19 de febrero 2024
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Dadas las complejidades a las que ha estado expuesta y enfrentada la sociedad moderna en América Latina y el Caribe, los principales temas a considerar sobre migración y remesas están conectados con las tendencias existentes que han ocurrido desde 2019. Los nicaragüenses estarán expuestos a una situación de vulnerabilidad, condición que afectará su capacidad de movilidad social, e incluso de envío de dinero.
Las complejidades migratorias hacia Estados Unidos
Los patrones migratorios continúan siendo parecidos al período comprendido entre 2018 y 2023 y están impulsados predominantemente por condiciones políticas, desempeño económico; y factores subsidiarios, como los desastres naturales o una crisis aguda. Los vínculos transnacionales y la demanda de mano de obra extranjera también son consideraciones importantes que han incidido sobre la migración, pero han desempeñado un papel intermedio.
La migración internacional a Estados Unidos se parecerá a las de períodos recientes, que alcanzaron 3 millones de personas anualmente, entre 2021 y 2023. Hay que considerar los factores que incidirán sobre esto.
Primero, las olas migratorias que han dado forma a la movilidad en los últimos cinco años están vinculadas en gran medida a la dinámica política de los países expulsores. La migración desde El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Cuba, Haití, Ecuador y Venezuela capta el 80% de toda la migración hacia la frontera de Estados Unidos y México. Estos son países en donde la corrupción, el Estado de derecho, el populismo, el crimen organizado, la ausencia de democracia, y la fragilidad del Estado en toda forma provocan la migración.
La intención de migrar abarca en promedio al 25% de los hogares, lo que significa que es poco probable que se produzca una caída en la migración en estas circunstancias porque el apetito por irse es bastante pronunciado, y las condiciones políticas en ninguno de estos países ha mejorado.
Segundo, es poco probable que las medidas del Gobierno de Biden para frenar la migración logren reducir su flujo. Las opciones que tiene la Administración incluyen el cierre de fronteras a discreción de Homeland Security si las llegadas exceden más de 4000 entradas diarias, la reinstauración de los Protocolos de Protección a Migrantes, suspender el parole humanitario y establecer un proceso de asilo más rápido. Si estas medidas se establecieran en conjunto, no queda claro si esto tuviera un efecto disuasor sobre la gente que vaya saliendo de sus países, especialmente de esas nacionalidades.
Tercero, las modalidades de migración no son despreciables y reflejan la complejidad de un fenómeno que va más allá de un proceso tradicional de salida de personas. Por ejemplo, 5% de los migrantes son menores no acompañados; 35% de quienes llegan a la frontera, lo hacen en grupos familiares. Además, hay una dispersión de nacionalidades que están usando diferentes mecanismos para llegar a la frontera. Nicaragua por ejemplo ha prestado el país como un puente directo de migración hacia Estados Unidos. Lo hizo inicialmente facilitando la llegada de cubanos, después facilitó vuelos charter a más de 140 000 pasajeros, y más recientemente ha facilitado una ruta que proviene de Europa a San Salvador, pasando por aire a Managua, para de ahí ser transportados por tierra a territorio hondureño.
Finalmente, el debate político tiende a gravitar entre el alivio humanitario en materia de asilo o el cierre de fronteras. Sin embargo, el meollo del problema está relacionado con la política exterior de Estados Unidos hacia esos países. A pesar de que la migración se está originando en países políticamente difíciles y hasta adversarios a Estados Unidos, con gente que no quiere quedarse en esos lugares, la administración Biden ha hecho muy poco para lidiar con la situación interna de estos países y parar la migración abordando sus causas. Por ejemplo, decidió no dar cumplimiento a la Ley Renacer en Nicaragua; no confrontar las violaciones de derechos humanos y abusos de autoridad de Nayib Bukele en El Salvador, a pesar de que de ese país ha salido más gente que en otro momento de la historia reciente. Tampoco asumió golpear la mesa sobre Venezuela, dejando en manos de transnacionales las negociaciones de un intercambio de prisioneros por alivio de sanciones. En relación con Haití no ha asumido un rol proactivo en prevenir la debacle que está afectando a los haitianos y al país vecino República Dominicana. La realidad es que Estados Unidos sabe que cuando actúa, previene los deterioros, y este es el caso de Guatemala, cuya presión garantizó la transición democrática y el apoyo popular hacia el presidente Bernardo Arévalo.
