes viviendo en el mundo de las ánimas, que no están muertas oficialmente pero tampoco están vigentes por cuanto la autonomía era condición necesaria para su aplicación.
Una de esas leyes zombis es la ley de Municipios. Ni más ni menos. Esta ley estipula que el municipio consta de tres elementos: población, autoridades y territorio. De estos, la reforma chamuka ya había degradado a las autoridades a simples administradores cuando derogó la autonomía municipal, y con ello eliminó su capacidad de tomar decisiones para dirigir el territorio. Es decir, su capacidad de gobernar.
Ahora esta nueva ley de fronteras viene a mutilar el territorio. Es decir, solo quedará en pie la variable población como huella de lo que eran los municipios hace menos de un año, en particular los municipios fronterizos directamente afectados. Como es lógico suponer, sin dos de sus tres elementos, el municipio no es que quede cojo, es que simplemente deja de existir. De allí que se puede afirmar que este nuevo adefesio de la dictadura hace retroceder al municipio al siglo IX, cuando se calcula que se creó en la península ibérica esta figura de autogobierno local de la cual somos herederos.
¿Por qué es tan importante esta mutilación de la variable territorial? Porque el territorio es mucho más que un espacio físico. Cuando se habla de territorio también se habla del lugar donde una familia decide asentarse para vivir, reproducirse y producir los bienes necesarios para sobrevivir y, por qué no, para acumular riquezas que luego legarán a sus descendientes. Es una dimensión económica. También es una dimensión social mediante la cual establece relaciones con otras familias para formar comunidades; y es cultural porque el territorio interviene en la construcción de la identidad de quienes lo habitan. Por tanto, también es una dimensión ambiental por la relación que la población establece con los recursos naturales que les rodean. Y por supuesto que también es la dimensión política donde cada persona construye sus nociones del poder y se construye a sí mismo como actor político.
Tan importante es el territorio que, aunque el criterio primordial para la creación de un nuevo municipio siga siendo la población, no se concibe que haya población sin territorio. De hecho, la condición de habitantes se refiere a la relación temporal o permanente de las personas que habitan un territorio determinado. Después vinieron las leyes y las autoridades para normar las relaciones entre las personas y entre estas y el territorio.
Pero las consecuencias de la Ley 1258 van aún más lejos del plano teórico. En lo práctico, cercena al menos 18,465 km2 del territorio nacional. Más o menos el 14% del país. Esta superficie la dará un mordisco enorme a 27 municipios fronterizos, con todo lo que haya dentro de sus territorios: tierras, fincas, cultivos, bosques, ganado, empresas y pueblos enteros cuyas casas ya no serán propiedad de sus habitantes.
Para verlo más claro, tomemos como ejemplo el municipio fronterizo con Dipilto, el más pequeño del departamento de Nueva Segovia en la parte norte de Nicaragua. Este municipio tiene una superficie de 106,9 km2, con un largo de este a oeste de aproximadamente 9,8 km de frontera con Honduras y un ancho de norte a sur de aproximadamente 11 km. Según la Ley 1258 la franja denominada de territorio fronterizo en Dipilto será 147 km2. En otras palabras, el municipio será absorbido con todo su contenido, que pasará de inmediato a ser propiedad del Estado. Es decir, que las más de 3,000 parcelas del municipio registradas catastralmente serán confiscadas por el gobierno central: casas, fincas, cooperativas, haciendas cafetaleras, empresas, ganado, etc. Dicho llanamente, en Dipilto será abolida la propiedad privada de los bienes inmuebles urbanos y rurales.
A la vez, ocurrirán dos rebotes no menores: la alcaldesa finalmente será degradada a mandadora de esta enorme hacienda y el país pasará de tener 153 a 152 municipios. Pero también hay más secuelas para otros municipios:
- Al absorber estos 18, 465 km2, el gobierno central hará retroceder a las poblaciones que vivan allí a la época anterior a la creación de los municipios, sin autoridades intermedias ni derechos sobre sus anteriores terrenos y bienes.
- Los ingresos de los municipios cercenados sufrirán una merma importante y con ello sus finanzas locales, por cuanto dejarán de percibir los impuestos como el IBI, las tasas por servicio (registro de hierros, cartas de venta y de traslado de ganado) y por aprovechamiento, y otros tributos que pagaban los dueños de las tierras confiscadas. Como es sabido, en la estructura ingresos tributarios los impuestos por bienes inmuebles (IBI) tienen un peso significativo en los presupuestos municipales. Son las más caros de recaudar, pero también los que más rinden.
- Con el cambio de titularidad, los bancos experimentarán serias pérdidas porque no podrán cobrar los créditos que hubiesen concedido. A menos que decidan cobrarle al nuevo propietario: el Estado.
- Por último y no menos importante, la derogación de la anterior ley 749 de fronteras de 2010, borró todo lo relativo al papel de los municipios en la gestión de los territorios fronterizos.
La ley 1258 es una muestra más de la chapucería de la dictadura. El mismo gobierno -y sus diputados lacayos- que aprobó la 749 en 2010, 15 años después la deroga de forma tan burda. Demuestra que no tiene un proyecto de país, que por eso legisla al menudeo, poniendo parches según se le ocurren nuevas concesiones y negocios a sus socios nacionales e internacionales. De otra manera resulta inconcebible que un régimen absolutista, a pocos meses de haber aprobado una constitución a la medida de sus caprichos, hoy se dedique a hacer remiendos sobre asuntos que alteran temas tan sensibles como la delimitación de las zonas fronterizas y la propiedad de las personas.
Como lo han expresado otros colegas, si el país no se ve amenazado por agresiones externas ni por conjuras internacionales contra su soberanía, los motivos para dictar esta nueva ley de fronteras hay que buscarlos en el entreguismo, en nuevas concesiones territoriales a potencias imperialistas a cambio del enriquecimiento de la familia dictatorial y de protección geopolítica. No les importa que el precio sea la demolición del régimen municipal ni la confiscación descomunal de miles de personas.