Una de las paradojas sobre el tema migratorio en un año electoral, es el hecho de que ninguno de los contendientes quiere abordar la política exterior a pesar que este tema ocupa una segunda y tercera posición en la agenda electoral. En el mejor de los casos con medidas drásticas se lograría reducir la migración a la mitad. Lo más probable es que podamos ver dos millones de personas llegando a la frontera.
Las consecuencias para Nicaragua de la tendencia migratoria
La situación migratoria nicaragüense está complicada toda vez que la continuidad represiva y falta de mejora económica persiste, y mantiene una fuerte intención a emigrar por encima de la mitad de la población. Esa posibilidad de salir de Nicaragua se encuentra amenazada por el contexto político en Estados Unidos en al menos tres aspectos. El cierre de fronteras ante un alto volumen, la posibilidad de eliminar el parole, y restricciones en aprobación de asilo político acompañado de deportaciones. Entonces, los nicaragüenses se encuentran entre la espada y la pared.
Por un lado, la posibilidad de un cierre de fronteras de ocurrir en abril en adelante (al llegar a 4000 llegadas diarias), afectaría a los nicaragüenses de manera tal que si la expectativa migratoria en 2024 era similar a 2023, al menos una mitad no podría presentarse y entrar. La otra realidad complicada es que la presión interna en Estados Unidos de eliminar el parole humanitario aumentará más a medida que se acerque el proceso electoral de noviembre 2024 y pueda que el presidente suspenda el programa a mediados de año. Hasta enero 2024, el número de personas bajo parole oscila en los 60 000. Estas personas ya han empezado el proceso de solicitud de asilo. Un proceso más expedito este año pondría en riesgo a un mayor número de personas a ser deportadas ya que las tasas de adjudicación andan por el 30% de las solicitudes: muchas solicitudes quedan en limbo, y otro 30% es denegado.
La situación se volverá más complicada si Donald Trump gana las elecciones y cumple con su promesa de cerrar la frontera y deportar inmigrantes. Aunque el proceso de deportación es muy lento y engorroso, la realidad es que el número de nicaragüenses en estatus irregular es muy alto. Al país han entrado más de 400 000 personas desde la crisis política, provocando en gran parte el crecimiento de las remesas. Sin embargo, de estas personas menos de 70 000 tienen solicitudes de asilo, condición que los pone en una situación muy vulnerable, especialmente después de enero 2025.
Gane quien gane, la condición de vulnerabilidad expondrá a los nicaragüenses en una situación difícil ya que, de no existir un tipo de legalización, su estatus irregular afectará sus ingresos e incluso la capacidad de envío de dinero. A nivel legislativo las opciones de una regularización son mínimas, aun para aquellos que hayan recibido parole.
El efecto en el envío de dinero se sentirá en Nicaragua a fines de 2024 cuando se observe la reducción migratoria. La proyección actual calculando solo un crecimiento en el envío de dinero por migración muestra un 7%, y de disminuir la capacidad de ingreso, los migrantes tendrán que reducir su cantidad enviada.
Las consecuencias para los nicaragüenses son negativas. Los nicas afuera, en Estados Unidos, están haciendo vida, aun en medio de su vulnerabilidad, pero no quieren lidiar con el trauma de haber vivido en miedo, corrupción y pobreza. Los nicas adentro, quieren irse a Estados Unidos para no lidiar con el miedo, corrupción y pobreza.
Nuevamente recae sobre Estados Unidos asumir un rol más proactivo sobre Nicaragua, un rol que incluya la presión material de las sanciones, pero también señalizar al régimen la conveniencia de salir del estado dictatorial y suspender el estado policial.
